Los (otros) beneficios eléctricos caídos del cielo

El incremento del precio de la electricidad está suponiendo un duro golpe a los bolsillos de los ciudadanos y empresas. No es el único producto que ha aumentado su precio estos últimos meses, pero sí tiene una relevancia especial al tratarse de un bien de primera necesidad que debería tener una regulación más proteccionista hacia los consumidores. El sistema marginalista con el que se fija el precio de la electricidad ha quedado obsoleto ante la nueva realidad del mix eléctrico, debido a la presencia creciente de energías renovables sin coste marginal y a unos costes de CO2 que afectan sólo a un pequeño porcentaje de centrales pero que se internalizan en el precio final de toda la electricidad que se vende. En momentos como el actual, el sistema marginalista genera una excesiva sobreremuneración a la gran mayoría de generadores a costa del bolsillo de los consumidores, algo que se aleja de cualquier óptimo económico o social y ante lo que los poderes públicos no pueden permanecer pasivos.

Pero más allá de este conocido problema, hay otra situación inaceptable que afecta a los productores individuales, es decir, a aquellos que decidimos poner paneles solares sobre nuestro tejado y que seguimos conectados a la red, a falta de que bajen los precios de las baterías que, en todo caso, es una inversión más para pequeños productores.

Resulta que las compañías comercializadoras pagan la producción de kWh no autoconsumidos a estos productores individuales con instalaciones de autoconsumo, a un precio que ronda los 5 cent, mientras que esas mismas empresas cobran el kWh consumido de red a un precio medio de alrededor de 15 cent. Es decir, como mínimo el al triplica del anterior. En otros países existe lo que se llama el balance neto, es decir, que cada kWh que se genera en exceso compensa a otro que vayas a consumir de la red en otro momento, por lo que podríamos decir que se iguala su valor. En España esto no es así, porque se decidió pagar el kWh a exactamente su precio de mercado. Recordemos que, cuando consumimos de red, no sólo estamos pagando la energía, sino que también pagamos los costes de transporte y distribución de electricidad y los cargos asociados al sistema, por eso el kWh que consumimos cuesta mucho más que el kWh que vendemos, que es energía sin más. Pero la diferencia es excesiva por lo que deberían, para favorecer la instalación individual, aproximar ambos precios.

El sistema tiene su lógica, al fin y al cabo, la energía que consumo de la red a lo mejor viene de una central a decenas o centenares de kilómetros de mi casa y tiene que pasar muchos kilómetros de red y realizar muchas transformaciones. El problema es que esta lógica se rompe cuando los kWh que vertimos a la red son automáticamente consumidos por el consumidor que tenemos más cerca, normalmente alguno de nuestros vecinos, cuyo contador está a escasos metros del nuestro. Ese kWh ha circulado por pocos metros de red, no ha pasado por la red de transporte, no ha cambiado de tensión, no ha supuesto inversión alguna para la distribuidora, pero, en cambio, nuestro vecino lo paga como si viniese de una lejana central nuclear.

La cuestión se convierte en absurda cuando analizamos el propio régimen de autoconsumo colectivo que existe en España, donde una instalación de autoconsumo puede entregar energía a varios consumidores siempre que estén a 500 metros a la redonda de esa instalación ¿Por qué a 500 metros se supone que no hay coste de red, pero a mi vecino, que consume físicamente mi excedente que se genera a 10 metros de su casa, se le cobra la red entera? Este pago extra, al final, son ingresos del sistema eléctrico para remunerar a las empresas que realizan las actividades reguladas. Muchos dicen que el autoconsumo pone en riesgo los ingresos del sistema al ayudar a la gente a consumir menos, pero no dicen que genera “inmensos beneficios caídos del cielo” (windfall profits) con los excedentes de los autoconsumidores que pueden alcanzar, como sucede con el pico actual de precios, 500 veces los costes reales de las empresas productoras.

Urgen modificaciones legislativas a este respecto, para que esos kWh vertidos puedan ser algo mejor remunerados en pago al poco uso que hacen de la red o, alternativamente, facilitar al autoconsumidor que pueda darle otros usos a esos kWh sin trabas ni cargos añadidos, facilitando la vida a los pequeños productores individuales que no quieren convertirse en empresa ni asociarse en comunidades de producción. ¿Por qué no puedo cedérselos a mi padre o a mi vecino sin tener que hacer un rígido autoconsumo colectivo? Técnicamente es posible y, además, permitiría un uso más óptimo e intensivo de los tejados, con menores costes de instalación por KWp instalado (al ser instalaciones más grandes), lo que redundaría en más potencia fotovoltaica instalada.

Finalmente debería tenerse en cuenta la importante reducción de CO2 que los miles de instalaciones para autoconsumo producen para el país y que deberían compensarse en las facturas de los consumidores. Esto, además de ser justo, sería una forma de promover las instalaciones que es un objetivo un objetivo de país para alcanzar la transición energética global.