La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Cataluña ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP contra Ramón Bagó en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación de empresas dirigidas por Bagó por parte del centro sanitario Cotxeres de Borbó en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Se da la casualidad que Bagó fue presidente del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), antes conocido como Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC) y que justamente gestiona el centro Cotxeres de Borbó.
En 2005, la Generalitat y el CHC firmaron un convenio para la creación de un centro sanitario en Nou Barris. La CUP denunciaba un conflicto de intereses en dos casos. El primero está relacionado con la empresa CHC Vitae SA, también dirigida por Ramon Bagó y que fue la encargada de realizar la licitación para la construcción del centro.
El otro hecho denunciado por la CUP era la adjudicación a varias empresas del grupo SERHS (del que Bagó es presidente, fundador y principal accionista) de diversos servicios (suministro de 'mobiliario general' y del equipamiento de cocina, así como el servicio de restauración del centro) por un valor de casi 1,5 millones de euros.
La CUP había interpuesto esta denuncia ante la fiscalía después de que una primera denuncia en el juzgado fuera archivada ya que el magistrado no consideraba que los hechos constituían un delito.
Ramon Bagó, que también fue alcalde de Calella por CiU, también es sospechoso de haberse beneficiado de su posición para obtener varios contratos con hospitales catalanes pertenecientes al CSC. Según reveló el diario El País, las empresas de Bagó consiguieron desde 2002 un total de 50,8 millones de euros en contratos con centros sanitarios del CSC, de los que cerca de una tercera parte habían sido adjudicados sin concurso público. El caso más conocido es probablemente el del hospital municipal de Badalona, que contrató los servicios del grupo Serhs por un valor de 4,8 millones de euros en 14 años sin concurso público. Estas revelaciones tuvieron como consecuencia la revisión de estos contratos por parte del Ayuntamiento de Badalona. Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona.
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