Borja Sanjuán, concejal de Hacienda: “Subiremos un 30% el IBI a los grandes tenedores de viviendas vacías en València”
Con tan solo 27 años, el socialista Borja Sanjuán fue nombrado concejal de Hacienda el pasado 24 de julio, tras el repentino fallecimiento del responsable del área en los últimos cinco años, Ramón Vilar.
Graduado en Derecho, Ciencias Políticas y de las Administraciones Públicas y Economía por la Universitat de València, Sanjuán tiene la nada sencilla tarea de elaborar unos presupuestos municipales en un contexto de crisis causada por la pandemia del coronavirus, los cuales deben recoger los aspectos básicos del acuerdo de reconstrucción aprobado recientemente.
Su nombramiento fue, seguramente, en una situación que no es la más deseada, ¿no?
Desde luego, a mí me hubiera encantado no haber tomado posesión porque querría decir que no habríamos padecido la pérdida de Ramón que al final además de un excelente gestor y de un excelente compañero, era un buen amigo y al final claro, entrar en estas circunstancias es una entrada dolorosa porque perdemos a una persona muy importante dentro del Ayuntamiento, para el partido y también a un buen amigo.
¿Tuviste alguna duda a la hora de coger la cartera la Hacienda?
No porque ya había trabajado con Ramón en varios temas de Hacienda, de hecho estuvimos trabajando juntos en las modificaciones de crédito con motivo del COVID-19 y en los primeros pasos de la elaboración de los próximos presupuestos. Además, por formación tampoco es una cosa que me sea ajena y no se planteó la verdad hacer una reordenación de competencias en el grupo municipal socialista. Me lo comento la vicealcaldesa Sandra Gómez y fue un traspaso de la más natural.
¿Cuáles van a ser las líneas básicas de los próximos presupuestos municipales?
Está claro que van a ser más difíciles que los de los años anteriores porque evidentemente los ingresos que tiene el Ayuntamiento se van a reducir porque ha habido una contracción de la economía muy fuerte producida por la COVID-19. Cuando pasan estas cosas hay dos tipos de maneras de enfrentarse a estas situaciones. Una es intentar ajustar la administración pública a la nueva realidad de los ingresos, es decir, reducir lo que hace la administración, lo cual es una visión muy liberal. Hay otra visión más progresista y socialdemócrata que es que en épocas en las que el sector privado tiene dificultades el sector público tiene que tirar de todos los recursos que tiene a su alcance, incluido por ejemplo el endeudamiento, para mantener la fortaleza de los presupuestos públicos y poder de esta forma compensar el parón económico. Esta segunda opción es la que creo que representa mejor al Gobierno municipal que encarnamos que es un Gobierno de izquierdas y progresistas. En ese contexto tan difícil se intentará que los presupuestos sean lo más potentes posibles.
¿Recurrirán entonces al endeudamiento para suplir la merma de ingresos?
Durante estos años se ha amortizado muchísima deuda porque ha habido una gestión muy buena de los presupuestos. Eso nos permite ahora que la deuda no tenga que ser un dogma. Nosotros no estamos ahora ante la necesidad de seguir amortizando deuda al nivel que se amortizaba en los años anteriores. Si la prioridad no es esa, lo que vamos a intentar hacer es evitar al máximo los recortes presupuestarios y que el presupuesto sea un presupuesto de reconstrucción que desarrolle las líneas del Pacto de Reconstrucción que firmaron todos los grupos municipales menos Vox, que directamente tiene una posición de no sentarse en la mesa. Por tanto, si los presupuestos recogen lo firmado en ese pacto lo lógico sería que los diferentes partidos apoyaran esos presupuestos.
¿Se mantendrá el nivel de inversiones en los barrios?
Sí, habrá inversiones, se mantendrán todas las inversiones importantes y la idea inicial es que el esfuerzo inversor del Ayuntamiento no se vea mermado porque, por poner un ejemplo, una inversión que ha sido tan criticada por la oposición como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento ha posibilitado que muchos trabajadores hayan salido de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para trabajar en estas obras. Si nosotros paráramos o redujéramos las inversiones lo que estaríamos haciendo es poner las cosas mucho más difíciles a la recuperación, y el trabajo del Ayuntamiento es justamente el contrario. Si la inversión privada va a sufrir, la inversión pública no puede cruzarse de brazos.
¿Y una forma de ayudar a los ciudadanos no sería bajar los impuestos?
Depende de lo que entendamos por una bajada de impuestos. Por ejemplo, si nosotros bajamos a todo el mundo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) independientemente de su situación económica, habría gente que tendría capacidad económica y recursos y pagaría menos. Y eso repercutiría en que el Ayuntamiento tendría menos ingresos para ayudar a la gente que más necesitada. Lo que estaríamos haciendo sería regresivo, estaríamos perdonando impuestos a gente que tiene capacidad económica a cambio de no tener recursos para ayudar a gente que no la tiene. Los impuestos no son ni buenos ni malos, son los que deben permitir servicios públicos y redistribuir renta. Por eso es falaz decir que bajar los impuestos a todo el mundo ayuda a las familias valencianas. Es ayudar a las que tienen más recursos a cambio de tener que abandonar a los que menos tienen.
