Caso Polop: El testigo protegido frente a todos

El caso Polop, como es conocido el asesinato del exalcalde polopino Alejandro Ponsoda en octubre de 2007, depende casi exclusivamente de la credibilidad del único Testigo Protegido (TP) en la causa ante la ausencia de pruebas incriminatorias que impliquen a los siete imputados en la consumación de un crimen que ha pasado de ser, según la evolución de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se alargó durante más de dos años, por intereses urbanísticos a poco menos que por razones personales.  Así al menos lo testificó esta semana el capitán de la UCO que dirigió la mayor parte de las pesquisas. 

A pesar de su condición, el TP declaró ante todos. Frente a todos, más bien. A su izquierda, el jurado, seis varones y tres mujeres, la mayoría llamativamente jóvenes; frente a él, la magistrada presidenta y el juez del tribunal, y a su derecha, la fiscal, la acusación popular y seis de los siete abogados defensores de los imputados dispuestos a desmontar la declaración de TP, que ubicó en un reservado del club Mesalina de Benidorm al sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, al dueño y el gerente del lupanar y a un empresario del calzado. Fue allí donde supuestamente lo habrían intentado contratar por 35.000 euros para cometer el crimen, a lo que se negó -según su versión-, aunque ofreció los nombres de los tres sicarios que también están imputados en la causa por haber sido los supuestos autores materiales de los disparos. 

El TP entró a pecho descubierto en la sala de vistas acompañado por dos guardias civiles de la UCO, a la vista de todos, mientras los siete procesados fueron escondidos tras una mampara para preservar su identidad. Llegó con traje, visiblemente nervioso, se sentó en un pupitre de estilo escolar, se frotó las manos,  jugó con su anillo y tuvo que tomar aire y respirar profundamente antes de iniciar su declaración. Finalmente, mantuvo su versión, no exenta de contradicciones. 

Las defensas intentaron presentarlo como una persona en la que no se puede confiar rebuscando en su pasado como mercenario en África. Según él mismo relató, trabajó como contratista militar en Sudáfrica, Costa de Marfil, Liberia y Mozambique. En ese tiempo, le dispararon seis veces. “Tengo bastantes agujeros”, dijo. Aunque él lo hizo más. “Si alguien intentaba atentar contra los intereses de quien me había contratado, tenía que disparar, pero luego no sé si la gente moría o no”, aseguró sin rubor. Aunque en general trabajó para los gobiernos africanos, en Costa de Marfil una mañana empezó trabajando para el poder y tras una revuelta militar, por la tarde estaba haciendo su tarea para un gobierno desposeído del poder que había sido derrocado por la guerrilla. 

En 2005, tras haberse casado en Miami y Canadá, dijo que quiso cambiar de vida y dejar los trabajos esporádicos, pero no lo consiguió. Siguió “en ese inframundo”, como lo calificó. En Benidorm, que “en 2007 era diferente de lo que es hoy. en día”, un sitio “donde hoy todo el mundo tiene dinero y mañana, no”, donde “todo el mundo estaba metido en algo, desde la autoridad hasta...”, ese sitio donde “tienes que tener cuidado de con qué policía hablas”. Hoy, una ciudad a la que no puede volver porque dice que se siente amenazado. 

En 2007, poco después del asesinato de Ponsoda, del que dijo que se enteró “seis u ocho meses después”, fue detenido por traficar con anabolizantes y drogas, pero solo fue condenado a tres años de libertad condicional. Desde que declaró el verano de 2009 esa supuesta reunión para matar al alcalde de Polop, asegura que ha tenido que fugarse tres veces a Portugal y cambiar ocho veces de domicilio. Su confesión dice que le ha salido muy cara. “Perdí mi trabajo, me tuve que ir de Benidorm”. 

Y su testimonio fue relativamente bien hasta que llegó el turno del último abogado defensor, el de Juan Cano, el turno de Javier Boix, defensor en el pasado de Francisco Camps o Rafael Blasco, entre otros. 

Ante Boix, el TP perdió el sitio. El letrado desveló una sucesión de contradicciones en relación a las tres testificales (una ante los agentes de la UCO y las otras dos ante la jueza de la Vila Joiosa que instruyó el caso) que constaban en el sumario y a las declaraciones en la misma sala. Boix también se tomó su tiempo, y la pausa que imprimió, casi como gustándose en la técnica del interrogatorio, debió gustar incluso a la magistrada que preside el tribunal, que le permitió entrar en terrenos donde no había permitido meterse a otros abogados e incluso hacer afirmaciones para dejar en evidencia al acusador. 

El TP giró la mirada a su izquierda a menudo durante el interrogatorio con la intención de dirigirse al jurado, de convencerlo de que dice la verdad. Esas nueve personas deciden si su versión es suficiente para enviar a la cárcel durante 25 años a siete acusados. Solo que, más allá del desfile de testigos a lo largo de las próximas sesiones, queda la fase definitiva de conclusiones, donde Boix ya anunció otra batería de contradicciones del TP con la intención de intentar sembrar la duda definitiva en el jurado.