En recuerdo y homenaje a Salvador Puig Antich, asesinado dos veces por la dictadura y sus sicarios: los policías que lo acribillaron a tiros y luego los jueces militares que lo condenaron y lo ejecutaron.
En los años 30 Paul Nizan denunció a los guardianes ideológicos del “orden establecido”. Mucho antes Goethe había declarado “prefiero el orden a la justicia”. Mounier denunció el “orden” de nuestras sociedades desiguales y excluyentes y lo llamó “desorden establecido”. Brecht ensalzó el combate contra este falso orden para construir el “gran orden”, el orden justo aunque el cambio los conservadores lo califican de desorden. El ministro del Interior del gobierno español, Fernández Díaz, debe conocer de oídas a Goethe y su desafortunada frase. Seguramente le suena Brecht como un subversivo y poco más. No creo que tenga la más mínima idea de quienes eran Nizan y Mounier. Sin embargo merece ser citado si se trata de reflexionar sobre el orden y el delito. Y por cierto parece que ha emprendido un camino que le aproxima a otros personajes mucho menos atractivos que Nizan, Mounier o Brecht. Como es el caso de Andréi Vyshinski, autor de la “Teoría judicial de las pruebas” y fiscal de los procesos stalinianos de finales de los años 30. O Maurice Papon, prefecto de policía de Paris que dirigió la represión sangrienta contra el FLN y los franceses que se solidarizaron con ellos. O con Raymond Marcellin, ministro del Interior post 68 “el Fouché que nos hacia falta” dijo De Gaulle. Mantuvo durante años el Quartier Latin ocupado por la gendarmería, impulsó la ilegalización de las organizaciones de izquierda consideradas antisistema que emergieron en 1968 y criminalizó a los jóvenes como perturbadores del “orden público”.
El proyecto de ley de “Seguridad Ciudadana” perpetrada por el ministro español expresa toda una concepción del “orden público”. El ministro del Interior emerge hoy como un perro guardián del desorden establecido. El poder político en España quiere imponer un falso orden silencioso, que no sea perturbado por ninguna resistencia a la arbitrariedad, ninguna protesta ante la injusticia, ninguna muestra de indignación ante los privilegios, ningún escándalo ante la corrupción, ningunos gritos ante la desesperación. El espacio público, donde conviven y se expresan las demandas y las aspiraciones de los ciudadanos, debe ser un espacio muerto, regido por el temor y reprimido por las autoridades, “desconflictivizado” como dice Manuel Delgado, “punitivo y mercantilizado” como escribe Jaume Asens en sus recientes textos críticos sobre la “ley mordaza”. Un buen título para una pésima ley, tanto desde el punto de vista ético como moral o como técnico.
Criminalizan la protesta
No es objeto de este artículo analizar con detalle dicho proyecto. Es suficiente citar algunos de sus presupuestos, objetivos y ejemplos. El punto de partida es criminalizar la protesta. Se considera el “espacio público” como espacio monopolio del poder el cual lo cede para usos económicos o funcionales (como el transporte o el ocio) pero no para que la colectividad ciudadana se exprese y en ningún caso para confrontarse con el poder establecido. La protesta debe ser inocua, marginal, invisible… o reprimida duramente. Es decir se ilegaliza aunque ello sea abiertamente anticonstitucional. Para facilitar esta represión se utiliza una legislación al margen del código penal para evitar las garantías que ofrece el proceso judicial. Se trata de medidas administrativas gestionadas por parte de la policía a la que se dota de facto de la arbitrariedad pues las normas son genéricas (“ultrajes a España”, “atentar a la unidad española” o “alteración del orden público” por ejemplo), de impunidad (se eliminan los controles sobre sus actuaciones como grabaciones, cámaras en las salas de interrogatorio, etc) y veracidad (el testimonio de los polícias tiene se presume como cierto sin necesidad de otras pruebas y posee más valor que el del acusado o de otros testigos).
El objetivo es proteger a las autoridades políticas y los partidos gobernantes y a los de las empresas, especialmente financieras, que son más susceptibles de rechazo social. Se reprimen duramente, mediante multas exorbitantes (de decenas de miles de euros en muchos casos, cualquier forma de protesta o denuncia públicas que afecten a las oligarquías del poder. Incluso el SUP (principal sindicato de policías) consideró que se pretende “proteger a la casta política”. No solo se trata de manifestaciones o concentraciones, también de dar apoyo o divulgar estas acciones, mediante textos escritos, uso de las redes sociales, instalar infraestructuras en el espacio público, no entregar el DNI (aunque se muestre), escribir grafitos, estar presentes en “zonas de seguridad” o fuera del ámbito que la policía ha permitido estar, etc. Se trata de medidas disuasorias para silenciar a la ciudadanía o provocar a los sectores más críticos para que se radicalicen y facilitar así una mayor represión. Ante un malestar creciente esta ley es una provocación propia de pirómanos.
