Francisco Camps y la pena de telediario

Días antes de sentarse en el banquillo para ser juzgado en la Audiencia Nacional por una de las piezas finales de ese largo y escandaloso proceso judicial sobre la corrupción del PP que se ha denominado caso Gürtel, Francisco Camps compareció ante sus seguidores más fieles en València para hablar de la “pena de telediario”. Más específicamente, para quejarse de ser víctima de ese fenómeno que, debido a la difusión de imágenes de la entrada y la salida de los afectados en sede judicial y a las informaciones en los medios sobre los detalles de la instrucción recogidos de los sumarios, deteriora la imagen de los imputados cuando, según la ley, gozan del derecho a la presunción de inocencia.

Está muy quejoso Camps de la actuación de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que en su opinión deberían desaparecer; así como de unos cuantos jueces a los que descalifica sin ambages porque han actuado en algún momento en su investigación, y, por supuesto, de los socialistas y el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por actuar como acusación. Y, claro, de las filtraciones a los medios de comunicación, que habrían contribuido a “triturar” la imagen de su “extraordinaria gestión” al frente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011.

Como es obvio, las numerosas condenas judiciales que la actuación de la trama que lideraba Francisco Correa ha cosechado estos últimos años por su probada relación delictiva con el poder político en la Comunidad Valenciana, precisamente durante la época de gobierno de Camps, desde la financiación ilegal del PP hasta el saqueo de la televisión autonómica con motivo de la retransmisión de la visita del Papa a València, pasando por la prevaricadora contratación del pabellón institucional en Fitur, se vuelven fantasmagóricas en el discurso de quien llegó al Palau de la Generalitat Valenciana como una esperanza de que se superara la sospechosísima etapa de Eduardo Zaplana y acabó chapoteando en el mismo lodazal. E imitando una actitud de prepotencia partidista, maniqueísmo ideológico y megalomanía propagandística, que instrumentalizaba los telediarios para proyectarse sin el menor sentido del ridículo en un abuso de poder completamente obsceno.

Camps no lo expresa así, pero su propósito real no es limpiar una imagen deteriorada sino salvar la última acusación penal a la que se ve en el trance de hacer frente. Sin duda, el expresidente valenciano aspira a que lo suyo quede en “pena de telediario”, aunque eso todavía está por ver, sobre todo porque hay varias declaraciones de imputados que le señalan en la adjudicación de contratos a la red corrupta. Entre ellas, la de Álvaro Pérez, El Bigotes, con quien tuvo tanta amistad como para dejarle entrar en casa y relacionarse con su familia. Pérez, desde la empresa Orange Market, dirigió la terminal valenciana de la trama de corrupción que, entre otras cosas, captó al menos 1,8 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat Valenciana por las que esta semana serán juzgados, además de El Bigotes, varios antiguos altos cargos y consellers junto a quien fue su jefe, ahora convertido en un político victimista, aunque no menos prepotente y maniqueo que cuando gobernaba.

Si hay algo patético en la política valenciana más o menos reciente es ese victimismo ventajista de quien tuvo todo el poder y lo dilapidó con compañías poco recomendables y, pese a ello, consiguió (en un gran “servicio” del Tribunal Superior de Justicia, que lo desvinculó así del resto de la investigación trasladada a la Audiencia Nacional) salir absuelto por los pelos del juicio de los trajes regalados por El Bigotes mientras otros acusados en sus mismas circunstancias eran condenados porque confesaron; se libró de las investigaciones por la ruinosa organización de la Fórmula 1 en València y, gracias a su aforamiento y otra vez a la “protección” del TSJ valenciano, eludió ser imputado en el caso Nóos, en el que sin embargo, además de Iñaki Urdagarin, acabaron condenados en las Illes Balears otros en situaciones equiparables, como el expresidente Jaume Matas. Ahora afronta la recta final de la depuración de una época con la estrategia de apelar a la pena de telediario para librarse definitivamente de cualquier condena. La era de Camps, como la anterior de Zaplana, fue un periodo tristemente corrupto, acabe o no condenado por ello su protagonista.