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Opinión – Emociones, por Rosa María Artal

Queremos que los cierren y que se pueda migrar

La muerte este lunes de un joven interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de València nos obliga de nuevo a exigir su cierre, como llevamos pidiendo de forma reiterada, en un debate cíclico y que hace tiempo debería estar cerrado. En 2015 las Cortes valencianas ya aprobaron, a propuesta de mi compañera de Compromís Isaura Navarro, una proposición no de ley exigiendo al gobierno central el cierre de los CIE. No queremos que “mejoren” las condiciones en que se encierra a personas migrantes por el mero hecho de serlo, queremos simplemente que los CIE dejen de existir. Todos los del Estado español.

Tal y como exige la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las Deportaciones (CIEs NO), yo también exijo una investigación inmediata, rigurosa y objetiva sobre las circunstancias de la muerte del interno, motivo por el cual pediré la comparecencia en Les Corts del delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. Joan Baldoví en el Congreso también presentará una solicitud de comparecencia del ministro de Interior Grande-Marlaska. También necesitamos conocer la identificación de la persona fallecida y ofrecer medidas de reparación a su familia, no sin dejar claro que migrar no es un delito, sea cual sea tu nacionalidad.

Desde 2007, según el recuento de CIEs NO, al menos nueve personas han fallecido en condiciones de encierro y traslado forzoso. De manera que no podemos sólo lamentar sus muertes y seguir como si nada, porque estas vidas estaban bajo custodia, encarceladas por una falta administrativa que no es delito, en una situación provocada por nuestro “estado de derecho”.

Las personas migran porque huyen del hambre, de la guerra, de la emergencia climática, de la pobreza, del miedo a ser asesinadas por amar a quien amaban, por sus ideas, para buscar una vida mejor o por una combinación de todo lo anterior. Y, fundamentalmente, porque migrar es (o debería ser) un derecho. Son personas que la capitana Carola Rackete, a la que la mayoría convenimos en calificar de heroína, no hubiera dudado en salvar de encontrárselas en alta mar. Son personas como las que el verano pasado llegaron en el Aquarius y en València no dudamos en acoger. Y estoy segura de que la sociedad valenciana no ha cambiado en un año y sigue estando dispuesta a reclamar vías seguras y legales para migrar para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en paz y con plena dignidad.

El que no sabemos si ha cambiado es Pedro Sánchez. El candidato a presidir el gobierno de España tiene ahora de nuevo la oportunidad de escuchar a esta sociedad acogedora y solidaria, y no debe perder un minuto más en formar un gobierno en el que demuestre, con hechos, que se trata de un Ejecutivo verdaderamente progresista, feminista y antirracista que se desmarca de las políticas de migración de los gobiernos españoles anteriores, tanto del PP como del PSOE. También el socialista Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores en funciones pero en la carrera por ser alto representante para la Política Exterior de la Comisión Europea, debe demostrar que tiene la convicción de que se puede construir una nueva Unión Europea desde un enfoque de Derechos Humanos que nos haga sentir, precisamente, ni más ni menos que personas.

Cristina Rodríguez es diputada y portavoz de Compromís de la Comisión de Derechos Humanos en las Corts Valencianes.

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Publicado el
16 de julio de 2019 - 22:28 h

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