Colectivos LGTBIQ+ suprimen la fiesta posterior a la manifestación del Orgullo para evitar participar del “pinkwashing” del Gobierno valenciano de PP y Vox

“La noche del 28 nos refugiaremos en los locales LGTBIQ+ como hemos hecho históricamente cuando no teníamos el apoyo que hay actualmente”, manifiestó Fran Fernández, coordinador general de Lambda, durante la rueda de prensa convocada por colectivos LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana para oponerse a una fiesta posterior a la manifestación del Orgullo.

Este hecho ocurre por primera vez desde que se celebró la marcha en Valencia en el año 1979. Lo hacen por su disconformidad con las acciones políticas emprendidas por el Gobierno valenciano de PP y Vox, tanto a nivel autonómico como local.

Según han explicado estas entidades, las “amenazas, coacciones, insultos y malas caras constantes”, junto a “los recortes en derecho e injerencias” les han llevado a oponerse a un acto de “pinkwashing” (estrategia de márquetin que pretende promocionar una institución o país para mostrar una imagen progresista y simpatizante hacia el colectivo LGTBIQ+) para favorecer a los populares y a su socio de gobierno.

Limitación en derechos e incidencia sociopolítica

Las organizaciones han asegurado que la Generalitat, junto a la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, crearon en 2023 un “comité organizador constituido a espaldas de los consejos consultivos LGTBI y Trans”.

A ello, se le suma el abandono de este colectivo en la composición del Comité de los Gay Games 2026 que se celebrarán en la capital del Turia o el último polémico nombramiento “a dedo” por parte de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Susana Camarero, del alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, del PP, como portavoz del Consejo Consultivo Trans.

En líneas similares, el escrito que firman las tres organizaciones destaca el recorte en “derechos durante el primer trimestre de 2024”. Concretamente “la eliminación de la formación en diversidad LGTBI a más de 20.000 jóvenes en la provincia de Valencia, la censura de libros infantiles sobre diversidad familiar y LGTBI y la negación de la discriminación que padece el colectivo LGTBI por parte de miembros del Gobierno valenciano”.

Respecto a las políticas locales, el equipo de la alcaldesa Maria José Catalá eliminó el pasado mes de marzo el servicio de atención y asesoramiento afectivo-sexual, Infosex, orientado a la población más joven. Su justificación fue la disminución de la demanda, sin embargo, desde la oposición aseguraron que los datos estaban “tergiversados por motivos ideológicos” y que durante los cuatro años anteriores se ha asistido a cerca de 4.000 jóvenes.

Uno de los últimos enfrentamientos entre el PP y Vox fue la aprobación de una propuesta para colgar la bandera LGTBIQ+ en las Corts Valencianes. La resolución salió adelante con los únicos votos del Partido Popular porque desde la oposición (Compromís y PSPV) consideraban que no llevar a cabo actos institucionales con colectivos queer y solamente colocar la bandera era una medida insuficiente.

La presidenta ultra de la Cámara, Llanos Massó, justifica que su partido se ha desmarcado del apoyo a su socio porque “los edificios públicos no son lugar para colgar banderas que no son oficiales” y que ellos están “en contra de colectivizar a las personas”.

Respuestas desde el consistorio

Desde el Ayuntamiento de Valencia se muestran sorprendidos por el día escogido para la celebración del Orgullo. Según declaraciones de la concejala de Deportes, Igualdad y Educación, Rocío Gil, se llevó a cabo una reunión con Lambda en la que se acordó que la celebración de la manifestación tendría lugar el 22 de junio.

Asimismo, explican que no hubo “ningún tipo de disconformidad con las propuestas comentadas y que en todo momento se mantuvo una conversación en tono cordial” y añaden que Lambda sigue recibiendo una subvención incluida en los presupuestos municipales.

Respecto la oposición, la concejala de Compromís Luïsa Notario se ha posicionado a favor de las organizaciones LGTBIQ+ y ha instado a que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, den un paso al frente y “rectifiquen respetando la independencia y soberanía de las entidades”.

Siguiendo en esta línea, Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, asegura que esta denuncia pública se suma a otras anteriores como la que se hizo respecto la elección del alcalde del PP como representante del Consejo Consultivo Trans; otra por apartarles de los Gay Games; y “la de la asociación LGTBI de Alcoy Puentes de Igualdad por injerencias en su manifiesto y lema del orgullo por parte de la Dirección General de Diversidad de la Generalitat”.

La portavoz ha señalado que el PP “tiene un círculo de desprecio, de negación de los derechos LGTBIQ+ y de su invisibilización que no pueden eliminar por mucho que ahora quieran hacerse un lavado de imagen de su histórica y acreditada LGTBIfobia”.

Desde Compromís exigen “el cese inmediato” de la concejala de Igualdad, Rocío Gil, así como del Director General de Diversidad, Stephane Soriano, quien supuestamente ha amenazado a las entidades con frases como “quien paga manda” o “quien no hace lo que yo quiero que se olvide de subvenciones”.

Tras las declaraciones de Lambda, Soriano ha respondido a través de un comunicado en el que expresa “su sorpresa por las acusaciones emitidas” y ha subrayado que desde la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad han mantenido reuniones con todas las entidades LGTBIQ+ de la comunidad autónoma: “Lamba fue el primer colectivo recibido solo cinco días después de tomar posesión de mi cargo como director general”.

Por su parte, el director general también ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana no debe caer en “discursos sectarios en un tema transversal que debe afrontarse en unidad y consenso”.