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CATALUNYA

La caída del ‘sector negocios’ de Convergència

El juez Pablo Ruz pone al descubierto más figuras históricas de la política catalana con cuentas bancarias en Suiza y Andorra

Las tres figuras más relevantes de los gobiernos del pujolismo –Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra– están imputadas judicialmente

La silueta del expresident Jordi Pujol ante una ventana / EDU BAYER

La silueta del expresident Jordi Pujol ante una ventana / EDU BAYER

Si se miran con perspectiva histórica, los 23 años de gobiernos de Jordi Pujol son un rosario de escándalos de corrupción protagonizados por sus consejeros y hombres de confianza, en el ejercicio del cargo o después de dejar la política, que hasta ahora se habían cerrado sin muchas consecuencias: sólo dos consejeros del pujolismo optaron por dimitir, Josep Maria Cullell y su sucesor Jaume Roma, y tan sólo uno fue condenado a prisión, el difunto Jordi Planasdemunt, en la década de los noventa por la estafa de la sociedad de gestión de patrimonios BFP, sin tener en cuenta los 42 días de prisión preventiva que Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, los más insignes representantes del sector negocios de Convergencia, se pasaron en los centros penitenciarios de Soto del Real y Brians cuando fueron detenidos por el caso Pretoria.

Casi doce años después de abandonar el palacio de la Generalitat por la puerta grande, sin haber sufrido ninguna derrota electoral, Jordi Pujol está imputado por haber ocultado la fortuna familiar en paraísos fiscales, lo mismo que han hecho dos de sus hombres de máxima confianza: Macià Alavedra, que fue sucesivamente consejero de Gobernación, de Industria y de Economía; y Lluís Prenafeta, secretario de Presidencia, por los que la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir 6 años y 10 meses de prisión por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias a raíz del caso Pretoria.

Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta son, precisamente, las figuras políticas más relevantes de los gobiernos del pujolismo y, en su caída, que se ha producido tiempo después de abandonar el primer plano de la política, han arrastrado familiares y ensuciado para siempre sus biografías personales y la imagen de una larga etapa de la política catalana: el pujolismo, visto en otros tiempos como un apacible "oasis catalán", a ojos de la opinión pública se identifica ahora con corrupción.

Convergentes al descubierto

El juez Pablo Ruz, instructor del caso Pretoria y también del caso del primogénito del presidente Pujol, está dejando muchos protagonistas del pujolismo con el culo al aire. En un informe de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario de Pretoria, se señala que Lluís Prenafeta tenía una cuenta en una oficina de la banca Rothschild de la ciudad de Lugano (Suiza) desde la que efectuó pagos a tres históricos políticos catalanes: Joan Hortalà, actual presidente de la Bolsa de Barcelona y exconsejero de Industria de la Generalitat (1984-1987) -en aquel entonces era dirigente de ERC, pero luego formó parte de la ejecutiva de Convergència-; Francesc Sanuy, exconsejero de Comercio y Turismo (1980-1985) y Francesc Martí Jusmet, delegado del gobierno socialista de Felipe González en Cataluña (1982-1993) que, al dejar la política, se dedicó a los negocios en compañía de Jordi Pujol Ferrusola.

Según el informe de la Agencia Tributaria filtrado hace unos días por el diario La Vanguardia, Joan Hortalà recibió dinero de Prenafeta en una cuenta a su nombre y al de su esposa, Maria Àngels Vallvé, presidenta de la sociedad de bolsa GVC y hermana del exconsejero y exeurodiputado convergente Joan Vallvé, abierta en una oficina de la Unión de Bancos Suizos (UBS) de Ginebra.

El exconseller Francesc Sanuy, que fue quien colocó Artur Mas en la Generalitat cuando sólo tenía 25 años porque era amigo de su padre, supuestamente recibió el pago de Prenafeta en una cuenta de la antigua Banca Reig de Andorra (actual Andbank), al igual que Francesc Martí Jusmet, al que también le ingresaron en una cuenta de esta misma entidad andorrana. Ni Hortalà, ni Sanuy ni Martí Jusmet están imputados y ni siquiera han sido citados a declarar durante la instrucción del sumario.