¿Entonces sí que se podría hacer una revisión para bajar los impuestos los que menos recursos tienen?
Los impuestos municipales son bastante complicados de modular. Por ejemplo el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se cobra a las empresas que facturan más de un millón de euros y el IBI es un impuesto sobre la propiedad en el que no se puede hacer discriminaciones por renta. Los impuestos que tiene cualquier ayuntamiento no son fáciles de reducir de forma progresiva. Lo que podemos hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, actuar reduciendo o eliminando las tasas de mercados o las de terrazas, es decir, sobre sectores que se han visto directamente afectados por la pandemia.
¿Va a seguir el proceso iniciado por su compañero Ramón Vilar para que la Iglesia pague el IBI de los inmuebles en los que desarrolla actividades económicas?
Sí, lo que planteaba Ramón es de sentido común. Nosotros no decimos que la Iglesia tenga que pagar impuestos por los edificios de culto en los que se ofician ceremonias religiosas. Lo que decimos es que es bastante injusto que si la Iglesia tiene bienes que dedica a actividades económicas no pague sus impuestos, y cualquier otra persona sí que tenga que pagarlos. Y eso que creemos que es injusto es lo que queremos modificar sabiendo que es difícil normativamente. Incluso se ha llegado a girar ya algún recibo para comprobar la viabilidad de cobrarlos. Si legalmente no lo fuera, habría que plantear un cambio legal.
¿València va a solicitar finalmente la revisión catastral?
Cuando la oposición nos acusa muchas veces de subir impuestos lo que sucede realmente es que el catastro ha subido. El año pasado fue un 3%. Lo que cobra el Ayuntamiento es lo mismo, pero los valores catastrales evidentemente se van actualizando. Si sube el valor de una vivienda, el valor catastral también se tiene que ir actualizando. Ir a un proceso de revisión catastral en el corto plazo no parece que vaya a ser una de las prioridades del Ayuntamiento. De todas formas, hablando de impuestos, en València se pagan menos impuestos por habitante de lo que se paga en cualquier gran ciudad española.
¿Están analizando alguna modificación fiscal importante?
Tenemos contemplado que a aquellos grandes tenedores de viviendas que tengan más de 10 inmuebles vacíos se les aplique un recargo en el IBI del 30%. Parece razonable que si un fondo de inversión con una elevada bolsa de viviendas vacías pague un IBI más alto si no las saca al mercado que un particular que lo paga por la vivienda en la que vive porque al final una vivienda no puede ser un bien de especulación. Es una manera de movilizar esa bolsa de viviendas vacías para que entren en el mercado y se reduzcan los precios de alquiler. Estamos a la espera de que la Conselleria de Vivienda nos pase el censo de viviendas vacías sobre el que nosotros tendríamos que actuar. En los próximos meses queremos darle un empujón a este tema.
¿Ya han tomado una decisión sobre si se acogerse al plan del Gobierno que prevé una inyección económica para los municipios a cambio de cederles los 35 millones de remanente del Ayuntamiento?
Lo ideal hubiera sido tener una normativa diferente a la que aprobó el PP con el señor Montoro y lo ideal sería que los ayuntamiento pudiéramos disponer de manera libre del 100% de nuestro remanente de tesorería. No estamos en ese escenario ideal y la normativa que tenemos es bastante perniciosa para los ayuntamientos. Ahora el Gobierno ha abierto una puerta que permite que los ayuntamientos podamos tener más liquidez para poder afrontar el gasto corriente o las ayudas a pymes y autónomos. Si hacemos cálculos y vemos que es más beneficiosa esta opción que amortizar deuda con esos 35 millones, tal y como se había aprobado inicialmente, lo haremos, pero desde un punto de vista pragmático. Tenemos que tomar las mejores decisiones para València independientemente de quién las aprueba.
Como nuevo consejero de la EMT, ¿cree que se deben depurar responsabilidades por el robo de los 4 millones de euros?
El fraude es muy grave, son 4 millones de euros de dinero público que se han evaporado y eso es de una gravedad importante. Hay una comisión de investigación en marcha que se creó a propuesta del PSPV y que preside mi compañera socialista Elisa Valía. Y en esa comisión de investigación es donde se deben dirimir las responsabilidades. Nosotros desde el primer momento dijimos que las conclusiones de la comisión de investigación serían vinculantes para nuestro grupo y esperamos que lo sean también para el resto de grupos, sean nuestros socios de Gobierno o la oposición. Es un ejercicio mínimo de rendición de cuentas que debemos de hacer de cara a nuestros votantes. Hay si no recuerdo mal 8 transferencias diferentes a lo largo de 20 días y eso pues genera dudas sobre los mecanismos de control.
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