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Castilla-La Mancha calcula que un "cupo catalán" supondría recortar un 10% en el resto de regiones

El portavoz del Gobierno regional afirma que trasponer esta medida, ya vigente en Euskadi, frenaría la recuperación económico-social de la región

“Socialmente está claro que el independentismo está roto, más por el ridículo que han hecho que por la humillación”

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando Francisca Bravo

El Gobierno de Emiliano García-Page se ha posicionado frontalmente en contra del proceso soberanista en Catalunya desde sus inicios, y en ese camino ha defendido se ha alineado con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la defensa de la Constitución. La Junta defiende el diálogo entre regiones pero no para adoptar las pretensiones de la Generalitat de obtener mayor autogobierno “a costa” de otras comunidades autónomas. De hecho, según sus cálculos, pactar con Catalunya un cupo como el vasco -el acuerdo económico entre Euskadi y y la Administración Central que regula las relaciones tributarias- supondría recortar hasta en un 10% el presupuesto destinado al resto de autonomías.

Así lo ha detallado a eldiarioclm.es el portavoz del Gobierno castellano-manchego, Nacho Hernando, quien destaca que no existe una “alineación absoluta” con el Gobierno de Rajoy. “En España somos muy dados a no estar de acuerdo en las formas pero sí en el fondo. Por eso, aunque haya alguna discrepancia en las formas, en un momento tan importante, es fundamental el fondo”. En este sentido, ha dicho que comparten con Moncloa que “no es posible que haya democracia más allá de la Constitución”.

“Todos debemos hablar desde la frecuencia de la solidaridad, porque si lo hacemos desde el egoísmo, el marco de convivencia no es posible”, comenta, porque desde su punto de vista no hay debate sobre Catalunya debe pagar “más o menos”. “¿No es cierto que en Catalunya hay una renta media más alta que en Castilla-La Mancha, y que históricamente ha tenido más oportunidades de desarrollo industrial, económico y del empleo, y que por tanto esas personas al ganar más dinero pagan más impuestos de media?”, se pregunta.

Por ello, Hernando afirma que desde la Junta no pueden permitir que al final “esto se convierta en una especie de subasta para ver qué lealtades y qué sentimientos se pueden alquilar o comprar”. Contempla así dos realidades: una jurídica mediante la cual se le ha preguntado al presidente catalán, Carles Puigdemont, si declaró o no la independencia, y  otra referida al independentismo en sí, “que ha fracasado desde dentro”.

En su opinión, en su discurso en el pleno, “más allá de la trascendencia y el regate corto de lo que supuso”, Puigdemont lanzó “un torpedo hacia su propia línea de flotación”. “Después de tensionar, de llevar a la gente al borde del abismo, al final ese paso atrás supone la fractura del independentismo en el ámbito parlamentario , y también en la calle, entre el nacionalismo moderado y la parte más radical, que es mucho menor que lo aparente”. “Socialmente está claro que el independentismo está roto, más por el ridículo que han hecho que por la humillación”.

Pero al margen de este análisis, considera el portavoz del Gobierno castellano-manchego que “las regiones más humildes”, incluso apostando por “el diálogo y la concordia”, quieren saber qué es lo que quiere pedir Puigdemont “y a quién quiere quitárselo”. “Si resulta que hay una opción de que haya más autogobierno sin que ello signifique menos soberanía para el resto de regiones, será aceptable y una posible solución. Pero si tiene que ser más soberanía que el resto y con más recursos en detrimento del resto de regiones, pagando nosotros la barra libre de otros, eso sería una injusticia, no para el territorio sino para las miles de familias que se van a ver afectadas”.

¿Descenso de recursos en el resto de regiones?

En este punto, ha precisado que la Junta calcula que si se pusiese en marcha un cupo catalán como el cupo vasco, habría un descenso de recursos en el resto de regiones del 10%. Eso sería “menos inversiones para servicios públicos en sanidad, educación y dependencia, y todo por comprarle la lealtad a un territorio de España”. Bajo este contexto, ha recalcado que la “obligación moral” del Ejecutivo castellano-manchego es pedir una solución razonable, “pero no a cambio de que se perjudique a las personas en listas de espera, o bajo riesgo de desahucio, o a los dependientes”.

“No es una cuestión de ponerse gallito ni de besar una bandera más que otra, sino de defender los intereses de la gente que peor lo está pasando. Y por eso tanto Emiliano García-Page como en el resto del PSOE tenemos una posición muy firme sobre el problema catalán, no por orgullo, sino porque realmente estamos jugándonos el plan de poder sacar adelante toda la recuperación social y económica que tenemos planificada para Castilla-La Mancha. Si nos quitan el 10%, estaríamos traicionando la confianza de toda esa gente. Nosotros hemos combatido los recortes de Cospedal, pero si no son de Cospedal,  también combatiremos lo de P por un hipotético cupo catalán”.

Finalmente, respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión de la autonomía en Catalunya, ha afirmado que el Estado tiene que articularlo si técnicamente se hubiera declarado la independencia. Se basa en que “si defendemos la Constitución, hay que defender todos los artículos, no solo artículo 2”. Pero diferencia este proceso del hecho de si ello podría conllevar una reforma constitucional o no.  

“Al final llegamos a la casilla de partida, que significa que si no trabajamos juntos vamos a empobrecernos al estar solos. Por eso defendemos la unidad, no por un concepto estrictamente patriótico o porque nos guste la forma de España en un mapa. Entendemos que siempre que se avanza en un marco de solidaridad, se crece como sociedad.

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