Pugna por la Marina de Gandia: el Real Club Náutico denuncia falta de solvencia de la concesionaria

Una empresa sin actividad en 2023 y con pérdidas acumuladas gestionará durante los próximos 35 años la Marina de Gandia, una instalación que desde 1957 había estado bajo el control del Real Club Náutico de Gandia (RCNG). La decisión, adoptada por la Autoridad Portuaria de València (APV), ha abierto un proceso administrativo aún en curso, con denuncias cruzadas, alegaciones de falta de transparencia y un intenso debate sobre el futuro del espacio portuario.

La adjudicataria, Alcara Infraestructuras SL (bajo la actual denominación de Nueva Marina de Gandía SL), se impuso en el procedimiento de concesión, resuelto en abril de 2024. El RCNG, por su parte, considera que ha sido desplazado de forma injusta y ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), además de una denuncia ante el Consejo Nacional de Transparencia.

El conflicto judicial empezó en 2016, cuando el RCNG solicitó la renovación de su concesión, según documentación del Club Náutico. Durante el trámite, apareció Alcara Infraestructuras SL, una empresa sin trayectoria en el sector náutico. En 2017, la APV otorgó inicialmente la concesión a Alcara, pero el RCNG recurrió la decisión, logrando su anulación. Al año siguiente, el club náutico fue finalmente reconocido como concesionario durante 25 años. Sin embargo, en 2020, una sentencia del TSJ-CV revocó la concesión y obligó a reabrir el procedimiento. Finalmente, en abril de 2024, la APV asignó la concesión a Alcara por un periodo de 35 años. El club náutico dejó de gestionar las instalaciones tras casi siete décadas al frente.

El RCNG alega que Alcara no cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos para gestionar unas instalaciones de uso náutico y deportivo. En su recurso contencioso, el club denuncia la falta de experiencia y de capacidad jurídica de la empresa, la presentación fuera de plazo de la garantía provisional, la ausencia de solvencia económica suficiente para afrontar una inversión superior a los ocho millones de euros y la omisión del informe preceptivo de Puertos del Estado.

También cuestiona la adecuación urbanística del proyecto presentado por Alcara y señala que se ha desnaturalizado el objeto de la concesión, pasando de un modelo deportivo y social a un enfoque comercial de explotación privada.

La empresa, según los últimos balances disponibles, no registró ingresos en 2023 y acumulaba pérdidas por valor de 30.991 euros. Nueva Marina de Gandía SL cuenta con un capital social de 50.000 euros, dispone de poco más de 22.000 euros en caja y arrastra una deuda a corto plazo de 12.793 euros. Además, presenta bases imponibles negativas desde 2017.

La sociedad, según el RCNG, tampoco tiene trabajadores en nómina, y su solvencia se basa en documentos de otras empresas del grupo que no tienen el vínculo jurídico exigible.

Este diario se ha puesto en contacto con Paco Herrero, presidente honorífico de Alcara, quien niega todas esas acusaciones sobre la falta de solvencia y confirma la capacidad de afrontar los ocho millones de inversión del proyecto. “Los que no pueden son ellos, porque yo he sido vicepresidente y tesorero del Club Náutico. Nosotros tenemos empresas asociadas que aportan el capital para esta obra”, explica.

Herrero afirma que la empresa empezó a facturar en 2024 y que en 2023 no realizaban ningún tipo de actividad. Además, insiste en que la idea principal de la Marina es dar un servicio náutico a la población y, por otro lado, fomentar el deporte de vela, remo o las motos de agua.

En este contexto se suma la dimisión del ingeniero Adrián Carbó, designado inicialmente como gerente del proyecto, quien abandonó el cargo apenas 15 días después de asumirlo. Paco Herrero atribuye la salida a una “decisión personal” y asegura que mantiene una relación de amistad con Carbó, quien estuvo presente el pasado 29 de mayo en la presentación de la nueva marina.

“Silencio administrativo”

Además, el RCNG también ha presentado una denuncia ante el Consejo Nacional de Transparencia. Acusa a la Autoridad Portuaria de València de incumplir sistemáticamente la Ley de Transparencia, al no responder a las numerosas solicitudes de acceso a información relacionadas con el procedimiento de adjudicación, la ejecución del proyecto y los incumplimientos de la concesionaria.

El club ha solicitado documentación sobre cesiones a terceros como Onlyparking SL y sobre los supuestos usos indebidos del espacio, cortes del suministro eléctrico a sus antiguos amarres, apropiación de bienes e incluso la solicitud de extinción de la concesión por incumplimientos contractuales.

Ninguna de estas solicitudes, según el RCNG, ha sido contestada por la APV, que habría incurrido en un silencio administrativo que consideran denegatorio. Por el contrario, las peticiones de Alcara han sido tramitadas con agilidad y respuesta favorable, algo que el club interpreta como un posible trato discriminatorio.

Por otra parte, la concesionaria anunció el pasado 29 de mayo que las obras comenzarían en septiembre de 2025, con una duración de 18 meses y una inversión de cerca de ocho millones para una marina con 268 amarres, 163 plazas de aparcamiento y una sede social de 1.440 metros cuadrados.

El plazo contractual para iniciar efectivamente las actuaciones vence este mes de junio de 2025, un año después de la formalización de la concesión. De no cumplirse este hito, la Autoridad Portuaria podría iniciar un expediente de caducidad, tal como contempla el pliego de condiciones.

Abandono de las instalaciones

Paralelamente, mediante un comunicado y varias reclamaciones formales dirigidas a la APV (difundidas por el medio digital Saforguia.com) un grupo de usuarios ha denunciado la falta de inversión, el mantenimiento deficiente y diversos riesgos para la seguridad en la marina. Entre los ejemplos citados destacan la presencia de cascotes, hierros oxidados, cables eléctricos sin protección y la reciente caída de un pantalán de hormigón, reemplazado únicamente por una estructura de madera provisional.

Preguntado por estas quejas, Herrero defiende que el RCNG es quien dejó las instalaciones en esas condiciones y asegura que ha sido Alcara quien se ha encargado de arreglar dos pantalanes inoperativos: “Nos hemos gastado más de 70.000 euros. Nos han dejado unas instalaciones abandonadas”, manifiesta.

El RCNG también mantiene un conflicto económico con la Autoridad Portuaria por la retención de más de 285.000 euros en avales presentados durante su etapa como concesionario. El club asegura haber cumplido con todas las obligaciones legales y aportado los avales requeridos, incluyendo garantías provisionales, de ejecución y de explotación.

Sin embargo, la APV habría tardado más de tres años en resolver un recurso tributario, reteniendo dichos avales incluso después de haberse acreditado el pago de las deudas alegadas.

Además, según el club, la devolución de estas garantías fue condicionada a la firma de un acta de reversión que implicaría renunciar a reclamar más de 290.000 euros en activos propios no recuperados tras la entrada de Alcara. El RCNG tilda esta actuación de presión institucional incompatible con los principios de la buena administración.