La justicia obliga a Fabra a destapar 3 millones de facturas de sus “tarjetas black”
El Tribunal Superior de Justicia obliga al gobierno valenciano a entregar 3 millones de facturas pagadas desde 2006 sin control presupuestario previo por ser dinero de libre disposición del departamento de Presidencia.
La Generalitat se negaba a detallar ante la oposición el destino de esos fondos –muchos millones de euros- pero la sentencia del alto tribunal valenciano, emitida tras una denuncia de Compromís, es clara: es contrario a la Constitución ocultar esas facturas de lo que, en opinión de Mònica Oltra, el político valenciano mejor valorado, son las tarjetas Black de la Generalitat.
El Consell se opone a detallar el gasto del dinero de la caja fija -nombre que reciben estos fondos 'opacos' en la jerga administrativa- por la enorme carga de trabajo que supondría. La caja fija es la partida que sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales, pero la oposición, ante la opacidad en este apartado, siempre ha desconfíado. La revelación de pagos con cargo a ese apartado de huevos Kinder, leche desnatada o una noche de hotel en año nuevo han azuzado las sospechas. Además, la Sindicatura de Cuentas ha detectado irregularidades en su uso.
La Generalitat, condenada a pagar las costas del proceso iniciado por Compromís, se plantea recurrir el fallo del TSJ, que le obliga a destapar sus gastos discrecionales desde 2006, cuando aún gobernaba Francisco Camps. Pese a su afán por mostrar transparencia, las sentencias por no facilitar información a la oposición se le acumulan.
En ese contexto, el sainete por la “caza del topo” que supuestamente ha desvelado varios escándalos de la gestión de Alberto Fabra, tampoco ayuda. De existir, el topo no aparece. Esa caza de brujas en el Palau de la Generalitat sólo se ha cobrado una víctima: el jefe de seguridad del Presidente.
