Secreto de confesión

Esta semana hemos asistido, en mi caso con estupefacción, a un debate sobre la corrupción que ha terminado como empezó: con el gobierno afectado diciendo lo mismo que el gobierno precedente. Me he equivocado, he confiado en quien no debía, no volverá a ocurrir, voy a impulsar un plan contra la corrupción con medidas que luego nunca se concretarán y con esta patada a seguir intento llegar hasta las próximas elecciones, corre el tiempo y como el otro está igual o más jodido que yo, ya diseñaré una estrategia para encararlas con posibilidades de retener el poder, que para eso tengo a una pléyade de asesores/estrategas que son los que más saben de lo que todo el mundo cree saber.

Le pasó a Rajoy en el PP antes y ahora a Pedro Sánchez en el PSOE. La única diferencia es que tras una condena en firme a Sánchez le dieron los números para una moción de censura y a Feijóo ni li dan sin condena ni le darán con condena por enrocarse en la estrategia habitual del PP en la oposición del cuanto peor, mejor, sin que a nadie de su partido se le ocurra pensar que cuanto peor, peor para todos, para ellos también. Y porque con Vox no se puede ir ni a tomar café, claro. Por eso, por seguir esa estrategia, Aznar perdió dos veces y ganó a la tercera a Felipe González, Rajoy perdió dos veces y ganó a la tercera el gobierno, y Feijóo ganará a la tercera la Moncloa. Y lo peor de todo es que haya decenas, centenares de personas implicadas en ambos lados en una estrategia infecta, sin sentido, que a todo estirar va dirigida a los suyos, a mantener prietas las filas, sin luces largas.

Una de las cosas que hace mucho tiempo que es evidente es que quienes se implican en el debate, llámense diputados, cargos electos, cargos de libre designación, asesores, tertulianos sabelotodo y otras hierbas no tienen las más mínima idea de hasta dónde ha calado la corrupción, que es una vía de doble sentido, la de los cargos electos y designados que buscan a la empresa dispuesta a pagar mordidas y la de los empresarios o sus delegados territoriales que cobran por detectar debilidades de esos mismos cargos electos para obtener contratos previo pago de su importe. Todos, en ambos casos, con el imprescindible apoyo de funcionarios, de los que nadie habla y que, sí o sí, son necesarios para perpetrar estos atentados contra el bien común.

La extensión de esta enfermedad alcanza a todos las administraciones y está instalada a todos los niveles, desde el que a todo el mundo le parece menor, cual es convertir la Administración en una agencia de colocación, hasta cobrar una mordida por un contrato económicamente sustancioso y de largo plazo. Afecta desde los planes de empleo de las ADL locales, normalmente subvencionados por las agencias autonómicas, que en muchos casos son utilizadas por los gobiernos municipales para contratar personas de familias muy numerosas que les garanticen votos en los siguientes comicios, hasta el contrato multimillonario de las grandes ciudades, llámese de basura, gestión del agua, limpieza, parques y jardines, mantenimiento de instalaciones, gestión del alumbrado… Todo está infectado por una pandemia a la que no se le ha encontrado vacuna.

No he dedicado mucho tiempo de mi recorrido profesional a un oficio en vías de desaparición, el periodismo de investigación, del que finalmente sales porque el desgaste que te genera, incluso físico, desborda tu vocación, pero cuando lo has ejercido unos años es inevitable tener relación, quedar y reunirte con personas a las que necesitas para obtener información, e incluso, si es necesario, castigarte el hígado. No entraré en más detalles sobre los casos de corrupción que he conocido directamente, de los que sé y no he escrito nunca porque recabar pruebas en algunos casos se convierte en una misión imposible o porque te has comprometido con la fuente que ha confiado en ti a no contar jamás su historia, aunque te haya servido para otras causas. Los corruptos también saben que las entendederas de quienes en algún momento se dedican a este sector del oficio periodístico les llevan a ir alejándose paulatinamente del frente. En esta cuestión siempre pienso cómo el maestro Quico Arabí ha podido aguantar tantos años.

