Un macroproyecto de un supermercado ‘sostenible’ enoja a payeses y ecologistas: “Es un greenwashing descarado”

La empresa responsable lo dibuja como una arcadia feliz, con pequeños invernaderos autoabastecidos, animales pastando y familias paseando por sus alrededores. Los que se oponen al proyecto lo ven como un gran complejo industrial que acabará con la fauna y la flora y traerá cientos de camiones cada día a una apacible zona rural rodeada de viñas.

El complejo que prevé implantar la cadena de alimentación ‘sostenible’ Ametller Origen en Gelida (Barcelona) está abonado a la controversia: tiene un centenar de entidades en contra y otro centenar a favor y será uno de los principales asuntos de la campaña en el municipio. A principios de mayo, a pocas semanas de las elecciones, se celebró un pleno extraordinario para cambiar la normativa urbanística que permitirá construir el proyecto ante la protesta de decenas de vecinos. 

“Es un auténtico despropósito”, sostiene Maria Rovira, responsable de Urbanismo de Unió de Pagesos, el principal sindicato que agrupa a los ganaderos y agricultores catalanes. “Va a ser un gran parque temático”.

Ametller Origen es una cadena alimentaria que ha crecido exponencialmente en Catalunya. Fundada en 2001, durante la última década ha protagonizado una gran expansión y ha abierto más de un centenar de tiendas, una veintena de ellas en Barcelona. Su facturación aumentó un 15% en 2021. En 2022 el crecimiento fue del 17% hasta ingresar 453 millones de euros.

La compañía ha crecido presentándose como una empresa de productos “sostenibles” y “sin intermediarios”. En 2014, sin embargo, decidió retirar este último eslogan de sus tiendas después de las quejas de algunos clientes porque buena parte de los productos no eran de proximidad. Hace un año fue denunciada por Unió de Pagesos por anunciarse en Google como un supermercado ecológico sin serlo.

En Gelida, un municipio de poco más de 7.800 habitantes, la compañía pretende instaurar “el primer distrito agroindustrial de energía positiva y CO2 negativo”. Es una inversión de 180 millones para un complejo que prevé ocupar 258 hectáreas, casi 650 campos de fútbol. 

El proyecto implica instalar allí la sede central de la compañía, plantas de producción y logística, campos de cultivo y pastoreo para 400 ovejas y 400 cabras, un hotel rural, una casa de colonias, un centro de investigación y una tienda de la empresa. Aseguran que generará más de 3.000 puestos de empleo entre directos e indirectos. Actualmente Ametller Origen tiene 3.491 trabajadores.

“Es un proyecto demostrativo”, explica Marta Angerri, directora de Financiación Europea y Asuntos Públicos de la empresa. “Evidentemente, nuestra fuente de fruta y verdura no será solo el Agroparc, lo que se quiere es demostrar que se pueden hacer las cosas distintas”. 

La intención es financiar una quinta parte del complejo, que cuenta con el apoyo de la Generalitat, con los fondos Next Generation. También se contará con el dinero de inversores privados como Agbar o la compañía de gases industriales Carburos Metálicos.

“Expulsará a los campesinos”

Junto al sindicato de payeses, son varios los vecinos de Gelida que se han posicionado en contra de un proyecto que creen que traerá contaminación al pueblo, afectará a una zona verde con gran biodiversidad y conllevará un relevante gasto de agua. Más de un centenar de entidades, tanto ecologistas como no, se han unido en la plataforma Stop Agroparc y llevan años protestando y presentando recursos contra el plan. 

“Es un greenwashing descarado”, apunta Elisabeth Reyes, una de las integrantes de este grupo. “Dicen que es un proyecto ganadero pero lo que hacen es expulsar a los campesinos de la zona”, añade Noemí Vilaseca, de la misma entidad.

El espacio en el que se quiere instalar el Agroparc es ahora mismo una zona totalmente verde de campos y viñas con caminos de tierra para pasear, situada a las afueras del pueblo. Según el planeamiento, hay un área que es suelo industrial urbanizable –donde se construirían los invernaderos– y otra es suelo no urbanizable.

Desde esta plataforma denuncian que el proyecto romperá un conector ecológico entre espacios naturales protegidos y afectará al área de caza del águila perdicera, una especie protegida y en peligro de extinción.

