El Parlament aprueba llevar al Constitucional el decreto que permite intervenir Internet sin orden judicial

El Parlament llevará ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que permite al ejecutivo intervenir la infraestructura de Internet sin orden judicial ante problemas de orden público. JxCat, ERC, 'comuns' y la CUP han votado a favor de recurrir ante los tribunales la regulación, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó durante la pasada precampaña electoral y que ha recibido duras críticas tanto del Govern como de algunos colectivos activistas y expertos.

En la votación solo Ciudadanos y el PP se han posicionado en contra del recurso y han defendido el texto legal. Mientras, el PSC se ha quedado en una abstención que el partido ha explicado por el pacto suscrito con Podemos para modificar el decreto. El diputado socialista Pol Gibert ha explicado que el PSOE llegó a un acuerdo con sus socios de Gobierno para revisar el decreto, pese a que la posición de los socialistas es que el contenido normativo es “necesario” por lo que debe mantenerse.

La Cámara catalana impugnará la llamada “ley mordaza digital” después de haber recibido el informe preceptivo del Consell de Garanties Estatutaries, que dictaminó que el decreto invadía competencias de la Generalitat y era contrario a la Constitución y las directivas europeas. En concreto el órgano supervisor catalán alertó de que el texto “no cumple las exigencias de calidad normativa que debería tener una ley susceptible de producir injerencias en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas”.

Los partidos independentistas y Catalunya en Comú han lanzado duras críticas al decreto-ley, por considerar que la regulación no solo viola competencias de la Generalitat sino también derechos digitales de la ciudadanía. Así lo ha explicado el diputado de la CUP, Vidal Aragonès, quien ha indicado que este decreto utiliza el independentismo como “excusa”, para justificar el recorte de derechos fundamentales, como el de acceso a la información y la libertad de expresión.

“Este decreto”, ha asegurado el diputado de los 'comuns' David Cid, es propio de “una época pasada, basada en la confrontación y no en una nueva etapa de diálogo”, pese a que su formación votó favorablemente en el Congreso para convalidar la legislación.