El juez del caso de Begoña Gómez exige a la Guardia Civil los contratos que ya han investigado los agentes
El juez que estudia la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le remita los contratos que fueron otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés desde Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid, informa Europa Press. La petición del juez consta en una providencia del 24 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada tres días después de que El País revelara el contenido del in forme de la UCO que plasma las conclusiones de los agentes sobre esos contratos, en el sentido de que no hay indicios de delito en la actuación de Begoña Sánchez.
En otra resolución, el magistrado Juan Carlos Peinado también acordó la formación de una línea de investigación separada tras la filtración del informe de la UCO que descarta la vinculación de Begoña Gómez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo que favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado.
El instructor acordó abrir esa nueva pieza por la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, puesto que la filtración del informe se produjo cuando la causa todavía estaba bajo secreto. Fueron los agentes del Instituto Armado los que alertaron al juez de la publicación del atestado en un medio a pesar de que este estaba, añadían, “amparado en el secreto de sumario”.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descarta la influencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de la aerolínea Air Europa y en las adjudicaciones a un empresario que era profesor en uno de los másteres que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Así consta en un extenso informe que el instituto armado remitió al juez de Madrid Juan Carlos Peinado el 14 de mayo pasado. Peinado había abierto una investigación contra Gómez tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias basada en informaciones de prensa, algunas de ellas falsas.
La UCO desmonta así los dos principales elementos en los que se basaba Manos Limpias para atribuir a la esposa del jefe del Ejecutivo delitos de corrupción y tráfico de influencias. Por un lado, la relación que estableció en el Instituto de Empresa —donde dirigió el IE África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022— con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa, una empresa que fue después rescatada por el Gobierno en la pandemia. Por otro, las cartas de declaración de interés que suscribió a favor de Carlos Barrabés, un empresario que accedió a ayudas públicas y que ejercía como profesor en el Máster de Transformación Social que ella dirigía en la Complutense.
Además, la Guardia Civil desmiente una información publicada por el digital The Objetive que atribuía una subvención pública a Gómez y que también estaba recogida en la denuncia de Manos Limpias. Los investigadores cotejaron el DNI de la receptora de esa ayuda pública —también llamada Begoña Gómez— con el de la mujer del jefe del Ejecutivo y constataron que se trataba de otra persona. “Es importarte señalar que no se ha hallado constancia de que María Begoña Gómez Fernández haya recibido ninguna subvención pública. La referencia en las noticias de prensa a tal subvención se corresponde con una recibida por otra persona física que comparte el mismo nombre y apellidos, pero se trata de personas físicas distintas”, recoge el informe.
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