Escocia, Cataluña y el Régimen

Tras los resultados del referéndum escocés, más de un representante del establishment ha suspirado aliviado. Y es que el debate que tuvo lugar durante la campaña fue más allá de una simple cuestión identitaria. Encerraba, además, la impugnación de un Régimen. De un Régimen político y económico cada vez menos democrático que conservadores y laboristas han gestionado con muy pocas diferencias en las últimas décadas. Esto explica que sus valedores se hayan sentido aligerados. No solo en las tierras de Shakespeare, sino también en Europa y en España, donde muchos entendieron que el proceso escocés era parte de una rebelión democrática que los concernía.

El “no” ha ganado, sin dudas. Pero lo que más debería llamar la atención, en realidad, es el notable crecimiento del “sí” a lo largo de estos últimos años. Cuando ganó las elecciones en 2011, Alex Salmond propuso una consulta con tres alternativas: dejar las cosas como estaban, aumentar la autonomía escocesa o la independencia. En ese momento, las posiciones a favor de la independencia rondaban entre el 29 y el 35 por ciento. Para neutralizar estas cifras, David Cameron forzó una única pregunta sobre la independencia. Su decisión, empero, no consiguió detener el ascenso del independentismo, que continuó reclutando adeptos entre mujeres y hombres jóvenes y entre las capas populares.

A comienzos de este año, la intención de voto favorable a la independencia ya superaba claramente el 40 por ciento. Cuando se escrutaban las razones de esta opción, lo más frecuente, antes que el “Londres nos roba”, eran las consideraciones de tipo democrático y social. Votar “sí” era sacudir un sistema político anquilosado y votar por una democracia más cercana a las personas. Y era, también, votar por un proyecto económico más igualitario, que permitiera frenar y reveritir los desmanes sociales provocados por las políticas de Thatcher y del New Labour.

Para frenar el ascenso de estas rebelión anti-régimen, el gobierno de Londres, las principales potencias mundiales y los grandes grupos de poder económico y financiero tuvieron que invertir mucha energía y mucho dinero. Obama, Bush, Wen Jiabao, Merkel, Barroso, el Fondo Monetario Internacional, los principales bancos de la City, la British Petroleum y otras multinacionales, el Financial Times, los grandes canales de televisión, encabezados por la BBC, se emplearon a fondo en la llamada “campaña del miedo”. Toda una artillería pesada, como apuntó el periodista Andy Roberson, que debería haber abatido de manera fulminante al monstruo del “sí”.

Y sin embargo, hasta último momento, el “sí” no dejó de movilizar a amplios sectores empeñados en decidir, no solo la relación con Londres, sino un modelo diferente de sociedad. Esta ola entusiasta, de hecho, obligó a Cameron a realizar varias concesiones. Primero, recordó que lo que estaba en juego no era definir el estatuto nacional escocés, puesto que “Escocia es ya una nación orgullosa, fuerte y exitosa”. Y luego hizo una promesa que le perseguirá en las próximas semanas: aseguró que un triunfo del “no” se vería premiado de manera automática con una nueva devolution de soberanía, que incluiría un reforzamiento del Parlamento escocés y de las políticas sociales compartidas, comenzando por las pensiones o la atención sanitaria.

Pero ni el Reino Unido es España, ni Rajoy es Cameron, ni Mas es Salmond. En sus primeras declaraciones posteriores al referéndum, Rajoy evitó toda referencia al hecho de que en Escocia, como en Quebec, se hubiera podido votar. Tampoco dijo nada sobre el casi 45 por ciento de votos obtenido por el “sí”, ni sobre el compromiso de Cameron de impulsar una reforma constitucional federal y plurinacional. Artur Mas, en cambio, invocó como propia la vía escocesa, pero ni siquiera ha amagado con adoptar las políticas educativas o en materia de vivienda que le han permitido a Salmond tomar distancias del thatcherista estilo market friendly que tantos adeptos tiene en CiU.

Para Rajoy, el referéndum escocés no es más que un aviso para los que quieran adentrarse en aventuras “secesionistas y aislacionistas”. Sin embargo, es difícil que este tono amenazador utilizado por el Gobierno español sirva para desactivar las demandas democratizadoras que hoy provienen de Cataluña y que también comienzan a crecer en el País Vasco, en Galicia y en otros rincones del Estado. Hace más de treinta y cinco años, un 67 por ciento de los catalanes votaron en el referéndum sobre la Constitución de 1978. Un 90 por ciento lo hizo a favor. No porque se identificaran plenamente con aquel texto, aprobado bajo el ruido de los sables, sino porque pensaban que era un marco abierto, que podía dar lugar a lecturas federalizantes y plurinacionales de la organización territorial.

Hoy, esa confianza se ha desvanecido. Entre un 75 y un 80 por ciento de la sociedad catalana está a favor de una consulta similar a la escocesa. De ese total (que se ha mantenido a pesar del confesado fraude de Jordi Pujol) poco más de la mitad votaría a favor de la independencia. Algunos por convicciones arraigadas, que vienen de lejos. Otros, por falta de una alternativa federal o confederal creíble. Pero lo que la mayoría de los partidarios de la consulta pide, en el fondo, es más y mejor democracia. Y la exige frente a un Régimen que en España, en Cataluña y en la Europa de la Troika, no ha hecho sino degradarla.

A pesar de las masivas diadas de los últimos años y de las constantes demandas del Parlament catalán, el PP y el PSOE no han hecho nada por favorecer la consulta. Ha habido, sí, algunas excepciones honrosas, como la del dirigente socialista sevillano, José Antonio Pérez Tapias. Pero lo que ha dominado es la amenazadora razón de Estado, empeñada en utilizar la Constitución, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General o el Código Penal si hiciera falta para acallar lo que en el Reino Unido o Canadá se ha aceptado como una consecuencia lógica del principio democrático.

También aquí, estas amenazas han contado con el respaldo de una peculiar artillería pesada. Una artillería integrada, entre otros, por el difunto Emilio Botín, el presidente de la patronal española, Joan Rosell, una parte no desdeñable de la clase empresarial catalana, con Foment del Treball y el Cercle d’Economia a la cabeza, los grandes medios de comunicación, el CNI y sectores clave del ejército.

Solo la Izquierda Plural, Podemos y unas pocas fuerzas políticas y sindicales han entendido, al menos en parte, el potencial democratizador que para el conjunto de las gentes y pueblos de España pueden tener procesos como el catalán o el escocés. Este apoyo, y lo que ocurra en las calles y en las instituciones catalanas, inclinarán el fiel de la balanza en las próximas semanas. Una suspensión de la consulta del 9-N no sería una decisión cualquiera. Representaría un golpe duro a una democracia menguada y vaciada de contenido. No solo en Cataluña, sino también en el conjunto de España. De producirse, no habrá demasiado margen para las medias tintas. Habrá que tomar partido. Por el derecho a decidirlo democráticamente todo o por una regresión autoritaria de nefastas consecuencias. Por el Régimen o contra él.