Llamamiento vecinal en La Ribera para sacar a jóvenes de la “cola y del hambre”
El barrio de la Ribera de Barcelona vive enfrentado por la presencia de jóvenes migrantes sin familia en España y, por ello, tutelados o ex tutelados por la Generalitat. El vecindario, y también algunos los comerciantes, critica los problemas –hurtos e intimidaciones– que causan los cerca de 40 jóvenes tutelados y ex tutelados que merodean el Pou de la Figuera. A su vez, algunos vecinos quieren brindarles su apoyo y darles una “salida comunitaria”.
Una veintena de vecinos del barrio, los mismos que ya han elaborado comidas populares (“cuscús solidarios”, los llaman) o rutas entre comercios para pedir que se deje de vender cola o disolvente a los chicos, han presentado este miércoles la Plataforma por los Derechos de los Menores y Jóvenes Migrantes, un espacio de reflexión y debate para vecinos del barrio que transforme la imagen que se tiene de los jóvenes migrantes y que permita –comenta Lamia, que forman parte de la plataforma– sacarles de la “cola y del hambre”. Entre los chicos, una minoría –sólo 5 o 6, según fuentes cercanas a los jóvenes– serían adictos a la cola o el disolvente.
La plataforma, en declaraciones a este medio, critica la estereotipación de los migrantes del barrio por parte de la prensa y los responsables públicos, poniendo como ejemplo una información surgida este mismo miércoles. “Un joven fue apuñalado este martes en el barrio. Automáticamente, por ser joven y migrante se le emparentó con la delincuencia y con el consumo de cola”, ha criticado uno de los miembros plataforma, que prefiere no dar su nombre por el ambiente de tensión que vive el barrio respecto a los chicos que consumen cola o disolvente.
De ahora en adelante, la Plataforma por los Derechos de los Menores y Jóvenes Migrantes abre un espacio de reflexión quincenal para que los vecinos propongan acciones o talleres que puedan involucrar a los jóvenes. El objetivo pasa, según declaran, por dar una “respuesta desde la comunidad a un problema de la comunidad”, más allá de la intervención institucional que reciben por parte de los servicios sociales los menores –tutelados en este caso por la Generalitat– y los jóvenes de más de 18 años.
La plataforma, a su vez, explica que no desoye las quejas del resto de vecinos de la zona que se sienten más damnificados por la conducta de los chicos. Precisamente por eso, invitan “a todo el mundo” –lo que ellos entienden por una “respuesta comunitaria”– a ser partícipe de los espacios de reflexión que se generen de ahora en adelanto en torno al Pou de la Figuera (Forat de la Vergonya, conocido popularmente).
La presencia policial en el barrio, a debate
“Están por todas partes identificando a los menores, todo el día sin parar. Y nos damos cuenta de que identifican a nuestros hijos o vecinos jóvenes, sólo por el aspecto físico o por su color de piel”, dicta el comunicado de la plataforma presentada este miércoles. Miembros de la misma plataforma apuntan que este tipo de operativos de la policía hace más de un mes que funcionan en la zona.
Los “cacheos indiscriminados” –como algunos educadores de la zona llaman a las prácticas de la policía para disuadir a los jóvenes– afectarían a cada vez más vecinos del barrio, según algunos residentes. Por ese motivo, la plataforma pide que se detenga el “abuso” policial en la zona.
No comparten el relato todos los vecinos y comerciantes, que aquejan robos e intimidaciones por parte de algunos menores, por lo que piden más presencia policial. “Si robas y nadie te penaliza, sigues haciéndolo”, cita una trabajadora de una tienda cercana al Pou de la Figuera. “Hay gente que tiene problemas de adicción y otros no, pero nosotros no somos las personas para ayudarlos. Aquí hay mucha más gente que los chicos y tenemos que poder pasear tranquilos por la calle”, acompaña la trabajadora, que pide “más ayuda a las administraciones”.
El Ayuntamiento de Barcelona reconoce el operativo de la policía pero asegura que trabaja en más direcciones políticas para solventar el problema. El consistorio pretende poner en marcha próximamente –todavía sin calendario concreto– un nuevo equipamiento dirigido a acoger jóvenes de entre 18 y 25 años que se encuentran en la ciudad “viviendo en la calle” o en “situaciones de exclusión social grave”. El centro dispondría de 20 plazas. El espacio estará destinado, cita el Ayuntamiento, a acoger a jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad, con al consecuente pérdida de ayudas de la administración para menores.
