El Parlament aprueba una comisión de investigación al Patronato, las cárceles franquistas de adolescentes

El Parlament de Catalunya será la primera institución de España en investigar formalmente al Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista que durante décadas, gracias a la colaboración de congregaciones religiosas, intentó imponer la moral nacionalcatólica a adolescentes y mujeres jóvenes, recurriendo incluso a internamientos psiquiátricos.

El debate, marcado por la crispación que han traído al pleno las intervenciones negacionistas de la memoria histórica de Vox e islamófobas de Aliança Catalana, se ha sustanciado con 109 votos a favor (PSC, Junts, ERC, Comuns, Cup y Aliança) de la comisión de investigación reclamada por las supervivientes y 24 en contra (PP y Vox).

Las mujeres supervivientes del Patronato han conseguido romper el silencio y el estigma de haber pasado por esta institución, en la que durante la dictadura las monjas intentaban imponer la moral nacionalcatólica a las mujeres. Sin mención al Patronato en la ley de Memoria Democrática en la ley estatal de 2022, las mujeres no quieren que la historia se repita en la ley catalana, actualmente en tramitación.

Las supervivientes también pidieron ante la Cámara catalana la creación de una comisión de investigación para que abordara no solo lo ocurrido durante el franquismo, sino también qué paso cuando, en los años ochenta, la competencia sobre estos centros pasó a la Generalitat. También pidieron poner el foco en las empresas para las que las internas del Patronato realizaron trabajos forzados y las congregaciones religiosas.

Tal y como desveló elDiario.es, la congregación de las monjas Adoratrices, en cuyos centros estuvieron encerradas y maltratadas Forns y Roca, ha recibido fondos públicos que ascienden a 18 millones de euros desde 2021. En 2023, obtuvo 1,5 millones a través de una subvención nominativa (esto es, directa) del Ministerio de Igualdad en favor de su obra social “para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y contextos de prostitución” en siete comunidades autónomas.

La incógnita principal del debate de este miércoles era conocer si el PSC y Junts apoyarían la comisión de investigación propuesta por los grupos de ERC, Comuns y CUP. La diputada socialista Natalia Fabián ha apoyado la comisión y ha reclamado que la iniciativa trabaje “con serenidad y firmeza”. “Nuestro deber con las víctimas es escucharlas y sanar heridas”, ha agregado. Por su lado, Laura Martínez (Junts) ha remarcado que el Patronato fue una “herramienta del régimen” para conseguir el sometimiento femenino.

Durante el debate, la diputada republicana Tània Verge ha denunciado la “violencia de Estado” que ejerció la entidad franquista durante 40 años, y ha pedido perdón por el “olvido institucional”. Susanna Segovia, de los Comuns, ha constatado que hasta hace poco se desconocía el alcance de esta represión contra miles de mujeres, mientras que la parlamentaria la CUP Pilar Castillejo ha alertado de que el Patronato convirtió a mujeres libres en “objetos de control estatal y eclesiástico”.

Por parte de los partidos que se han opuesto a la comisión, Lorena Roldán (PP) ha criticado que a algunos grupos “les preocupe más lo ocurrido hace 80 años que hoy”, mientras que Alberto Tarradas (Vox) ha espetado que la comisión es una “cortina de humo”.

Una vez creada la comisión de investigación, los próximos pasos serán las negociaciones entre los grupos para acordar un calendario de trabajo y de comparecientes (por ejemplo, si se incluirán representantes de congregaciones religiosas o empresas, además de las víctimas).