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Emergencia Climática ordena el territorio por criterios medioambientales para facilitar la instalación de energías renovables

La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, acompañada de Paula Tuzón, secretaria autonómica.

Laura Martínez

Valencia —

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La Comunitat Valenciana tiene una fuerte dependencia de combustibles fósiles y de la energía nuclear -un 86% del consumo entre las dos- y ha aumentado en un 42% las emisiones contaminantes en los últimos años. Teniendo en cuenta las características climáticas y geográficas, las renovables representan un porcentaje ínfimo en función del potencial del territorio. Otras autonomías como Castilla y León, de la denominada España rural o “España vacía”, han aprovechado el tirón de las renovables para el sector agrícola, donde ayuda a reducir costes y funciona como incentivo de empleo para luchar contra la despoblación.

La Comunitat Valenciana no quiere quedarse atrás en la lucha contra el cambio climático y ha comenzado a acelerar algunas acciones para reducir el impacto ambiental. La consellera de Emergencia Climátic y Transición Ecológica, Mireia Mollá, presentaba este martes el borrador de la Ley de Cambio Climático valenciana, una norma ambiciosa que se marca como objetivo reducir el 40% las emisiones contaminantes y la dependencia de las energías que las generan.

Para incentivar el consumo y la producción de energías limpias, que se consideran en la norma un derecho de la ciudadanía, la conselleria ha elaborado un mapa en el que con criterios medioambientales se marca el suelo en el que se puede favorecer la construcción de instalaciones de energía fotovoltaica. Con el trabajo de la conselleries de Ordenación del Territorio y de  Economía Sostenible, que deberían crear sus respectivas 'capas', se obtendría una fotografía nítida de todos los terrenos disponibles donde se pueden habilitar estas instalaciones. Latifundistas o minifundistas, de pequeños o medianos propietarios, públicas o privadas. 

En gris se encuentran en el mapa las zonas donde el departamento de Mollá cree que se puede favorecer la construcción de instalaciones de energía fotovoltaica -y así se incentivará con participación local, si la norma avanza-; en rojo, las zonas donde es imposible por la orografía o la protección del terreno; en naranja donde se puede estudiar. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que en 2030 debe haber una potencia instalada de energía fotovoltaica de 39.000 megavatios; una potencia que, teniendo en cuenta el peso económico y poblacional de la Comunitat Valenciana, se traduce según los cálculos de conselleria en 4.000 megavatios. Como máximo, para llegar a esa producción se necesitarían 12.000 hectáreas, un 1,5% del suelo común no urbanizable sin protección medioambiental, representado en gris en el mapa.

“Nuestra orografía es compleja y es necesario que marquemos dónde es posible [llevar a cabo las instalaciones]” explica Paula Tuzón, secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica. Tuzón explica que el mapa es un primer paso para facilitar a los ciudadanos y productores o promotores la información. “El proceso es algo farragoso y los promotores van un poco a ciegas. Intentamos ordenar esa implantación, desde punto de vista técnico y político”, añade.

Además, recalca la necesidad de una ordenación para evitar grandes concentraciones que pueden provocar la saturación de un territorio. “Las renovables no son solo una cuestión energética, también crean empleo. Queremos que despeguen, pero no queremos que se convierta en una burbuja inmobiliaria”, expresa. En la presentación de la norma, la consellera insistió en que otros proyectos políticos pretenden una liberalización total del suelo, que puede llevar a modelos especuladores como los que desencadenaron la crisis económica de 2008. La norma, insisten fuentes de este departamento, busca favorecer el autoconsumo y democratizar su producción, alejando la fotovoltaica del oligopolio.

De hecho, explica Tuzón, la norma regula las comunidades energéticas -una forma similar a las cooperativas- o el uso de “techo público para generar energía. Se busca al pequeño y mediano promotor”, añade. La norma establece el “marco legal que te permite el desarrollo para hacerte productor de energía renovable. Se prevén planes específicos y presupuestos climáticos”.

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