Ley antidemocrática
Pero ¿por qué ahora se propone una ley mordaza que necesariamente debe generar más conflictividad? Es una ley radicalmente antidemocrática puesto que el marco democrático pretende regular los conflictos y facilitar su resolución pacífica teniendo en cuenta las demandas ciudadanas. Por el contrario la ley mordaza estimula los conflictos y pretende reprimirlos y radicalizarlos en vez de resolverlos. Se trata de un proyecto de ley que forma parte de la política que podemos calificar de “represión preventiva” como ya hicieron antes a un nivel más modesto “las normas del civismo” en el ámbito local. En este caso se reprime para yugular el creciente pero muy pacífico malestar social y la indignación ciudadana frente a las políticas públicas y los privilegios y la impunidad de las entidades financieras y las grandes empresas de servicios. Se reprime “preventivamente” como las guerras de Bush que atacaba las zonas donde el imperialismo era más brutal y se expresaban resistencias desesperadas. Y, conscientes de la responsabilidad colectiva y personal, de consejos de administración y cúpulas políticas gobernantes, se pretende blindar edificios públicos y residencias privadas para que los culpables no se vean asediados por las reacciones populares. Para lo cual pretenden crear un clima de temor a unos supuestos bárbaros o violentos denominados “antisistema”, “violentos”, o “similares[1] manifiestan una voluntad represiva para actuar agresivamente contra los rebeldes con causa y tienden a acelerar la deriva autoritaria que cada día se parece más a un proceso de fascistización.
Reacción social fuerte pero soterrada
Ante esta ofensiva la resistencia por ahora es débil en el ámbito institucional debido a la mayoría PP que cuenta además con el apoyo de los grandes poderes económicos, incluidos los mediáticos, y la siniestra Conferencia episcopal y sus redes (Opus, legionarios, kikos, etc) así como gran parte de la cúpula de la Judicatura. Y como el Partido Socialista, la teórica fuerza de la alternancia electoral, es lo que es, cómplice de la derecha reaccionaria en las políticas económicas y el modelo de Estado, no parece que el actual marco institucional sea por ahora susceptible de ser el escenario de cambios positivos que frenen la degradación de la débil democracia formal y cada día vulnerada. Sin embargo la reacción social, a pesar de ser diversa, fragmentada, discontinua, es mucho más fuerte de lo que parece, a veces soterrada, otras abiertamente. La deriva autoritaria que ha emprendido explícitamente el ministerio del Interior puede convertirse en una serie de chispas que acaben provocando un incendio. Ante el desorden establecido esta reacción social denuncia el marco económico y político-jurídico y pugnará para establecer el orden democrático, en lo político y lo social La violencia represiva institucional pero ilegítima puede provocar justificadas reacciones violentas. Las movilizaciones sociales han dada muestra de un autocontrol y de una vocación pacífica excepcionales, no solo por parte de organizaciones políticas y sindicales, también por movimientos de base más espontáneos o desesperados como los de las víctimas del desempleo o de las familias sin ingresos o de los desahuciados, los estafados por los bancos o los no atendidos por la sanidad pública. Pero saben muy bien que sus males no proceden de una plaga bíblica o de unos mercados anónimos.
Existen los responsables, con nombres y apellidos, en las instituciones públicas y en los consejos de administración. O en cargos directivos que ejecutan lo que los otros han decidido. Muchos de ellos merecen el nombre de “criminales”. Si los asesinos no solo no son castigados sino que además son los beneficiarios de las políticas gubernamentales no deberá sorprender que lo que ahora son manifestaciones políticas deriven en violencia o respalden a colectivos organizados que hagan de ella su forma de resistencia política. Los pirómanos del gobierno español como Wert, Montoro, Fernández Díaz, Gallardón y otros son sola la punta provocadora, son los perros guardianes más visibles.. Los responsables son muchos más, no siempre visibles, los que están en las cumbres de las pirámides políticas y económicas, en las instituciones y en los consejos de administración.. Todos ellos han emprendido una cruzada criminal contra las mayorías sociales. Si la violencia se generaliza ellos serán los responsables.
Desobediencia civil e insurrección política
Cuando la democracia se pervierte, como es el caso hoy en España, el derecho a la desobediencia civil y la insurrección política está no solo justificado, es también un deber. La insurrección puede ser pacífica, es deseable que así sea. Pero si el poder establecido multiplica y acentúa la violencia institucional, como parece ser que éste es el camino emprendido en España, puede que la violencia arraigue y sea incluso aceptada por la sociedad. No creo que la violencia sea ahora en un plano estrictamente político una reacción positiva y eficaz pero si legítima, moralmente justificada. Recordemos a Salvador Puig Antich. Podemos considerar que la acción armada contra los bancos para obtener recursos para los colectivos sociales necesitados, como por ejemplo, las cajas de resistencia de los huelguistas, no fuera un método adecuado pues podía criminalizar a los indefensos beneficiarios. Pero era una acción legítima, bienintencionada, moralmente justa. Puig Antich y sus compañeros no mataban a nadie, no se lucraban de su acción, asumían los riesgos a cara descubierta.. Salvador Puig Antich debe ser recordado con simpatía y afecto para todos aquellos que no aceptamos un sistema político y económico injusto y una valores que oprimen a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes, a los profesionales especialmente del sector público, a los sectores de la cultura, a los autónomos y pequeños o medianos empresarios incluso. Como son recordados los que llevaron al cielo al delfín del dictador, el almirante Carrero Blanco. Esperemos que el marco político actual permita un cambio de régimen que suponga otro modelo de Estado y de economía. Es decir reemprender la tarea democratizadora que a finales de los 70 se inició y luego no solo no se desarrolló sino que con el tiempo se pervirtió. Hoy España dista de ser una democracia legítima y aceptable para gran parte de la ciudadanía
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