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La Plataforma contra el ATC de Cuenca se moviliza coincidiendo con el tercer aniversario de Fukushima

El movimiento contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas ocupará siete puentes de la provincia, para denunciar un proyecto, cuya construcción carece, para Ecologistas en Acción, de los elementos necesarios para ser legal. 

Cartel de la convocatoria en el tercer aniversario del accidente nuclear en Fukushima

Cartel de la convocatoria en el tercer aniversario del accidente nuclear en Fukushima

Próximo a cumplirse el tercer aniversario del accidente nuclear de Fukushima la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad, previsto en Villar de Cañas (Cuenca), ha realizado una convocatoria a la ciudadanía este domingo para manifestar su rechazo a este proyecto ocupando un total de siete puentes de la provincia.

Carlos Villeta, presidente de Ecologistas en Acción de Cuenca y portavoz de la Plataforma explica que el ATC continúa su tramitación y la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) ha solicitado los permisos oportunos al Ministerio de Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear pese a que todavía sigue analizando las condiciones de los terrenos, en referencia a que el pasado 17 de febrero sacó a licitación un estudio de caracterización por importe de 462.555 euros, ante  “la posible existencia de ciertas inestabilidades del terreno" y “las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de contención, técnica y económicamente viables”, según se detalla en el Pliego de Condiciones.

Para Ecologistas en Acción, el encargo de este estudio y que hayan recibido por escrito una nueva negativa a acceder al primer estudio geológico encargado por ENRESA, con el argumento de que “los estudios a los que hace referencia la solicitud de información son inconclusos”, viene a confirmar que todavía se desconoce información muy relevante sobre los terrenos "que es indispensable para el diseño de elementos básicos de seguridad como es la cimentación que sustentará las instalaciones". Por ello denuncian la "ilegalidad que supone el hecho de que se solicite el permiso de construcción sin tener aún los elementos necesarios para realizar un 'proyecto general de la instalación' como exige el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas.

Ecologistas en Acción exige que si se detectan problemas geológicos en los terrenos se paralicen las obras. Y todo apunta a que así sea, ya que continúan lo estudios de unos terrenos donde “ya se han hecho más de 300 prospecciones y en los que por tercer año se sigue trabajando”. Hasta cuatro informes demuestran los riesgos geológicos de los terrenos, debido a las características solubles de los yesos existentes, con presencia de cavidades y pequeños arroyuelos subterráneos. Ello, unido a los niveles muy superficiales del acuífero, supone para los ecologistas un riesgo evidente de conexión de contaminantes radioisotópicos entre las instalaciones del ATC, los acuíferos circundantes y el Río Záncara.

Villeta detecta prisas que atribuye al calendario político para acortar plazos y ocultar “la chapuza” en la elección de los terrenos y sus riesgos geológicos, que está llevando a que se pretendan conceder los permisos a partir de borradores o anteproyectos y no de proyectos definitivos y todo ello “con total ocultismo”.

Otro aspecto que denuncian los ecologistas es la red clientelar trenzada alrededor del cementerio nuclear, repartiendo las adjudicaciones a empresas como OHL, principal donante al PP en los denominados “papeles de Bárcenas”. O los 34 millones de euros en cuatro contratos que ha recibido, directamente o a partir de empresas participadas, la empresa en la que trabaja Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.

Y apuntan al destacado papel desempeñado en este asunto por Cospedal, “quien llegó a un acuerdo con el ministro de Industria obviando los informes técnicos –puesto que Villar de Cañas se encontraba en cuarta posición entre las ubicaciones para albergar el cementerio nuclear– y colocó como presidente de ENRESA a una persona de su máxima confianza como es Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real".

La Plataforma anuncia que agotarán todas las medidas legales, como el recurso contencioso-administrativo que se interpondrá ante la ausencia de un estudio de impacto ambiental de las obras del Vivero de empresa y el Laboratorio anejo al almacén nuclear.


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