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El abogado de la Generalitat en el caso Palau evita señalar a Convergència y carga contra la Fiscalía

Fèlix Millet a su llegada a la CIutat de la Justicia

Oriol Solé Altimira

La parte pública y la privada Palau de la Música han evitado definitivamente señalar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por cobrar comisiones de Ferrovial a través del auditorio. En la lectura de su informe final este miércoles, el letrado de la Generalitat que representa al Consorcio del Palau, Francesc Claverol, no ha hecho ni una sola mención al partido. Por su lado, el abogado de la Fundación, Javier Zuloaga, ha dicho que sería “terrible” que se demostrara, tal y como sí sostiene la Fiscalía, que CDC se financió irregularmente a través del Palau.

El tribunal impidió el pasado viernes al Consorcio adherirse a la acusación que realiza la Fiscalía contra CDC ya que el plazo para hacerlo se había cerrado el 17 de mayo, cuando las acusaciones elevaron a definitivas sus conclusiones. No obstante, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled abrió la puerta a Claverol a adherirse a su acusación contra CDC (tal y como, de hecho, había aprobado la última reunión del Consorcio del Palau) durante el trámite de informes finales que ha tenido lugar esta semana.

Claverol no solo no ha cogido el guante del fiscal sino que ha cargado contra la rebaja de penas que ha propuesto Sánchez Ulled a los exresponsables del Palau de la Música tras sus confesiones sobre la financiación irregular del partido. El letrado ha sido especialmente vehemente en criticar la rebaja que el fiscal ha propuesto para Gemma Montull (de 25 a 3 años de cárcel, el último sustituible por una multa).

“En este procedimiento ha habido muchos fallos. Por dignidad y coherencia pedimos que no se cometa otro”, ha pedido Claverol. El letrado ha negado que la delación de Montull sobre las comisiones de CDC fuera una “confesión”, y lo ha tildado de “exculpación”.

Esta última argumentación de Claverol va en línea con las tesis que han repetido en las últimas semanas los políticos del PDECat, que han vinculado las confesiones de Millet y los Montull en el juicio únicamente con un intento de lograr una rebaja en sus penas.

El Consorcio, donde están representadas la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y el Orfeó Català, se ha reafirmado en pedir 21 años de cárcel para Millet y los Montull. Claverol ha pedido al tribunal que no contemple en la sentencia las atenuantes que sí solicitan el ministerio público y las defensas, que son la confesión de Millet y Montull sobre su saqueo, la reparación del daño y las dilaciones indebidas en el proceso.

El Consorcio, el día 12 de mayo, rechazó acusar a CDC por los votos de la Generalitat, decisión que fue ratificada por Claverol cuando elevó a definitivas sus conclusiones el pasado 17 de mayo. “El Consorcio me confirmó las directrices recibidas”, ha señalado Claverol, que ha asegurado que no podía solicitar un aplazamiento del juicio antes de elevar a definitivas sus conclusiones.

Y es que el Ayuntamiento de Barcelona forzó una nuevo reunión del Consorcio para el 23 de mayo, que, finalmente, sí decidió acusar a CDC. No obstante, el tribunal rechazó ese cambio en la acusación, pues el Consorcio lo presentó el 26 de mayo, nueve días después de que se cerrara el plazo para hacerlo.

La Fundación del Palau también critica al fiscal

La Fundación del Palau –la parte privada del auditorio– se ha sumado a las críticas del Consorcio contra Sánchez Ulled por su rebaja de penas. “Los delitos de cuello blanco no tienen porque recibir ajustes mayores que otro tipo de delitos”, ha dicho su letrado, Javier Zuloaga, que ha instado al tribunal a imponer una pena “ejemplarizante” que no sea un “traje a medida” porque si no “el pueblo del que emana la justicia no lo entendería”.

Pese a que, igual que el Consorcio, la Fundación no acusa a CDC ni a su extesorero, Zuloaga ha querido pronunciar un “descargo ético moral” en el caso de que el tribunal termine condenando al partido, tal y como sí piden la Fiscalía y la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). “En caso de condena se demostrará algo terrible, que el Palau fue un nido de corruptos”, ha alegado Zuloaga, que pide 81 años de cárcel para Millet y los Montull.

La FAVB tilda a Millet de “patricio sinvergüenza”

Más contundente ha sido el abogado de la FAVB, Àlex Solà, que ha tildado a Millet de “patricio sinvergüenza” y ha considerado “obsceno” el saqueo. Asimismo, ha cargado contra las instituciones públicas por no haber vigilado el Palau y haber permitido “el entramado de Millet y sus secuaces”. En este sentido, ha recordado que la actual presidenta del Palau, la empresaria Mariona Carulla, fue la vicepresidenta del auditorio en la época de Millet.

Respecto a Convergència, Solà ha recordado que su extesorero acusado, Daniel Osàcar, no se llevó ni un euro al bolsillo pese a que, a su juicio, canalizó parte de los 6,6 millones de comisiones de Ferrovial hacia el parido. “Osàcar no es Bárcenas, pero llevar dinero de comisiones por obra pública a un partido de forma ilícita falsea las condiciones de la democracia”, ha aseverado.

Asimismo, Solà ha recordado todas las veces que Convergència ha usado su poder institucional, desde la Generalitat o la Diputación de Barcelona, para no ser acusada en el caso Palau La FAVB pide 37 años de cárcel para Millet, 25 para los Montull y dos años y tres meses para Osàcar.

Por su lado, el abogado del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, ha argumentado que los exresponsables del Palau cometieron un delito de fraude fiscal de casi 685.000 euros en las deducciones del IVA. Por ello ha reclamado cinco años y tres meses de cárcel para Millet, los Montull y Edmundo Quintana, exasesor fiscal del Palau.

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