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Denuncian que un alcalde de Cuenca ha dado de baja del censo a varios detractores de una macrogranja

Así lo ha asegurado la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros donde se proyecta una explotación con 80.000 cerdos al año

“Vende sus terrenos para la construcción de dos piaras, presta sus tierras para esparcir purines, señala un pozo de emergencia municipal como referencia para la acometida de luz y agua para los cerdos…Y ¿ahora nos echa a los que lo criticamos?"

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Acisclo Jiménez, alcalde de Almendros (Cuenca)

Acisclo Jiménez, alcalde de Almendros (Cuenca)

ADERA, Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros, en la provincia de Cuenca ha denunciado que el alcalde, Acisclo Jiménez, del PP, "ha dado de baja del censo municipal a al menos una decena de sus principales detractores" con el objetivo, aseguran, de dar "un nuevo paso en su intención de empadronar 80.000 nuevos cerdos en este municipio conquense".

Hay que recordar que en esta localidad se proyecto una macrogranja porcina que  está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, auspiciada  por la empresa Incarlopsa a través de un promotor local. 

ADERA asegura que la decisión del alcalde "ha causado perplejidad en el municipio y especialmente en la asociación" que, recuerdan, fue creada para denunciar "las múltiples deficiencias de la macrogranja, promovida por una familia que en los últimos 30 años ha actuado como agente electoral del veterano alcalde y que conserva aún sin cerrar otra vieja piara dentro del casco con el apoyo del mismo alcalde y fuerte protesta vecinal".  

Se da la circunstancia –según denuncia ADERA- que esta macrogranja, junto con otra segunda explotación ganadera cuya tramitación administrativa está siendo también analizada en detalle, se proyectó sobre antiguos terrenos propiedad del alcalde, “ofrecidos a sus cercanos promotores".

Es por ello, señala esta Asociación, que en el pueblo "hay quienes piensan abiertamente que el alcalde está más interesadamente comprometido con el futuro de la macrogranja que con la mayoría de sus vecinos".

“Para el alcalde –dicen- la granja supone su jubilación definitiva y para el pueblo una hipoteca permanente”. De ahí el interés en tomar posiciones políticas para las próximas Elecciones Municipales, "descabezando" a sus críticos que han avalado con múltiples informes las “sonoras deficiencias” de este proyecto, al tiempo que anuncian para la futura Corporación "el celo y la decencia que no se ha tenido en esta ocasión".

La decisión del alcalde dando de baja a un grupo de vecinos ha coincidido con el conocimiento por parte de ADERA de que "también en el plan de gestión de purines que presentaron los promotores, éstos también van de la mano del alcalde". De nuevo, sostienen,"el alcalde es el único vecino que presta sus fincas para dar viabilidad a un plan de gestión de purines", que resulta imprescindible para tramitar el expediente. Un plan que los vecinos también han denunciado "por cálculo fraudulento". 

“Vende sus terrenos para la construcción de dos piaras, presta sus tierras para esparcir purines, señala un pozo de emergencia municipal  –reservado para abastecimiento humano de Almendros y Villarrubio en caso de sequía- como punto de referencia para la acometida de luz y agua para los cerdos…y ¿ahora nos echa a los que lo criticamos? No se puede caer en mayor indignidad”.

Almendros es un pequeño municipio conquense en el que residen habitualmente unas 260 personas, si bien en los meses de invierno –de lunes a jueves- no se cuenta ni un centenar. Por este motivo, explican, el alcalde "había solicitado en reiteradas ocasiones a las personas que más tiempo pasan en el pueblo que se empadronen para incrementar la aportación de fondos del Estado, para dar ideas y para que ayuden a conformar la Comisión de Fiestas". 

Califican de "añagaza" que ahora Jiménez quiera "dar apariencia de legalidad" a lo que consideran una “cacicada manifiesta”, recurrida ya por la mayor parte de los “señalados, es el artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales que confiere al alcalde una suerte de potestad de policía local en materia de censo.

Los afectados enviarán una carta de protesta al secretario general del PP en Cuenca, Benjamín Prieto, presidente de la Diputación de Cuenca, quien el mes pasado fue elegido por la Federación de Municipios miembro del Grupo de Trabajo para el Reto Demográfico.

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