Sobrevivir “sin papeles” tras la pandemia

Félix nació y creció en Sierra Leone, donde se formó y trabajó para atender a pacientes con el virus del Ébola. Ahora es voluntario en Torrent. Llegó al puerto de València rescatado por el Aquarius y aún espera el permiso legal para vivir en España. Rosi, de Ecuador, cuidaba de Paco, un hombre de más de ochenta años en silla de ruedas de quien sus hijos no se podían ocupar. Sandra es colombiana y limpiaba por días en las casas de Carmen, Anna y Lola. Elena se ocupaba de recoger a Marina del cole, darle de merendar y hacer la cena mientras la madre de Marina hacía el turno de tarde en su empresa. Su marido Radu, también rumano, recoge chatarra. Mamadou se levantaba de madrugada, dejaba el piso que compartía con siete senegaleses más y ponía rumbo a la rotonda de la salida de Orihuela, donde paraban las furgonas que iban hacia los campos; un día cogía limones, o mandarinas, o lo que tocara, según la temporada. El dinero que Rosi, Sandra, Mamadou y Elena obtenían variaba según el mes y no se podía considerar un salario. Pero algo es algo; al fin y al cabo, tampoco tenían contrato…

Cuidaban. Limpiaban. Sobrevivían. Hasta que llegó la COVID-19 y la cuarentena. Los afortunados que teníamos un empleo y no fuimos despedidos o incluidos en un ERTE, nos adaptamos al teletrabajo y a conciliar más que nunca, multiplicando las horas y las tareas. Pero, ¿qué pasa con las Rosis, las Sandras, las Elenas y tantas otras personas que vivían de la economía informal ante la imposibilidad de trabajar (y vivir) legalmente? Sin permiso de trabajo o residencia, sin tarjeta SIP y sin empadronamiento, simplemente no existen y se han quedado sin sustento. Deben recurrir a las ayudas de emergencia y a la solidaridad de las redes de apoyo. Ninguna persona en un país democrático como el nuestro debería tener que llegar a eso.

Ante una emergencia sanitaria y de salud pública, es urgente que todas las personas tengan sus derechos cubiertos. Al menos, los más básicos: poder alquilar una casa; comprar comida para tu familia; inscribirte para la búsqueda de empleo; escolarizar a tus hijas; acudir a la consulta de un centro de salud con normalidad a que te atiendan de una enfermedad común; salir a la calle a pasear sin tener miedo a que te encierren en un CIE por tu color de piel. Y todo eso, no se puede hacer siendo “ilegal”.

Por eso, para no dejar a nadie atrás, es urgente proceder a la regularización de todas las personas migrantes que se encontraban en el territorio español cuando se decretó el estado de alarma. Porque si en estos días la movilidad está reducida al máximo, si las fronteras están cerradas, nadie puede ser deportado y, por tanto, todo el mundo tiene que ser regulado.

Por eso en Compromís instamos al Gobierno central a hacer una regularización sin condiciones y sin dilaciones.

Urge revocar todas las órdenes de expulsión en vigor, por razones humanitarias y por responsabilidad con la preservación de la salud pública hacia países terceros, que tienen sistemas sanitarios más precarios que el nuestro, con lo que la entrada del virus en su territorio les colocaría ante una catástrofe de dimensiones colosales. Se deben renovar de todos los permisos de residencia y de trabajo pendientes de tramitación y paralizados para hacer efectiva la atención sanitaria universal a todas las personas en riesgo de exclusión, sin importar su lugar de nacimiento, que viven en España. También instamos al Gobierno a agilizar las solicitudes de asilo, porque para las personas que son perseguidas en su país, este trámite es literalmente una cuestión de vida o muerte.

No sería la primera vez que el Gobierno de España haría una regularización como ésta; en las últimas dos décadas tanto Ejecutivos del PP como del PSOE las llevaron a cabo, y en aquellos momentos no había una pandemia global. En Compromís pensamos que nadie debe quedar atrás y que ninguna persona es ilegal.