"¿Quién no tiene una cuenta en Suiza?"

Tener cuentas en paraísos fiscales parece un hecho más habitual de lo que se podía imaginar en el entorno pujolista: Prenafeta, Alavedra, Hortalà, Sanuy o la familia del expresidente Jordi Pujol han aparecido en las páginas de la prensa por este motivo, incluso el padre del presidente Artur Mas abrió una en Liechtenstein, que regularizó antes de morir. "¿Quién no tiene una cuenta en Suiza?", se preguntaba el exjuez corrupto Lluís Pascual Estevill en su biografía autorizada Seréis como dioses (Espasa, 2001), escrita por el periodista Oriol Malló.

Pascual Estevill quitaba importancia a que se le descubriera una cuenta en Suiza porque sabía que no era el único que escondía dinero en paraísos fiscales. El exjuez extorsionaba empresarios, que pagaban grandes sumas para evitar la cárcel, con la colaboración del abogado Juan Piqué Vidal, que fue el defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Ambos se pasaron una temporada en la cárcel, pero ahora disfrutan de una jubilación dorada.

Curiosamente, Estevill fue impecable con el exconseller Jordi Planasdemunt, amigo íntimo de Macià Alavedra, pero después se entendió de maravilla cuando este último llegó a la Consejería de Economía de la Generalidad. Alavedra reconoció en un tribunal que en 1993 se había reunido en una cena en su domicilio particular con Pascual Estevill, Piqué Vidal y José María Amusátegui, entonces presidente del Banco Central Hispano Americano, precisamente cuando varios ejecutivos de compañías vinculadas a este banco se encontraban en situación de prisión provisional por orden del mismo Pascual Estevill.

Alavedra intermedió ante el juez. Un año después, Pascual Estevill entraba en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el gobierno de los jueces, a propuesta de CiU. Acabó dimitiendo cuando estalló el escándalo de los sobornos judiciales.

De Pascual Estevill a Mercè Pigem

Pascual Estevill no ha sido el único miembro del gobierno de los jueces nombrado a propuesta de CiU que ha sido relacionado con dinero en el extranjero y con los imputados del caso Pretoria: el pasado noviembre, dimitió la convergente Mercè Pigem cuando trascendió que la habían pillado en el paso fronterizo de la Farga de Moles con 9.500 euros en efectivo encima, lo que no constituye ninguna ilegalidad, porque no supera el tope de 10.000 euros, pero da mala imagen.

Pigem se vio obligada a renunciar por llevar demasiado dinero al salir de Andorra y ningún dirigente convergente se atrevió a interceder por ella. Su antecesor en el cargo, el convergente Ramon Camp, siempre mantuvo el contacto, incluso cuando era miembro de la cúpula judicial, con Luis Andrés García, Luigi, ex diputado socialista, considerado por los investigadores como el cerebro de la trama de Pretoria, tal como consta en la agenda que le confiscó la Guardia Civil.

La sociovergencia más turbia

El caso Pretoria pone en evidencia una peculiar sociovergencia en una trama de turbios negocios urbanísticos -entre los principales imputados hay dos exconvergentes, Alavedra y Prenafeta, y también exsocialistas como Luigi García o el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz- y la existencia de un montón de cuentas en el extranjero en las que escondían las ganancias.

Según las pesquisas ordenadas por el juez Pablo Ruz, Prenafeta ocultó a Hacienda entre los años 2000 y 2009 cerca de 15 millones de euros, sólo una pequeña parte de los cuales procedía de operaciones urbanísticas en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres investigadas en el caso Pretoria. Según las investigaciones, el grueso de ese dinero provenía de grandes corporaciones como Siemens, 8,6 millones de euros, o Alstom, 4,6 millones, que ingresó en los años 2000 y 2001 en la cuenta que el exsecretario de Presidencia de la Generalidad tenía en Suiza. Supuestamente, era el pago por una intermediación en una operación de construcción de centrales eléctricas.

