La reforma del Código Penal discrimina a las personas con trastornos mentales
El proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el ministro Gallardón no sólo criminaliza las protestas. En su redacción actual, también endurece las medidas de privación de libertad de las personas con problemas de salud mental. Esto ha causado mucha preocupación entre las entidades del sector en Cataluña, que denuncian que la reforma vuelve a asociar trastorno mental con peligrosidad.
El texto actual -a pesar de haber sido suavizado en relación con el anteproyecto- prevé la posibilidad de un internamiento renovable cada cinco años de estas personas en hospitales psiquiátricos. Esto podría provocar que una persona se quede internada más tiempo que la pena máxima posible de prisión por estos hechos. Los jueces podrán tomar la decisión de internar a las personas que sean declaradas penalmente irresponsables si estiman que hay indicios que permiten prever la comisión de nuevos delitos.
Para la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), esta modificación es preocupante. “No hay ningún fundamento científico para que los profesionales de la salud puedan evaluar la presunta peligrosidad de la persona, no es un concepto clínico ni psicopatológico”, recalcan los autores de un informe de la AEN, que consideran “muy grave” la mutación de un “derecho penal del hecho” en un “derecho penal del autor”. Es decir que no se juzga a la persona por el hecho que ha cometido -enmarcado en un contexto-, sino por lo que supuestamente es de manera intrínseca.
Para Enric Arqués, presidente del Fòrum Salut Mental, esta nueva percepción hace que el trastorno mental esté asociado directamente a peligrosidad aunque esto no corresponde con la realidad. “Los malvados no son necesariamente enfermos mentales”, apunta Arqués, que denuncia que la tendencia a considerar a ciertos asesinos como enfermos mentales invisibiliza la realidad del trastorno mental. “Las personas con problemas de salud mental son mucho más a menudo víctimas de agresiones y discriminaciones que no autores”, insiste.
Los expertos de la AEN también remarcan que el 90% de los delitos cometidos por personas con trastornos mentales se producen en el ámbito doméstico o en la calle. Debido al “infra-atendimiento” de estas personas por los servicios sociosanitarios, se pueden producir situaciones de tensión en el ámbito familiar, que pueden acabar en altercados. En cuanto a los “delitos” cometidos en la calle, los expertos explican que el comportamiento errático de estos enfermos puede conducir a la gente a llamar a la policía y que la intervención de los agentes puede acabar con “altercados”, es decir desobediencia o amenazas a los agentes. Además, subrayan que la cantidad de “delitos” cometidos por estas personas está muy por debajo de lo que la conciencia social les atribuye.
El mismo informe de la AEN considera que la inmensa mayoría de estos delitos menores es perfectamente evitable con una “adecuada red de servicios sociosanitarios. Por todo ello, los expertos consideran que la criminalización de las personas con trastornos mentales es ”discriminatoria“ y dicen no entender la necesidad de una nueva legislación.
Las asociaciones catalanas, en asociación con las españolas, ya se han reunido con varios partidos para intentar eliminar los puntos negativos del proyecto de ley, que a está a punto de tramitarse en el Congreso. Sin embargo, todavía no han podido reunirse con representantes del Partido Popular.
