Puigdemont analiza “todas las alternativas” para sortear la prohibición de la investidura a distancia
Las condiciones que impuso el Tribunal Constitucional (TC) a la investidura de Carles Puigdemont, sin pronunciarse sobre el recurso del Gobierno, han llevado al equipo del expresident a buscar alternativas a la prohibición de la investidura a distancia. Oficialmente, la sesión de investidura sigue convocada para el martes a las 15:00h., aunque nada se puede dar por seguro.
El expresident, muy activo en las redes sociales, no ha tuiteado este domingo sobre su investidura. Según ha explicado a última hora de la tarde el exconseller de Territorio y diputado de JxCat, Josep Rull, en la lista de Puigdemont han pasado la jornada dominical “analizando todas las alternativas”, que pasan por acudir al Tribunal Supremo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o agotar la vía del Constitucional.
“No hay por donde coger las medidas cautelares del TC”, ha dicho Rull, que, junto al portavoz de la formación, Eduard Pujol, se han reafirmado en que el martes el Parlament celebrará el pleno en el que se investirá a Puigdemont.
Para que sea así, ambos han aceptado una de las condiciones que les marcó el Constitucional y han explicado que Puigdemont pedirá permiso al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para acudir a la investidura. “Puigdemont cumplirá con la resolución del TC y pedirá autorización para ser investido con garantías”, ha afirmado Rull. “Si el juez Llarena lo permite, Puigdemont vendrá y explicará su plan de Gobierno”, ha dicho Pujol.
La petición a Llarena que han planteado Rull y Pujol tiene pocos visos de prosperar. Por muchos escritos que presente, al estar en vigor una orden de detención en España contra Puigdemont, el expresident tendría que ser arrestado y comparecer ante Llarena para que el magistrado autorizara su presencia en el pleno de investidura. Todo ello a menos de 48 horas para la teórica sesión de investidura, un plazo tan reducido que tampoco permitiría una respuesta del TEDH.
Una tercera opción pasaría por esperar a que el TC resolviera sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno, algo que requeriría aplazar el pleno del martes. La decisión del TC no tendría que demorarse mucho más de los diez días que el Alto Tribunal ha dado a la Abogacía del Estado, al Parlament y a los 34 diputados electos de JxCat para que presenten alegaciones a favor y en contra de la impugnación, respectivamente.
El TC, al posponer la decisión sobre la admisión de los recursos, no pudo acordar la suspensión del pleno, lo que no impidió que diera por satisfechas las pretensiones del Ejecutivo al dictar unas medidas cautelares que a la práctica hacen imposible la investidura de Puigdemont este martes. Además, advirtió a la Mesa de que si permite la investidura a distancia se exponen a recibir la primera querella de la legislatura.
Con todo, aplazar el pleno no depende de Puigdemont, sino del presidente del Parlament, Roger Torrent, que es quien convoca el debate de investidura. A favor de esta opción juegan dos factores. En primer lugar, que de aceptar finalmente la impugnación reclamada por el Gobierno, el Constitucional contradiría su propia jurisprudencia.
El Alto Tribunal siempre ha rechazado los recursos preventivos como el planteado por el Ejecutivo a la investidura de Puigdemont. Así lo recordaron tanto el Consejo de Estado como los letrados del TC y el magistrado ponente encargado de decidir si se admitía o no el recurso.
Además, aplazar el pleno de investidura tampoco vulneraría la ley de la presidencia de la Generalitat. La literalidad de la norma marca diez días –que vencen este miércoles– desde la constitución de la Cámara para que el presidente del Parlament proponga al pleno un candidato a la investidura, pero no especifica que en ese plazo deba celebrarse el debate, ni tampoco indica qué hacer en caso de que la propuesta sea impugnada. Y de paso, Torrent se sacaría de encima el dilema de tener que decidir sobre una investidura a distancia sabiendo que de permitirla sólo logrará tener la primera querella de la legislatura.