Inversiones de la alta sociedad catalana

Los ingresos detectados de Macià Alavedra en el extranjero desde el año 2000 ascienden a cerca de 6 millones de euros. Otra gran corporación, en este caso Gas Natural, le pagó cerca de 2,7 millones en 2007 por la intermediación en la construcción de una central en Angola. Antes de su detención en 2009 por orden del entonces juez Baltasar Garzón, el primer instructor del caso Pretoria, Alavedra era un influyente hombre de negocios como lo demuestra el hecho que presidia Webline Invest, una sociedad de inversión en el consejo de administración de la cual estaban, personalmente o a través de otras corporaciones, empresarios como José Manuel Lara (Planeta), Javier Ferrero (Nutrexpa), Albert Costafreda (excopropietari de Panrico), Rafael Español (expresidente de la Seda), José Luis Díaz Varela (Indukern), Antoni Vila Casas... y Fèlix Millet, el expoliador del Palau de la Música, que figuraba en representación de Agrupació Mútua. Webline Invest en estos momentos está extinguida.

Salpicados por múltiples escándalos

Antes de su detención, tanto Alavedra como Prenafeta habían sido salpicados por múltiples escándalos, pero, hasta ese momento, parecían imbatibles. Alavedra ya fue uno de los protagonistas de las triquiñuelas de la Comisión de Ayuda para la Reconversión industrial de Cataluña (CARIC), un organismo de la Generalidad antecesor del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que avaló créditos a empresarios del entorno convergente que no se recuperaron nunca. Una parte de los cuales, supuestamente se desvió a terceros, incluso a una eventual "financiación política", tal como apuntaba la instrucción judicial.

Sin embargo, en 1992, el entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, desestimó emprender acciones legales a pesar de reconocer que olía un cierto "aroma de corrupción".

Lluís Prenafeta dimitió como secretario general de Presidencia el 31 de marzo de 1990 después de que su nombre apareciera relacionado con varias tramas corruptas. Poco antes, la Fiscalía de Barcelona había iniciado una investigación por presuntas incompatibilidades entre su actividad pública y la empresarial. El sindicato CGT y un grupo de abogados le acusaron de aprovecharse de ser el brazo derecho de Jordi Pujol en la Generalitat por intereses personales en la concesión de servicios y equipamientos. El juez archivó el caso, pero, ¿quién era ese juez?: Lluís Pascual Estevill.

Años después, en 1996, Prenafeta era imputado por el supuesto desvío fraudulento de 30.000 millones de pesetas de la constructora Huarte, pero las diligencias también se archivaron. La suerte se le acabó en 2009 cuando Baltasar Garzón metió la nariz en las tramas de Pretoria.

Fuentes convergentes aseguran que no temen el posible desgaste político por el caso Pretoria porque estalló hace más de cinco años, momento en que se suspendió de militancia a Prenafeta y Alavedra y nunca más han vuelto a hacer acto de presencia en los actos públicos del partido. En cambio, en Convergència temen las consecuencias del caso Pujol por lo que respecta al expresidente y a Oriol Pujol Ferrusola, que comenzó esta legislatura como secretario general de CDC y presidente del grupo parlamentario de CiU en la Cámara catalana. Por cierto, a la pregunta de si el expresidente Pujol y hijo Oriol continuaban como militantes del partido a pesar de estar imputados, estas fuentes no sabían qué responder.

El único miembro de la familia que se ha dado de baja de Convergència ha sido Mireia Pujol, pero como queja por el trato que la dirección encabezada por Artur Mas ha dispensado a su padre.

Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra parecían invulnerables, eran el símbolo de una manera de hacer política, pero han caído, y lo han hecho desde lo más alto.

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