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CATALUNYA

La nueva renta mínima en Catalunya avanza con lentitud por la avalancha de solicitudes y el 155

La Generalitat ha resuelto alrededor de un 10% de las 32.000 peticiones tramitadas hasta la fecha, aunque se mantiene dentro de los plazos previstos por la ley

Las entidades se quejan de la lentitud para tramitar expedientes y la Administración lo reconoce: "No vamos a la velocidad que nos gustaría"

El 155 no ha paralizado el cobro de las prestaciones ya concedidas, pero sí ha frenado la creación de la comisión de Govern para evaluar el desarrollo

Els representants dels grups polítics partidaris de la Renda Garantida de Ciutadania, davant el Parlament / Foto ENRIC CATALÀ

Presentación de la ILP de la renta garantizada de ciudadanía

La renta garantizada de ciudadanía (RGC), aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado mes de julio, avanza por ahora lentamente. El alud de solicitudes para cobrar la prestación de al menos 564 euros al mes ha congestionado el trámite de los expedientes, según admiten en la Generalitat, mientras que la falta de Govern debido a la aplicación del artículo 155 ha impedido que se desarrollen las medidas de carácter más político asociadas a la renta, como la comisión de Govern que deben integrar las entidades sociales para evaluar su progreso. 

"No vamos a la velocidad que nos gustaría", reconoce el secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Josep Ginesta. Desde que se puso en marcha la prestación el pasado 15 de septiembre, la Generalitat ha registrado alrededor de 32.000 solicitudes para cobrarla, de las cuales ha resuelto solo 3.000. Es decir, menos de un 10%. De estas, 600 han sido favorables y ya están cobrando la renta. 

Además de estos, están ingresando también la prestación las cerca de 27.000 personas que ya recibían la predecesora Renta Mínima de Inserción (RMI) de 426 euros, para las cuales la renovación era automática. La nueva renta, que surge de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de varias entidades sociales, va destinada a las personas que ingresen menos de 564 euros al mes, aunque prevé que en 2020 esta cantidad se amplíe hasta los 660 euros mensuales. La Generalitat calcula que esta ayuda llegará a cerca de 68.000 hogares catalanes. 

Las entidades piden agilidad

La cifra reducida de expedientes tramitados no choca sin embargo con los plazos previstos por la ley, que estipula que la Generalitat tiene hasta cinco meses de plazo para pronunciarse sobre las primeras solicitudes. Pero las entidades sociales lamentan la tardanza. "Estamos hablando de personas en una situación de alta vulnerabilidad, no podemos esperar a que pasen meses, habría que agilizarlo", denuncia la secretaria de Asuntos Sociales de CCOO, Carmen Martínez Ruzafa. 

Desde la Generalitat llaman a no generar "alarmismo" y recuerdan que, aunque se tarde más de lo previsto en adjudicar la prestación, el beneficiario la cobrará con carácter retroactivo, es decir, desde el día en que inició la solicitud. "La mayoría se incorporarán a la nómina de febrero", adelanta Ginesta.

El secretario general explica la saturación "puntual" en los trámites por un "alud" de peticiones de cita previa (se han contabilizado más de 70.000 desde septiembre) que en un 80% no cumplen con los requisitos. Esto debería reducirse con el tiempo, expone. Asimismo, reconoce también cierta "distorsión administrativa" por el hecho de que pese a que los trámites se realizan en la conselleria, las solicitudes se registran en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), un organismo autónomo.

El 155 frena el desarrollo de la ley

Ningún beneficiario potencial de la renta se habrá quedado sin cobrarla por la aplicación del artículo 155. Eso lo tienen claro en el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, que niegan que la ministra Fátima Báñez haya dado orden alguna de frenar el pago de estas ayudas. Sí que reconocen, sin embargo, que la ausencia de Govern, derivada de este mismo artículo, ha impedido que se desarrolle la parte de la ley que tiene que ver con la iniciativa política. 

Ginesta pone como ejemplo la creación de la comisión de Govern prevista por la ley, que debe evaluar la implementación de la renta. "Esto requiere impulso político", constata el secretario general. La norma establece que la comisión debe estar formada a partes iguales por representantes de la Administración y de las entidades sociales, y tiene que reunirse trimestralmente para fiscalizar la renta. 

Pese a la ausencia de esta comisión, las entidades sociales han registrado una petición para reunirse con la conselleria para pedir información sobre el estado actual de la renta, según detalla Diosdado Toledano, de la comisión promotora de la RGC. "Cualquier atraso no es bueno", expresa Toledano, aunque se muestra "prudente" en sus valoraciones mientras la Generalitat esté dentro del plazo. 

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