La frase citada en el artículo anterior -“Cataluña no es española, pero es de España”- expresa muy bien lo que sienten o intuyen muchos de los catalanes que se relacionan con los representantes del poder político concentrado en la capital. Ellos son los propietarios del Estado y lo que en Cataluña consideramos derechos para ellos es una graciosa concesión o una negación que no se discute y menos aún se pacta. Pero es solo una cara de la realidad. Hay otra cara más positiva, la que hubo en la resistencia contra la dictadura franquista: los múltiples lazos políticos, culturales y personales que se construyeron entonces y que más o menos permanecen. Ya nos hemos referido a las relaciones familiares y profesionales o económicas en un punto anterior. Ahora nos centramos en la dimensión estrictamente política.
Propongo un test para ver si hay posibilidad de entendimiento. Un viejo político francés, Edgar Faure, experto en forjar acuerdos y alianzas, decía que en situaciones conflictivas entre organizaciones o dentro de la misma entidad primero conviene hacer un elenco de aquello que tienen en común, luego plantear los temas de desacuerdo y finalmente explicitar si ambos entienden lo mismo sobre los temas conflictivos. Pongamos algunos ejemplos.
Las izquierdas españolas y catalanas tenemos en común la experiencia de la lucha antifranquista, la asunción del derecho de los pueblos a la autodeterminación y la voluntad de mantener los lazos entre ellos siempre que se les reconozca este derecho y se les respete un alto y específico nivel de autogobierno. Así mismo coincidimos en defender la república como modelo político democrático, la democracia a todos los niveles institucionales y sociales, la distribución del poder con la sociedad civil mediante gestión participativa o transferida tanto en el ámbito político como económico, la ruptura con las políticas económicas neoliberales, un Estado laico que respete por igual a todas las religiones sin que ninguna de ellas tenga ningún privilegio político o económico, etc. La lista podría ser mucho más larga. Por lo tanto sería lógico que tuviéramos un objetivo común: acabar con el actual régimen político español y con las actuales políticas sociales y resolver las relaciones del Estado español con aquellos pueblos que reivindican más autogobierno, incluido el derecho a la autodeterminación.
Veamos pues el tema conflictivo: El derecho a decidir, la consulta y la posible independencia. Un paso previo sería romper el mito de la “España una e indivisble” que prevalece aún en la cultura política española. Históricamente no se ha consolidado una unidad nacional, existen pueblos o nacionalidades que es inevitable reconocer y aceptar que se expresen. Pero también desde Cataluña debemos desmitificar la independencia como solución universal y en todo caso aceptar que no es la única solución en relación con el Estado español. La solución no puede ser una fórmula uniformista como existe ahora. Es necesario partir del reconocimiento de que existe un pueblo catalán que tiene derecho a la autodeterminación aunque podríamos coincidir en preferir una opción alternativa a la independencia: un estatus específico para Cataluña de carácter confederal, que también corresponde a un pueblo que ha manifestado una voluntad colectiva de autogobierno.
Los acuerdos políticos, en momentos históricos en los que se dan dinámicas sociales fuertes, se forjan no tanto en los laboratorios de expertos o en reuniones de los dirigentes políticos, sinó en las prácticas conjuntas o coincidentes. Hay que forjar lazos de trabajo común no reducidos a las élites, como crear grupos de reflexión o organizar debates a todos los niveles, elaborar informes conjuntos o propuestas con distintas alternativas... Pero sobre todo desarrollar prácticas sociales y políticas sobre los objetivos comunes citados: acabar con el régimen político imperante y combatir las políticas socio-económicas neoliberales.
Las posiciones de las izquierdas no deben plantear tabúes, sean la unidad de España o la indpendencia. Hay que respetar las posiciones de partida de cada cual. Es tan lícito para las izquierdas el independentismo como alternativas que nos mantengan en un solo Estado, sea federal, confederal u otra forma de unión (como el Benelux). Es tan lícito considerar que hay y puede haber una ciudadanía española común como un pueblo catalán que puede expresar una voluntad colectiva, incluida la independencia. Ni el Estado español debiera oponerse a una consulta o referéndum en Cataluña que lleve a la independencia ni los catalanes deben prescindir de la opinión de los ciudadanos del resto del Estado a la hora de pactar una forma de relación.
