Los diez años de orgía inmobiliaria entre 1997 y 2007 dejaron un reguero de paisajes devastados. En 2011, entre grúas oxidadas y desiertos de hormigón, el Estado registraba 3,4 millones de casas vacías. Desde entonces, ha calado la idea según la cual no hace falta seguir construyendo para solucionar la crisis de la vivienda. “¿Para qué más ladrillo si hay suficientes casas para todo el mundo?”, se pregunta mucha gente. Sin embargo, sucede que la realidad actual de algunas ciudades ya no encaja con esa hipótesis.
Según el último censo, el Ayuntamiento de Barcelona encontró 10.052 pisos vacíos el pasado marzo. Una cifra mucho más baja que la publicada en 2011. Ciertamente, ahora hay que contar con un número muy alto de viviendas que operan como hoteles clandestinos (9.613 con licencias turísticas) o que se destinan a usos comerciales, muy distintos de aquellos para los que fueron planificadas. Y sin duda, es fundamental que la Generalitat tome medidas contundentes para incorporarlas todas al parque de vivienda. También que el Gobierno del Estado regule los precios del alquiler, vinculándolos a los salarios y ahuyentando la especulación. Ahora bien, tenemos que empezar a asumir que ninguna de estas medidas bastará: disculpen la tautología, pero si Barcelona quiere tener un sistema de vivienda público de nivel europeo, tendrá que hacer mucha más vivienda pública. Y si no quiere fomentar la segregación, deberá construir en los pocos espacios céntricos cuyo suelo sigue siendo público.
En ese sentido, hay una zona de la ciudad que se está convirtiendo en objeto de debate, por sus importantes dimensiones: los terrenos municipales que ocupa el recinto ferial de Montjuïc. ¿Deben seguir siendo un recinto cerrado para mega-eventos, o pueden acoger un barrio abierto y diverso con miles de viviendas públicas? Es la pregunta que lanza La Fira o La Vida, plataforma integrada por más de sesenta organizaciones de la sociedad civil. Y no podría ser más pertinente. Dado que la mayoría de las actividades de la Fira de Barcelona se han mudado al nuevo recinto de l’Hospitalet (entre los diez mayores de Europa) y teniendo en cuenta la profundidad de la crisis habitacional, cabe preguntarse cuál es el sentido de seguir regalando 27 hectáreas de suelo público (equivalente a 21 manzanas del Eixample) a intereses privados.
Ojo al dato. Fira de Barcelona le paga al Ayuntamiento un alquiler anual de 25 céntimos por metro cuadrado: el equivalente a una renta de 1,6 euros al mes por un piso céntrico de 80m². Ya quisiera un precio así cualquiera de las familias asfixiadas por los alquileres abusivos, o los miles y miles de personas que no encuentran casa. A cambio, organiza eventos al servicio de sectores privados que no siempre están alineados con el interés general de la ciudad o con la urgencia de hacer frente a retos como la gentrificación, la contaminación del aire o la crisis climática. Y a los que, además, les sobra espacio. Un lujo difícilmente explicable en una ciudad tan necesitada de vivienda pública y tan golpeada por el huracán de la especulación inmobiliaria, que no para de triturar vidas y barrios a su paso. La gravedad de la situación obliga a priorizar.
Las próximas semanas serán cruciales para el futuro de Barcelona. El contrato entre Ayuntamiento y Fira termina el 2025, pero su continuidad más allá de esa fecha se decide ahora. Es urgente abrir un proceso participativo para que la ciudadanía pueda debatir y decidir sobre los terrenos de Montjuïc. Por mero principio democrático. Porque hay mucho en juego.
Jaime Palomera es investigador en vivienda y miembro del Sindicat de Llogateres de Barcelona y David Bravo es arquitecto
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