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El Diari del Treball es un blog con voluntad de reflejar, tanto desde la información como la opinión, la lucha por preservar los derechos laborales y económicos que la crisis pone ahora en peligro. El blog está coordinado por el periodista Tomeu Ferrer.

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La Generalitat prevé crear por la vía rápida un nuevo cuerpo de altos directivos que no serían funcionarios

Protesta de funcionarios de la Generalitat

La Generalitat prevé crear un cuerpo de altos directivos con un estatuto que se situaría a medio camino entre el funcionariado y los contratados temporales. Este colectivo debería proporcionar la columna vertebral de la nueva administración pública y se quiere que tenga un estatuto legal antes de julio. El nuevo cuerpo pretende atraer profesionales de reconocida valía procedentes de la empresa privada y las escuelas de negocios.

Al mismo tiempo, unas declaraciones de una alto cargo de la Generalitat han puesto en pie de guerra a los funcionarios catalanes. En un momento de fuerte crisis económica y recortes económicos a los trabajadores públicos, Meritxell Masó, secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat ha planteado la intención del gobierno de hacer una evaluación anual de la labor de los funcionarios. Ante esta pretensión los sindicatos con respondido con contundencia. Han recordado al ejecutivo los recortes aplicados al sector y los incumplimientos en materia económica. También reprobado que el anuncio se haya hecho a los medios de comunicación y no en ninguna mesa de concertación de las que se han creado para fomentar el diálogo social.

Junto a la respuesta los sindicatos de funcionarios han puesto el foco en una reforma menos publicitada y que el gobierno de CiU, quisiera aprobar con urgencia: se trata de crear un nuevo cuerpo de trabajadores públicos a medio camino entre los funcionarios de carrera y los de libre designación, lo que afectaría a los estratos medio y alto del cuerpo de empleados públicos catalanes. Este colectivo procedería de lugares como las escuelas de negocios, y para fomentarlo se requeriría una nueva dotación económica e incentivos que se niegan desde el año 2010 a los trabajadores públicos catalanes con el argumento de la crisis.

Xavier Casas, responsable de UGT en la Generalitat ha manifestado su desacuerdo radical con la propuesta de mecanismo de evaluación de los funcionarios. Este nuevo sistema que debería servir para controlar el cumplimiento de los objetivos por parte de los trabajadores de base de la Generalidad y del que no se conoce asignación presupuestaria. En este sentido los sindicalistas sospechan que si alguna vez se llega a aplicar, el nuevo mecanismo incluirá penalizaciones para los que no alcancen los objetivos fijados. Por el contrario, ello contrastaría con el proyecto que "parece que CiU quiere aprobar antes de terminar julio" y que en opinión de los sindicatos disfrutaría de fondos económicos para premiar el logro de objetivos. También consideran que como no dependería de oposiciones ordinarias el nuevo cuerpo sería una cuña partidista que cualquier gobierno se encontraría al llegar a la Administración.

Evaluación con premios o castigos

El anuncio de puesta en marcha por parte de la Generalitat de un sistema de evaluación de los empleados públicos ha sido recibido muy mal por sus destinatarios, que lo han encontrado insultante. Así, UGT ha recordado que en los últimos años el Gobierno catalán ha dejado de pagar 2.000 millones a los trabajadores públicos "y si se quiere que las cosas funcionen, en cualquier trabajo se debe cumplir pagando lo que corresponde", afirman. El malestar se acentúa cuando las declaraciones de Masó se producen justo en el momento en que los trabajadores públicos deberían recibir la paga doble, que no cobrarán, lo que incrementará la deuda en 400 millones más, aunque el año 2010, cuando se aplicó por primera vez la restricción, se dijo que era una medida temporal y reversible. En este sentido recuerdan que también desde 2012 el complemento de productividad, que se cobraba para alcanzar determinadas metas se ha suspendido.

Políticamente se considera contradictorio que la Generalitat que quiere abrir oficinas y servicios para la transición nacional se plantee la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, con pleno sometimiento a la Constitución Española de 1978.

En todo caso un encuentro sobre Colaboración Público-privada previsto en la Escuela de Administración Pública de Cataluña puede empezar a desvelar incógnitas.

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