En dirección equivocada

El azar ha querido que hayan coincidido prácticamente en el tiempo la publicación por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), el grupo de investigación de Naciones Unidas sobre la ciencia del clima, de su último “major report” sobre la influencia de los seres humanos en el calentamiento del planeta y la información del acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat para la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona con una inversión estimada de 1.600 y 1.700 millones de euros.

Doy por supuesto que el lector está al tanto del contenido del informe del IPCC y que no es necesario que diga nada al respecto. Sí quiero subrayar, porque es un punto sobre el que no se suele informar en la prensa generalista, que el proceso de elaboración de los informes del IPCC en general y de este en particular, es sumamente tedioso. Se requiere prácticamente que cada palabra sea aprobada por los representantes de 195 países. La presentación de los resultados está, en consecuencia, condicionada por la necesidad de alcanzar un consenso prácticamente universal. 

Quiero decir que si el Informe del IPCC peca por algo es por defecto más que por exceso. No hay exageración ni alarmismo. Más bien lo contrario. De un Informe redactado por 234 autores con base en más de 14.000 artículos científicos y que lleva el “imprimatur” de prácticamente cada uno de los gobiernos del mundo, no cabe esperar otra cosa.

El contraste entre las conclusiones a las que han llegado los autores del informe del IPCC y a la que parece que han llegado los autores de los Proyectos de ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona no puede ser más llamativo. La contradicción entre la advertencia que lanzan las Naciones Unidas y los proyectos que pretenden poner en marcha las autoridades española y catalana salta a la vista. Parece que viven en mundos mentales distintos.

Cabe esperar que los Proyectos de ampliación de los aeropuertos sean sometidos a un estudio tan riguroso como el que han acometido los científicos que han redactado el Informe del IPCC. Si un Gobierno de coalición de izquierda en el Estado y otro Gobierno de coalición con un presidente de ERC en Catalunya no son capaces de comprometerse a proporcionar a los ciudadanos esta garantía, es difícil que puedan esperar de los ciudadanos en general y de sus votantes en particular que tenga alguna credibilidad su reiterada afirmación del cambio de modelo económico en el que el componente verde sería el eje orientador del mismo. 

España tiene una muy mala tradición en lo que a lucha contra el cambio climático se refiere. Recuerdo que pasé el verano de 1981 en el Max-Planck Instituto de Heidelberg y que, cuando fui por primera vez al supermercado, me cobraron 10 pfennig por la bolsa de plástico. No entendí por qué. Un compañero del Instituto me explicó que era una medida para luchar contra el cambio climático. Ya por esa fecha el Partido Verde contaba con representación parlamentaria. A finales de los ochenta, siendo rector de la Universidad de Sevilla, recuerdo que el Consejo de Universidades Europeas hizo una encuesta entre los estudiantes Erasmus, en la que pidió a cada uno de ellos que valorara la Universidad en la que había estudiado sin establecer comparación alguna con la Universidad de su país de origen. La valoración de la Universidad española era buena en general, excepto en dos puntos: la dificultad para encontrar residencia y el escasísimo respeto por el medio ambiente. Dos buenos indicadores. 

En España vamos con un enorme retraso. Y no en un tema menor, sino tal vez en el tema definitorio de la época en la que estamos entrando. Esperemos que no sea necesario que desde la Unión Europea nos corrijan e impidan que hagamos lo que, en mi opinión, no se nos debería haber pasado por la cabeza siquiera concebirlo.