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El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales paraliza el contrato de privatización del servicio de l'Albufera impulsado por Vox en el Ayuntamiento de València. El órgano adscrito al Ministerio de Hacienda estima la petición de Compromís contra los pliegos del procedimiento de gestión y comunicación ambiental que se presta desde el servicio devesa-albufera y acuerda una suspensión cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El órgano considera que “los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación” y estudiará con más profundidad el recurso del concejal de Compromís Sergi Campillo. La coalición optó por acudir directamente al órgano de administrativo, mientras que el sindicato Comisiones Obreras recurrió la decisión al consistorio. Campillo considera que el contrato “es una infamia”, que busca “un servicio paralelo” e “incumple la ley de contratos públicos”, y celebra que el TARC apruebe una paralización cautelar.
La resolución, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.
La Junta de Gobierno local publicó el pasado 11 de noviembre un anuncio de licitación para el servicio de gestión ambiental y comunicación, encargado de los informes técnicos del parque natural, que condicionan decisiones clave para el paraje protegido, por un valor estimado de un millón de euros. El servicio depende de la concejalía de Devesa-Albufera que dirige José Gosálbez, portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde. Gosálbez también es abogado en un despacho propio y acaba de suscribir un contrato de asesoramiento al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) para temeas de urbanismo, como informó elDiario.es.
Tanto Compromís como el sindicato CCOO y las entidades Ecologistes en Acció del País Valencià, Xúquer Viu, Per l’Horta y Acció Ecologista-Agró consideran que la decisión abre la puerta a la privatización del servicio y a la creación de una administración municipal paralela; la empresa podría dar órdenes sobre la gestión y, según los pliegos, elaborar una estrategia de comunicación.
El edil de Compromís ya denunció que “es un contrato en el que el gobierno de María José Catalá pretende privatizar la propia gestión técnica del servicio, el trabajo que están haciendo los funcionarios. Una empresa no puede dar la misma garantía que los funcionarios”, recalcó.