¿Tiene alguien una idea mejor?

En el diario ABC se publica este lunes una encuesta en la que los partidos nacionalistas catalanes conservan en el futuro Parlament de Catalunya la mayoría absoluta de que ahora disponen. En realidad, la amplían algo, llegando a los 73 escaños. Desciende al mismo tiempo, de manera considerable, la representación conjunta de los tres partidos de la derecha española, que bajan de 40 a 25 escaños. Sube de manera significativa el PSC-PSOE y también, aunque de manera más moderada, En Comú-Podem, que juntos alcanzan los 37 escaños.

La fuente de la que procede la información no es sospechosa de simpatía hacia los partidos nacionalistas. Quiere decirse, pues, que es muy probable que refleje la realidad. El nacionalismo catalán no crece de manera desmesurada, pero no deja de crecer. Las posiciones más extremas del nacionalismo español reducen su presencia de manera significativa. Los partidos catalanistas, pero no nacionalistas, tienden a recuperar terreno.

La realidad es testaruda. En el próximo Parlament es previsible que exista una mayoría de un tamaño similar a la que aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006. El PP entonces y los tres partidos de la derecha española ahora no dispondrían de la minoría de bloqueo de un tercio de los escaños para impedir la reforma del estatuto. Lo que sigue sin existir es una mayoría de dos tercios para la independencia, aunque sigue existiendo una mayoría en torno al 80%, integrada por los nacionalistas y los catalanistas no independentistas, que no está de acuerdo con el statu quo. Esa es la mayoría del 80% a la que se refieren los líderes nacionalistas, que no es la que ellos dicen que es. Queda reducida, por supuesto, a una muy exigua minoría quienes consideran que es a través del artículo 155 de la Constitución como se tendría que establecer la relación del Estado con Catalunya.

En el próximo Parlament van a estar representadas ocho opciones políticas. Entre ellas tendrán que negociar cómo se va a gobernar Catalunya y cómo se va a relacionar Catalunya con el Estado. En las demás Comunidades Autónomas, aunque ya veremos qué ocurre en el País Vasco después del 5 de abril, la relación con el Estado no se plantea como problema para la formación de gobierno tras la celebración de unas elecciones autonómicas, pero en Catalunya sí. La formación del próximo gobierno de la Generalitat estará vinculada a qué tipo de relación se establece con el Estado. La relación con el Gobierno de la Nación no interfiere en el proceso de formación de gobierno en ninguna de las Comunidades Autónomas, pero en la formación del próximo Govern de la Generalitat sí va a interferir.

De rebote, el propio Gobierno de la Nación se juega su continuidad así como la de la legislatura nacida del resultado electoral del 10 de noviembre de 2019, de cómo se resuelva la relación de Catalunya con el Estado y de si se produce o no y de qué manera la investidura del president de la Generalitat.

Ante tal panorama, el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez ha llegado a la conclusión de que la negociación es la única vía posible para intentar encontrar una vía de respuesta a un problema de esta naturaleza. Negociación que tiene primero que producirse en términos políticos y que tiene que traducirse después de una manera que sea jurídicamente posible.

La mesa de negociación forma parte de esa primera fase de naturaleza política. No hay nada en la Constitución que impida la formación de la misma. Si lo hubiera, ya habría sido activado el oportuno recurso. Esto es lo único que se puede decir con seguridad de la mesa de dialogo, a pesar de que para José María Aznar la mesa sea peor que anticonstitucional. Pero peor que anticonstitucional no es anticonstitucional. Es, sencillamente, la opinión de José María Aznar.

La negociación propiamente dicha no empezará hasta que se hayan celebrado las elecciones al Parlament y se puedan interpretar los resultados. La fecha depende del actual president, que ha dejado claro en entrevista publicada este mismo lunes por Neus Tomàs, que no está dispuesto a decir nada. Mientras no haya una sentencia del Tribunal Supremo confirmatoria de la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que inhabilitó a Quim Torra, la convocatoria puede retrasarse hasta diciembre de 2021.

Esta es la primera incertidumbre que pesa sobre la negociación. Quien preside la parte catalana de la mesa no pertenece al partido que negoció con el presidente del Gobierno la constitución de la mesa y no parece interesado en que la negociación fructifique en unos términos que pudieran ser aceptables para el Estado. Cuanto más tiempo se mantenga Quim Torra en esa posición, más difícil será que se pueda producir avance de ningún tipo.

¿Tiene sentido en estas condiciones haberse embarcado en esta operación? La respuesta a este interrogante, en mi opinión, solo es una: ¿tiene alguien una idea mejor?