El acelerón legislativo de 2019 maquilla el balance del Govern de Torra con cuatro leyes y 23 decretos aprobados

La acusación de “parálisis” ha sido la preferida de la oposición hacia el Govern de JxCat y ERC esta legislatura. La crítica se basa sobre todo en los primeros compases del Ejecutivo de Quim Torra, cuando los proyectos legislativos llegaban al Parlament con cuentagotas, la mayoría parlamentaria era cambiante por las suspensiones de diputados y la iniciativa política se enfocaba más a los gestos que a la gestión. En eso consistieron los primeros meses desde investidura, en mayo de 2018. Sin embargo, en 2019 se produjo un  acelerón legislativo que ahora compensa, al menos en números absolutos, el balance del Govern.

Desde el inicio de la legislatura, el Parlament ha aprobado 13 leyes, cuatro de ellas a iniciativa del Govern, a lo que hay que sumarle los 23 decretos ley convalidados y la iniciativa legislativa del Ejecutivo que se encuentra ahora en fase de tramitación de la Cámara, que son otros cuatro proyectos de ley. Unas cifras que no servirán a los independentistas para sacar pecho, pero que sí se sitúan dentro de la media de la actividad del Parlament, teniendo en cuenta que esta legislatura ha durado, hasta el momento, poco más de 18 meses.

A este computo habrá que sumar dos leyes más que, además, serán las más importantes de todo el mandato. Se trata de los Presupuestos de 2020 y la complementaria ley de medidas fiscales y financieras, un proyecto económico que será expansivo por primera vez en una década y que incorporará un paquete de medidas de carácter social que será más extenso que todo el resto de medidas aprobadas durante la legislatura. Los presupuestos serán la cumbre de una gestión que tardó en arrancar y fue de menos a más pero que, en conjunto, se ha quedado a medio gas.

Las leyes más importantes de la legislatura han sido la regulación de los puertos de competencia de la Generalitat y el transporte marítimo, la creación de una Agencia de Salud Pública o la de ordenación de espacios agrarios. Ha habido asimismo dos modificaciones de calado: la que introduce un impuesto verde a las emisiones de dióxido de carbono de vehículos de tracción y la que permite otorgar prestaciones sociales a menores tutelados por la administración cuando cumplen 18 años.

El peso de la gestión, por decreto

Una de las notas que han marcado la gestión este Govern ha sido la debilidad parlamentaria. Pese a que la suma de JxCat y ERC se quedaba a solo dos diputados de la mayoría y que teóricamente la oposición debía sumar un bloque de la CUP al PP para ganar votaciones, el temprano desmarque de los anticapitalistas respecto al independentismo mayoritario, unido a la suspensión judicial de diputados, que llegaron a mermar el bloque gubernamental en hasta siete votos, hicieron que el Govern fracasara con relativa frecuencia en la Cámara.

Por esta razón los departamentos decidieron llevar el verdadero peso de la gestión por la vía del decreto. Los aprobados son en total 23 y varios de ellos tienen tanta o más importancia que las leyes. El último decreto de vivienda es uno de ellos, pues introduce modificaciones de calado en cuanto a las obligaciones de los grandes propietarios de inmuebles, a quienes les obliga a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables antes de denunciarlas. Esta regulación, aprobada hace un mes, ha sido elogiada por entidades como la PAH y ya ha conseguido parar al menos un desahucio.

También impulsado por el departamento de Territori, de Damià Calvet (JxCat), el decreto que regulaba el alquiler de vehículos con conductor, como Uber y Cabify, ha sido una de las iniciativas que más opiniones suscitó. La nueva regulación trata de diferenciar entre el sector del taxi y el de VTC, obligando a los segundos a tener una precontratación de 15 minutos, lo que les impedía recoger clientes en ruta. En junio pasado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya paralizó cautelarmente esta medida, pese a que había sido replicada en otras comunidades como la Comunitat Valenciana o el País Vasco.

Otro de los departamentos activos ha sido el de Educació, que sobre todo se ha focalizado esta legislatura en la lucha contra la segregación. El área dirigida por Josep Bargalló (ERC) ha elaborado tres decretos en la misma línea, uno de ellos como paraguas para poder desprivatizar centros concertados –hay una negociación abierta con una docena sobre esta opción– y otro que introduce obligaciones para que las escuelas se repartan de una forma equitativa a los alumnos más desfavorecidos. Todo ello dotado con 17 millones de euros en los presupuestos recién presentados.

En el ámbito de la función pública, la legislatura comenzó con un acuerdo de los sindicatos y el Govern para retornar las pagas extra de 2013 y 2014. Pero enseguida los profesionales sanitarios fueron a la huelga, que no acabó hasta que el Ejecutivo se comprometió con algunas demandas como aumentar en 250 la plantilla de médicos de atención primaria o una mejora salarial por atender a pacientes extra, todo ello valorado en 100 millones de euros. Además, el pasado otoño se anunció la apertura de oposiciones para contratar a 750 nuevos mossos y 250 bomberos.

Deberes para el próximo Govern

Muchas de las dificultades políticas del último ciclo han estado relacionadas con la incapacidad de la nueva administración para dar continuidad a políticas que comenzaron en la legislatura de Carles Puigdemont. Tanto es así que el Govern dejará en herencia algunos de los proyectos que él mismo había heredado. Es el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una política que supera el enfoque del subsidio y avanza hacia una renta básica, pero cuyo despliegue es complejo y está a la espera de reglamento.

Con todo, la valoración que el departamento de Treball i Afers Socials hace de la marcha de la RGC es positiva y destaca que, según el último dato, cuenta con 123.000 beneficiarios, un 15% más que en 2017. Pero las entidades sociales alertan de que las trabas administrativas desincentivan las solicitudes.

Otro de los puntos que ya quedarán para la siguiente administración es acabar de pactar con las eléctricas el reparto de la factura de la pobreza energética. La ley catalana dispone que sean las suministradoras las que paguen, al menos en parte, los gastos energéticos de las familias vulnerables, pero deja la concreción en manos del Govern, que debe firmar convenios. Aunque algunas pequeñas suministradoras han firmado, las grandes no lo han hecho, por lo que está corresponsabilización sigue sin llegar más de cuatro años después de aprobada la ley.

Por último, en el ámbito sanitario también habrá tareas para el nuevo Govern. Una de ellas, la desprivatización sanitaria comenzada a marchas forzadas por Toni Comín en 2016 no ha tenido apenas continuidad durante esta legislatura, en la que la consellera Alba Vergès (ERC) ha estado más pendiente de las protestas de los profesionales de la primaria y el aumento de las listas de espera. Sobre las listas, además, el plan adicional que había dispuesto el anterior Govern se agotó en medio de esta legislatura y no podrá ser renovado hasta que comience a fluir la financiación de los nuevos Presupuestos.