La llegada de al menos 200 camiones diarios, un cálculo que sale del propio estudio de movilidad que ha hecho la empresa, también preocupa a los vecinos. Desde Ametller responden que la intención es que los camiones funcionen con biometano, lo cual reduce hasta el 90% las emisiones. A día de hoy la compañía solo dispone de 12 camiones con este combustible.

Los que se oponen al plan creen también que Ametller Origen ha “comprado” la voluntad de los vecinos, regando con artículos patrocinados y publicidad los medios locales. Explican que la empresa incluso acabó contratando a un ingeniero agrónomo que formaba parte de la plataforma Stop Agroparc: ahora es el responsable de hacer los informes ambientales a favor de Ametller Origen. 

“La situación de este ingeniero es el perfecto ejemplo de cómo ha cambiado el proyecto”, defiende Angerri, de Ametller Origen, en referencia a los múltiples cambios que ha sufrido el plan de la empresa para poder adaptarse a las exigencias medioambientales y urbanísticas de la Generalitat.

La empresa anunció su plan a finales de 2016, y desde entonces el proyecto ha ido avanzando de manera intermitente. En febrero de 2018 se paralizó y fue retomado de nuevo en otoño de 2021. Desde entonces ha habido modificaciones tanto de la normativa urbanística como del complejo que se prevé construir. 

El último informe de la Generalitat, fechado en abril de 2023, da luz verde definitiva al proyecto. Lo condiciona, sin embargo, al éxito de un plan para compensar la pérdida del hábitat del águila que vive en la zona y está en peligro de extinción. La intención es desplazar la zona en la que caza esta ave en un plan cuyo éxito deberá ser evaluado antes de aprobar la construcción de más invernáculos más allá de las tres hectáreas iniciales. 

El documento celebra los cambios introducidos en el proyecto, aunque califica el impacto en el suelo como “severo” y admite que el complejo gastará “recursos elevados” de agua. Señala también que se construirá en una zona con “presencia de fauna abundante y variada” y “alto valor natural”. El informe también sostiene que el complejo, a diferencia de lo que dice la empresa, no se puede definir como de “cero emisiones”.

División en el pueblo

La aprobación del proyecto ha dividido el pueblo entre los que lo apoyan y los que están en contra. Los primeros consideran que traerá puestos de trabajo y que es un “mal menor” para una zona que ya está definida como industrial. Los detractores creen que el municipio no se beneficiará del complejo y perderá su entorno rural. 

Algunos vecinos incluso afirman que se ha abierto una brecha entre los habitantes “de toda la vida” y los que han llegado durante los últimos años al pueblo, que prácticamente ha doblado su población en dos décadas. “Los que están en contra son los que llevan aquí cuatro días y vienen de la ciudad”, apuntaba un vecino hace dos semanas.

“Igual nos arrepentimos en unos años, pero ahora mismo al pueblo le conviene tener ingresos”, sostiene Jordi Massana, que regenta una panadería en el municipio. “El asunto ha generado mucho debate y cuesta tener una opinión porque cada uno te da la información que quiere”.

El plan ha sufrido tantas modificaciones e implica tantos detalles urbanísticos que son varios los vecinos que admiten haberse perdido. “Le doy vueltas y no logro tener una opinión, tampoco conozco los detalles”, explica Josep Ferrer, vecino de 68 años. “Pero si tiene que traer trabajo, bien está”.

El propio Gobierno municipal ha acabado dividido por el proyecto. En Gelida gobierna ERC con los apoyos de Primàries y los Comuns. Ambos se han descolgado del apoyo al proyecto, que fue aprobado con los votos del PSC, líder de la oposición. Los grupos que se oponen al Agroparc creen que la alcaldesa los ha traicionado porque en el pacto de gobierno acordaron no dar apoyo al complejo. También la CUP se opone al plan y en el pleno se han vivido escenas de tensión en los últimos años.

“El compromiso fue de no apoyar el Agroparc tal y como estaba planteado antes”, se defiende Lluïsa Llop, la alcaldesa del municipio (ERC). “El nuevo proyecto no tiene nada que ver”.

Llop defiende el Agroparc, cree que será positivo para el municipio y recuerda que en la zona donde se instalará el complejo la Justicia ya determinó que debían ir polígonos. De nuevo, plantea la idea del mal menor. “Ya salimos con las cartas marcadas con este tema”, afirma. “Mejor esto que no una empresa logística que solo moverá camiones y no dará trabajo”.

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