¿Verificar a los verificadores?

Con absoluta independencia de la categorización o calificación que se le quiera dar al conflicto vasco, lo que resulta innegable es la necesidad de solucionar un problema que se viene arrastrando no sólo por décadas sino, peor aún, por generaciones; solucionar este conflicto implica, guste o no, la búsqueda de caminos que permitan llevar a las partes a un punto concreto en el cual todos admitan la finalización del mismo y siendo innegable que nadie, absolutamente nadie, alcanzará la totalidad de sus objetivos y ello porque de conseguirse lo que no se lograría es la propia solución del problema.

Partiendo de esta premisa, y de otra no menor como es la propia existencia de ETA con todo lo que ello implica, al ser una organización que ha actuado por la vía armada, la búsqueda y consecución de una solución definitiva conlleva que todos los implicados deban acudir a medios, sistemas y métodos que garanticen que el final del conflicto o del problema sea de carácter definitivo y, para ello, nada mejor que seguir caminos ya contrastados en otros conflictos y que han dado resultados aceptados, también de forma definitiva, por las partes litigiosas.

El conflicto vasco no iba a ser la excepción y quienes están buscando ese fin definitivo no sólo de la violencia sino, especialmente, del propio conflicto, han acudido a mecanismos que internacionalmente se aceptan como válidos, seguros y aseguradores de una salida definitiva para ambas partes. Se trata de la utilización e implementación de mecanismos internacionalmente contrastados en conflictos similares o de parecidas características.

Parte esencial del problema, en realidad de la solución a él, radica en la desconfianza existente entre las partes y habitualmente superar ese elemento conlleva la necesidad de buscar “hombres buenos” o mediadores que vayan generando el ambiente y espacio necesario para que el conflicto se vaya decantando hacia posturas de consenso. Ese es el papel que en el conflicto vasco tienen asignados los “verificadores”, personas todas ellas de probada solvencia en la solución de conflictos y de reconocida reputación.

El trabajo que esta comisión de “verificadores” viene realizando no es nuevo ni desconocido, tanto para ETA como para el propio Gobierno, pero otra cosa es la voluntad política que cada una de las partes tenga en cuanto al resultado final y, a la vista de los recientes movimientos es claro que el Gobierno del Partido Popular buscará todos los resquicios posibles para dinamitar una salida definitiva al conflicto vasco; el trato dado a los “verificadores” es la escenificación o teatralización de la postura del Ejecutivo.

Como parte de un proceso de las características de aquel al que se está sometiendo ETA, un elemento esencial consiste no sólo en el cese de la actividad armada sino, también, en el aseguramiento de que sea definitivo y, para ello, resulta necesaria la entrega o destrucción de las armas y demás elementos con los que cuenta para la “actividad” que ha venido desarrollando desde hace décadas. Obviamente, y así se ha contrastado en otros conflictos y por eso se está aplicando aquí, esa entrega de armas es paulatina, ordenada y visualizada para que, al mismo tiempo, pueda ser corroborada por testigos imparciales, ajenos al conflicto y, de esa forma, ir ampliando la confianza entre las partes.

Sin duda que el primer paso dado por ETA es poco o escaso; en eso tenemos que estar de acuerdo todos, pero tal vez parte esencial de esa escasez provenga de la propia fragilidad de la organización y de su necesidad de dividir, por etapas, la visualización y comprobación de la entrega definitiva de armas. Sea como sea es una buena noticia ante la cual el Gobierno ha reaccionado de la peor forma posible y, una vez más, dejando entrever que no parecen estar ni a la altura de las circunstancias ni interesados en finalizar, de forma definitiva, con este problema.

En momentos como el que estamos viviendo las palabras son importantes pero los hechos lo son más. Una cosa es decir que el “único verificador admisible es la Guardia Civil y la Policía Nacional” y otra muy distinta es el activar mecanismos para que los “verificadores internacionales” sean citados a declarar ante un juez, actuación que tiene y tendrá unas connotaciones mucho más profundas.

La comparecencia de algunos de los observadores ante el juez Ismael Moreno no tiene otro fin que el de amedrentarlos. Ahora se les ha citado como testigos pero nada impide que, pronto, veamos cómo se les terminan imputando una serie de conductas ilícitas o que, incluso, cada vez que avancen un paso más se vean sometidos a la presión y escrutinio de la Justicia.

Decía el Ministro del Interior que la destrucción de armas por parte de ETA no era más que una teatralización; sin duda que es así. Y eso forma parte de los procesos de paz pero lo que también es una teatralización, y que no forma parte de ningún manual de resolución de conflictos, es que el propio gobierno implicado en el problema intente amedrentar a aquellos observadores, mediadores o verificadores internacionales que están intentando alcanzar una solución definitiva.

La experiencia y saber hacer de los “verificadores internacionales” está o debería estar fuera de toda duda; son profesionales y lo han conseguido en situaciones mucho más complejas que la del País Vasco. Otra cosa es que, seguramente, nunca habían vivido una situación tan esperpéntica como a la que se han visto enfrentados este domingo teniendo que acudir, de urgencia y bajo apercibimiento, a declarar ante un juez sobre el trabajo que vienen realizando.

Someterles a presiones o amedrentarles en nada ayuda al desempeño de los verificadores, pero mucho menos sirve para avanzar en la gestación de un espacio de confianza mutua que ayude a terminar, de forma definitiva, con décadas de violencia. Tampoco deja en muy buen pie a la imagen internacional de España porque este tipo de trabajos sólo se ha visto obstaculizado en aquellos lugares donde lo que no existe es vocación ni deseo de solucionar nada.

Muchos paralelismos se pueden hacer respecto de esta descabellada actuación. Podemos remitirnos a conflictos como el de Sudáfrica, el de Irlanda, el de Sri Lanka o, más cercano en el tiempo, la imposibilidad de que observadores internacionales acudamos al juicio contra el depuesto Morsi en Egipto porque las actuales autoridades no nos garantizan ni la seguridad ni la inmunidad necesaria para desarrollar nuestro trabajo.

Cada cual puede sacar sus propias conclusiones, pero como leí en su día en Revista Mongolia, parece que algunos piensan que “contra ETA vivíamos mejor”.