La mitad de peticiones de transparencia de los principales ayuntamientos catalanes no reciben respuesta
Sólo el 56,3% de las solicitudes de información presentadas vía ley de transparencia –el llamado derecho al acceso– a los principales consistorios catalanes reciben respuesta dentro del plazo establecido. O lo que es lo mismo: los sesenta ayuntamientos catalanes que tienen más de 20.000 habitantes no cumplen con este apartado de la ley de transparencia de Catalunya, aprobada a principios de 2015. Así se desprende del Informe sobre Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno presentado al Parlamento de Catalunya el pasado julio y elaborado por el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.
El informe destaca que el 53% de las solicitudes presentadas por los ciudadanos no han recibido respuesta dentro de plazo. De estas respuestas, la administración que concentra un porcentaje de resoluciones más elevado es la Generalitat (100%), seguida de las diputaciones (75%). En última posición están situados los ayuntamientos más grandes, que cumplen con los plazos de respuesta en un 56,30% de los casos. El Síndic alerta de que los datos se extraen de una muestra de la etapa inicial de la aplicación de la ley (primer trimestre de 2016), por lo que pide “prudencia” en la interpretación.
El Síndic de Greuges elabora los datos por medio del test del ciudadano oculto –proceso por el que pasaría cualquier ciudadano que quisiera recibir una información de la administración no publicitada– y destaca que el porcentaje de peticiones con respuesta está relacionado con “la dimensión ”de la institución.
El Ayuntamiento de Barcelona ha centralizado el derecho al acceso en un único departamento –dentro de la Oficina de Buenas de Prácticas– con el objetivo de responder en los 30 días que pide la ley; el consistorio ha sido calificado por el Síndic con el nivel más alto. “Son las administraciones con menos medios las que tienen más dificultades, Barcelona ha puesto más recursos para facilitar la tarea, porque los tiene”, ha dicho el gerente de Recursos del Ayuntamiento, Joan Linares, a Catalunya Plural.
El informe destaca que determinados contenidos no están disponibles porque requieren la puesta en marcha de sistemas o la publicación de información previamente inexistente. Una tesis que también comparte el Ayuntamiento de Barcelona, según fuentes del área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia. El informe recomienda publicitar la ley entre la ciudadanía, ya que destaca que se han recibido pocas peticiones, además de más formación entre los responsables de resolver las solicitudes de acceso a la información.
La ley de transparencia es la norma garante del acceso a la información pública y el buen gobierno. El estudio no sólo analiza el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, sino también la publicidad activa de las instituciones. Hay que recordar que derecho al acceso y publicidad activa son dos obligaciones vinculadas pero diferentes, y que afecta a diferentes tipos de datos internos. La primera se refiere a la información que la administración o empresa da a petición del ciudadano y la segunda a la información que debe ser publicada directamente en la web.
El Ayuntamiento de Barcelona, el más transparente
Es en este segundo aspecto, el de la publicidad activa, donde el Ayuntamiento de Barcelona destaca por encima del resto. El informe analiza 90 ítems fundamentales de la publicidad activa de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes (23 ciudades) y Barcelona cuenta con 81. La ley de transparencia, en el apartado dedicado a la publicidad activa, valora elementos como hacer constar en la web los ayuntamientos la dirección electrónica del alcalde, las funciones del máximo responsable o la composición de los plenos, entre muchos otros aspectos.
“La publicidad activa no es más que la accesibilidad y la interacción de la información que se da a la ciudadanía, y el Ayuntamiento de Barcelona es punta de lanza y ejemplo para el resto de administraciones”, ha destacado en Catalunya Plural el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y transparencia, Jaume Asens, que en una entrevista en abril con este medio ya avanzaba el compromiso del consistorio con la “transparencia y el buen gobierno”.
El informe critica, eso sí, algunos aspectos relativos al gobierno de Barcelona. Destaca como pendiente la aplicación del Código Ético y de Conducta presentado el pasado mes de marzo. El Ayuntamiento espera poder aprobar el anteproyecto a principios del 2017. “El Código Ético sigue sin aprobarse porque queríamos el máximo consenso: hemos recibido enmiendas y hemos hecho retorno. Además se lo hemos pasado al consejo asesor [miembros externos del gobierno como el ex diputado David Fernàndez o la activista Simona Levi] superando la misma ley de transparencia”, ha explicado Jaume Asens.
En cuanto al registro de lobbies, una de las prioridades del gobierno municipal en el inicio del nuevo curso político, el Ayuntamiento espera tenerlo listo de cara a noviembre. Antes se ha contactado, según el área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, con la Generalitat y el resto de ayuntamientos para hacer un registro unificado. Las diferentes administraciones han comenzado el proceso para la creación del registro de forma conjunta.