Sea cual sea la solución que se alcance en un futuro más o menos próximo las izquierdas deben consolidar sus lazos, teniendo en cuenta que hay partidos estatales y partidos especificos como es el caso de Cataluña. Creo que la solución no puede ser en ningún caso el café para todos, simplemente porque no es una solución. No se trata de privilegios sino de reconocer las diferencias.
Hay que abordar los temas sensibles y hacerse entender. La consulta y el soberanismo es un ejemplo que ya hemos tratado. Hay otros temas que deben tratarse con sumo cuidado procurando entender al otro y no confundirse debido a prejuicios o confusión sobre las palabras. Se pueden hacer debates públicos o no con la voluntad de llegar a posiciones aceptables para unos y otros. Un tema muy sensible es el de la lengua. Cataluña, sea independiente, confederada, federada o autonómica, es un país bilingüe y continuará siéndolo. No se trata de que hayan dos comunidades lingüísticas sino que sus ciudadanos sean todos bilingües y muchos de ellos conozcan otras lenguas. Pero también una forma de fortalecer lazos es que el conjunto o una parte significativa de los españoles tengan conocimientos de lengua catalana, vasca o gallega.
Otro caso es el del federalismo. Un planteamiento democrático que puede resultar atractivo en gran parte de España (aunque por ahora no está a la orden del día y menos en la calle) pero que genera mucha desconfianza en Cataluña, pues nos parece una una versión más del café para todos. Para muchos españoles la diferencia catalana se considera con la pretensión de tener privilegios. Sin embargo en Cataluña se parte de la idea de que existe una diferencia importante por razones históricas, culturales, de estructura social, de lengua, de proyección internacional, de la fuerza de su ciudad capital (la que debiera ser la otra capital si España hubiera tenido más capacidad integradora). Y hay que contar con la voluntad política de la mayoría de la población catalana.
Ya existen desde hace tiempo prácticas conjuntas como las organizaciones sindicales u otras que han emergido más recientemente como la plataforma de afectados por las hipotecas o la iniciativa legislativa por la renta básica. Se trata ahora de integrar estas prácticas, sean de base territorial como sectorial en un bloque de objetivos políticos que articulen e integren movimientos y organizaciones sociales, fuerzas políticas y colectivos o entidades de carácter cultural o profesional. Sin perjuicio de las prácticas especificas de cada cual.
Hay que superar algunos vicios. Los catalanes no debieran confundir España, sus gentes, sus luchas pasadas, sus indignaciones presentes, sus esperanzas futuras, con el Estado, el régimen político vigente, los aparatos centrales, lo que se denomina injustamente para la ciudad como “Madrid”. Y los líderes políticos, los intelectuales progresistas más o menos mediáticos, los activistas sociales... españoles generan distancia y rechazo cuando reciben agresiones verbales o de menosprecio: Nos irritan los bienintencionados que nos tratan con una benevolencia paternalista, cuando aprueban o callan, cuando se producen casos como la sentencia del Tribunal Constitucional, las campañas contra Cataluña, la propuesta de hacer una consulta o las declaraciones como las del ministro Wert o la presidenta de la Junta de Andalucía. Es especialmente grave el maltrato sistemático de los medios de comunicación de ámbito estatal o regional en relación a Cataluña.
Creo que vivimos un momento histórico en el que la historia se acelera. Lamentablemente se acelera para ir hacia atrás. Se está produciendo a la vez el enriquecimiento ilegítimo de unas ínfimas minorías y el empobrecimiento de amplias mayorías, de caída en picado de las instituciones políticas representativas, de confrontación malsana entre los pueblos que conviven en el Estado español, de destrucción sistemática del Estado del bienestar que había empezado (pero no terminado) a construirse en los años 80 y 90, de reducción de los ámbitos de liberad de las personas, de envilecimiento de los medios de comunicación. Hay condiciones objetivas para que se desarrolle un gran movimiento revolucionario democrático o una segunda transición que integre a la vez la transformación de las instituciones políticas y de reorganización territorial de Estado y la implementación de nuevas y alternativas políticas económicas i sociales.
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