La aprobación de la ampliación del Puerto de València se retrasa y podría quedar en el aire hasta la próxima legislatura

La aprobación de las obras de la polémica ampliación del Puerto de València se retrasa y su visto bueno podría posponerse hasta la próxima legislatura, teniendo en cuenta los trámites que quedan pendientes y que los comicios autonómicos están previstos, si no se produce un adelanto, pare mayo del año que viene. En el caso de las elecciones generales, queda algo más, ya que si se agota el mandato de Pedro Sánchez se celebrarán en noviembre de 2023.

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, no se atrevió este jueves tras el consejo de administración a hacer previsiones en este sentido tras detallar los trámites que quedan pendientes, aunque sí mostró su voluntad de que se apruebe “lo antes posible”.

Según comentó, tras presentar el proyecto constructivo de los muelles que ha obtenido el aval técnico de Puertos del Estado, condicionado a que se justifique que los cambios realizados no requieren de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), hace dos meses presentaron al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) toda la documentación necesaria para pasar el siguiente trámite, en concreto, el informe de compatibilidad de estrategias marinas.

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, configura un marco normativo completo dirigido a garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar, de manera que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino.

De acuerdo con esta normativa, la autorización de cualquier actividad que requiera, bien la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo, bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, así como los vertidos, deberá contar con el informe favorable del MITECO respecto de la compatibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente.

El plazo para emitir estos informes está asimismo regulado en la normativa citada. El informe de compatibilidad con la estrategia marina tiene la naturaleza de informe preceptivo y vinculante, y se emitirá en el plazo de treinta días hábiles.

Martínez comentó que esperan tener este documento como muy tarde tras el verano. De esta forma, el siguiente paso sería la aprobación en el consejo de administración del proyecto constructivo de los nuevos muelles, el cual debería pasar una fase de exposición pública (mínimo 30 días más) para la presentación de las alegaciones oportunas. Posteriormente, el proyecto se llevaría a la aprobación del consejo de ministros para su aprobación, momento en el que ya podría licitarse.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre la petición de suspensión cautelar de toda la tramitación del proyecto hasta que falle sobre si la la delegación de competencias del MITECO al Puerto de València en cuanto a la necesidad de una nueva DIA es ilegal, tal y como ha denunciado la Comissió Ciutat-Port.

Conservación del faro antiguo y ZAL

Martínez explicó que las obras de ampliación no implicarán la demolición del faro histórico, sino que se construirá una réplica en otra zona que será visitable, pero que el original se quedará en su ubicación actual.

En cuanto a la propuesta realizada por la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera las parcelas de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) más alejadas del Puerto para completar un corredor verde, Martínez comentó que como presidente de la APV le gustaría que todo el ámbito se dedicara a uso logístico, pero que se trata de una decisión política que conocía y en la que no entra, puesto que el suelo no es del Puerto, sino del Gobierno, en concreto de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES): “Es decisión de la Generalitat y el Ayuntamiento comprar el suelo a esta entidad y decidir si se gastan entre 20 y 40 millones en estas parcelas”.

En cualquier caso, advirtió de que si se opta por esta vía, habrá que esperar igualmente a que se resuelva el litigio judicial, tras los recursos presentados ante el Supremo sobre la última sentencia que mantiene la ilegalidad del Plan Especial de la ZAL.