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El fiscal pide 21 años de cárcel para los líderes del grupo 'pilla-pilla' por amenazar y humillar a homosexuales

Los Mossos desarticularon "proyecto pilla-pilla" en diciembre de 2013

Oriol Solé Altimira

La Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona solicita la pena máxima para los cabecillas de una banda dedicada a la amenaza y la humillación de homosexuales. En su escrito de acusación, el fiscal reclama 21 años de cárcel para el líder del grupo autodenominado 'pilla-pilla', y para su principal colaborador por tres delitos contra la integridad moral y dos contra la intimidad, así como condenas de quince, seis y dos años para los otros cuatro acusados, uno de ellos menor de edad en el momento de los hechos.

Mykola, el líder del grupo, creó en noviembre de 2013, el “proyecto pilla-pilla”, que era una imitación del grupo ruso denominado “Occupy Pedofilya”, de clara ideología neonazi que, con el pretexto aparente de identificar y neutralizar a pederastas, buscaba perseguir, humillar y vejar a homosexuales, y difundirlo través de vídeos en sus perfiles en la redes sociales, que contaban con miles de seguidores ultraderechistas.

El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, describe al menos tres ataques acreditados del grupo a gays en la localidad barcelonesa de Granollers, todos ellos con el único objetivo de “atemorizar, humillar y represaliar” a hombres homosexuales valiéndose de la “notable desproporción” de su fuerza numérica: eran diez contra uno, como mínimo.

Tras engañarla a través de las redes sociales, el grupo quedaba con la víctima, a la que rodeaba por sorpresa para que no huyera, la retenía y la filmaba mientras la sometía a un interrogatorio humillante, que finalizaba con la coacción a la víctima para que dijera frente a la cámara que era un “pederastas abusador de niños”.

Asimismo, el grupo 'pilla-pilla' también filmaba a las víctimas con preguntas vejatorias sobre su condición sexual y familiar y les obligaba a facilitar ante las cámaras su nombre completo y DNI para poder irse del lugar, además de obligarlas a reconocer públicamente su homosexualidad.

Los vídeos llegaban después al entorno de las víctimas, que de esta forma pudieron descubrir su orientación sexual, conocer sus fantasías sexuales y la falsa acusación de que eran abusadores de niños, generando todo ello un daño “irreparable” en su honor y en su dignidad, debido al “escarnio público” que suponía que, sin haber cometido ninguna ilegalidad, se les asociara con la pederastia.

El fiscal destaca además que los tres ataques causaron un “estado de alarma social” entre el colectivo homosexual, que temió por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva. Por todo ello, además de las penas de cárcel, el fiscal reclama indemnizaciones por valor de 31.000 euros euros para cada una de las tres víctimas y le prohibición de acercarse a un kilómetro.

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