Antifraude no ve corrupción en las ayudas de Ruralter al hermano de Ximo Puig pero reprocha "déficits" administrativos

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La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) no ha encontrado pruebas de que haya habido corrupción en las ayudas de los fondos Ruralter a la empresa Comunicació dels Ports SA, propiedad de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat Valenciana. A pesar de ello, el organismo que dirige Joan Llinares considera que "se han producido déficits en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo" en materia de subvenciones públicas. 

La investigación se inició tras el informe de un funcionario, testigo protegido de la AVA. El empleado público revisó el pago de la subvención tras una petición de información de la síndica del PP en las Corts Valencianes, Eva Ortiz, y concluyó tras revisar el procedimiento administrativo de 2015 que "podrían haber hechos susceptibles de reproche jurídico". La ayuda, de 36.000 euros provenientes de los fondos Rutalter-Leader concedidos por la Conselleria de Agricultura y tramitada durante la última legislatura del PP, se usó para "la mejora de equipamientos e infraestructuras" del grupo mediático que dirige Puig, tal como explicó a este diario el empresario

El pago de los fondos fue rápidamente desbloqueado por un alto cargo socialista, el entonces director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, Francisco Rodríguez Mulero, apenas dos semanas después de aterrizar en la conselleria tras las elecciones autonómicas del 2015.

La resolución que tumbó las ayudas al hermano de Puig había reprochado a la empresa que no hubiera presentado las "certificaciones de obra firmadas por el director de las obras". Además, el hermano del president, según la resolución, no presentó la documentación requerida para justificar los gastos, "lo que supone la pérdida del derecho al cobro de la subvención". Francis Puig presentó un recurso de reposición contra la decisión del Ejecutivo valenciano, en manos del Partido Popular en aquella época.

El informe de la resolución de conclusiones de la investigación de Antifraude ha revisado los expedientes y ha detectado que la solicitud de pago de la anualidad del 2012 "no fue registrada de entrada en ningún registro oficial", mientras que la solicitud de pago del año siguiente "sí habría sido registrada en el registro del Grupo de Acción Local Portmader de Morella, aunque habría sido remitida a la conselleria un mes después.

Además, la investigación de la agencia ha detectado que en el expediente figuran hasta tres certificaciones de final de obra "soportadas en documentos físicos diferentes". La AVA alude a ciertas "incongruencias" en la documentación pero la revisión acredita que la Abogacía de la Generalitat obró correctamente al estimar el recurso de reposición presentado contra el bloqueo de las ayudas por parte de Francis Puig aunque apostilla que lo hizo "habiendo basado su argumentación en una revisión formal documental sin cuestionarse la existencia de diversos documentos y su posible manipulación, con las consecuencias de ello".

Antifraude ha cuestionado que la solicitud de pago de una de la anualidad del 2012 "no está sellada en ningún registro administrativo oficial" (la del 2013 ya aparece con un sello de entrada aunque fue remitida a la conselleria un mes después). Ese retraso de un mes "supuso un incumplimiento del plazo máximo" para hacer llegar a la Conselleria de Agricultura la solicitud de pago. 

Las alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia arguyen que la dirección general de Desarrollo Rural "dictó [una] nueva resolución reconociendo la obligación y proponiendo el pago, que no concediendo", dado que el organismo competente era la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.

Tras el análisis de la documentación y de la normativa aplicable, Antifraude ha concluido que las irregularidad y deficiencias de los procedimientos administrativos para el pago de las ayudas al hermano de Puig "no se encuentran incardinadas en ninguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho ni de anulabilidad, tratándose de irregularidades no invalidantes de los actos administrativos".

Así, el informe de la AVA recomienda a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que establezca protocolos, procedimientos y mecanismos de trabajo que permitan la tramitación de las subvenciones de forma íntegramente electrónica, para que "se garanticen los principios inspiradores del procedimiento administrativo común, evitando situaciones como la investigada", con "diferentes versiones en papel de un mismo documento". También recomienda establecer mecanismos para garantizar el registro electrónico en sus entes colaboradores "para que exista una constancia electrónica (...) que permita dejar la trazabilidad exacta" de la fecha y hora de las anotaciones del registro, así como de los documentos anexos.

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21 de julio de 2021 - 22:44 h

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