Catalunya aprueba una reforma de la ley contra la LGTBIfobia con multas de hasta medio millón de euros

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la proposición de modificación de la ley contra la LGTBIfobia presentada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. El nuevo texto deroga el anterior y actualiza el marco normativo de la que fue la primera norma de España diseñada para proteger al colectivo LGTBIQ+.

Las novedades del texto se basan en dos puntos principales. El primero es que se amplía el régimen sancionador y se incrementan los supuestos que definen las infracciones, tipificadas según la gravedad y con multas de entre 300 y 500.000 euros.

Además, también se ha trabajado para equiparar las infracciones a las de la ley de Igualdad de trato y no discriminación, que se aprobó seis años más tarde, y se han aumentado los supuestos para incluir nuevas realidades como la de las personas intersexuales y trans, que apenas aparecían en el texto original.

Para ellas se incluye una protección específica y refuerza el enfoque “interseccional” de la ley. Igualmente, se establece el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI.

La modificación también incluye el derecho de reparación a la víctima y medidas accesorias o substitutorias para el infractor, siempre que la víctima dé su consentimiento.

El texto contempla la creación de la Red de Servicios de Atención Integral (SAI por sus siglas en catalán) para coordinar todos los servicios y puntos de información LGTBI existentes, así como los centros de referencia, atención y acompañamiento que se deberán desplegar por toda Catalunya.

Sin el PP, Vox ni Aliança

La ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, más conocida como ley catalana contra la LGTBIfobia fue la primera ley de España en aprobarse para proteger los derechos del colectivo.

En aquel momento, la ley fue aprobada casi por unanimidad, con los votos del PSC, ICV, ERC, la CUP, Ciudadanos y Convergència, que en esa ocasión votó por separado de Unió. Los democristianos rechazaron algunos artículos de la norma, pero el PP fue el único que dio un ‘no’ sin matices a la ley.

10 años después, la historia se repite, aunque al PP se han sumado también PP y Vox. Desde los populares, Belén Pajares ha avisado que su grupo estudia presentar recurso de algunos artículos al Tribunal Constitucional porque “no se puede favorecer a un colectivo por delante de otro” para no provocar un “agravio comparativo”.

En cambio, desde el PSC se ha respondido que la ley “no crea privilegios, sino que refuerza mecanismos de prevención”. En la misma línea se han expresado desde la CUP, que consideran que la ley original estaba cargada de simbolismo, mientras que esta es mucho más “potente”.

Desde ERC han recalcado la importancia de esta ley en un momento de “banalización del odio y auge del fascismo,” mientras que desde los Comuns se ha querido recordar que “las mujeres y personas LGTBI sufren vulneraciones y agresiones por culpa de un sistema que no garantiza sus derechos”.