Esto no va de Gürtel, Lezo, Santos Cerdán, EREs, Malaya y tantos y tantos casos mediáticos de telediario. Desgraciadamente, quienes están al frente de las instituciones solo se dedican a la punta del iceberg, a esos casos mediáticos uno de cuyos denominadores comunes, por cierto, es que los implicados estén en Madrid, cuando la mayor parte de la corrupción en este país se encuentra, como en los bloques helados, sumergida e irradia más allá. Es la mayor parte, la de mayor importe y en infinidad de casos se refugia en los juzgados contenciosos administrativos porque las decisiones las adoptan órganos colegiados. En muchas de estas causas no hay imputados, no hay penas de cárcel, es incluso poco común que el juez acepte pruebas testificales y las decisiones corruptas tomadas por ejemplo por un pleno municipal a sabiendas de que van contra la legalidad acaban en la anulación del acuerdo plenario porque (las razones son mil) no se ajustan a derecho. Y si esta vez no ha colado porque alguien se ha ido al juzgado y ha conseguido anular el acuerdo, pues a otra cosa. A por la siguiente.

Creo que podría escribir un libro sobre los numerosos casos que conozco, pero por falta de espacio voy a contar aquí algunos ejemplos sin citar a los implicados que me han llevado al convencimiento de que la corrupción es una enfermedad metastasiada, que no se soluciona con más medios judiciales y policiales, con una agencia anticorrupción o con el anuncio de planes estatales. La corrupción en España es una cuestión cultural que muchos ciudadanos aplauden bajo el paraguas ‘Yo que pudiera’. Y si cada vez hay más gente, sobre todo joven, que considera que pagar impuestos es un robo del Estado a los ciudadanos, imaginen hacia dónde nos encaminamos.

Lo dicho. Unos ejemplos, que son someros y menores, pero al menos tienen un toque divertido con el ánimo de no amargarles más si han llegado hasta aquí.

Recuerdo como si fuera hoy cuándo, cómo y dónde un empresario me contó dónde quedaba con un alcalde, por supuesto del PP, que le permitía una construcción ilegal a cambio de una mordida periódica que el empresario en cuestión le pagaba en metálico. Y cómo un día el regidor le preguntó si no estaría grabándole, por lo que decidió cachearlo por si llevaba un micrófono oculto. Si, como suena, un alcalde cacheando a un empresario por miedo a que estuviera registrando sus conversaciones.

Sé, porque también me lo han contado con pelos, señales e importes, que en el País Valenciano se han provocado mociones de censura previo pago de su importe por parte de empresas, generalmente a tránsfugas, de cantidades que asustan para cambiar un gobierno, por supuesto para que llegara al poder el PP, porque estaba al caer la licitación de un nuevo contrato de basura o agua, o ambos a la vez.

Sé, porque me lo han contado con pelos, detalles y nombres, que un ciudadano de nacionalidad extranjera tuvo que pagar 400 euros a un funcionario de un ayuntamiento para que le agilizaran y le concedieran lo antes posible, por supuesto saltándose la prelación, una licencia de obras. Y sé que un empresario tuvo que pagar 6.000 euros a otro funcionario, en este caso de una diputación, para que le firmara un informe que le permitiera el acceso de una carretera provincial a su negocio. A su imaginación queda pensar cuántos ciudadanos o empresarios más pasaron por la caja de estos funcionarios.

En el colmo de mis desdichas, sé, porque me lo han contado con pelos y detalles, que un concejal de un consistorio, en connivencia con la empresa, recibía mordidas de una adjudicataria de contratos municipales con las que llegó a pagar una intervención estética para que su pareja y él disfrutaran, si es que eso es posible, de unas buenas tetas con implantes de silicona.

Insisto, son solo unos casos que podrían pasar por anécdotas, pero, créanme, les podría contar casos mucho más graves. Por supuesto que son muy libres de pensar que me lo he inventado todo. No ofrezco pruebas, nunca lo podré demostrar, jamás los implicados se atreverán a contarlo públicamente porque ellos también estarían involucrados en un caso de corrupción, y, además, yo me comprometí a guardar el secreto mientras ellos quisieran que así fuera. Y con ellos me he ido de este oficio y me iré más allá.

Por eso, cuando les digan que todos los españoles somos iguales ante la ley, no se lo crean. Los periodistas, como los curas, tenemos derecho a guardar el secreto de confesión ante un juez sin que nos pase nada. Y ustedes, no. También somos una secta. A su parecer queda creer si, además, somos cómplices.