Seis años de suspenso para la política cultural española

El sector de la cultura no aprueba al Gobierno. Y ya es el sexto año consecutivo en el que los agentes culturales encuestados por la Fundación Alternativas para la elaboración de su Informe sobre el Estado de la Cultura no otorgan el aprobado. Apenas un 4,7 en la nota, que si bien sube tres décimas con respecto al año pasado, no alcanza la mejor puntuación obtenida en 2011 con un 5,1. Ni con José Ignacio Wert ni con Íñigo Méndez de Vigo la cultura ha llegado al suficiente.

Casi cien personas han participado en esta encuesta. Desde productores a editores, creadores publicitarios, actores y críticos, que observan la degradación que vive el sector desde que el Partido Popular llegó al poder a finales de 2011. “Son muy conscientes de la situación y de cómo se está dañando todo el tejido cultural. Es verdad que ha habido una recuperación de la cultura en el número de empresas culturales, ya que hemos superado el nivel de 2011 pero sigue habiendo daños nos recuperados”, explica a eldiario.es Enrique Bustamente, coordinador del informe.

“Hemos perdido 50.000 puestos de trabajo y hasta tres décimas del PIB, cuatro si se añade propiedad intelectual. Hemos perdido un 50% del gasto público en cultura. En definitiva, estamos empezando a recuperar los niveles de 2011, pero hemos perdido ocho años en el tejido económico”, admite.

Los datos son tajantes desde los años en que comenzó la crisis económica hasta la actualidad. Según se analiza en el informe, las actividades culturales suponen un 2,5% del PIB, que se elevaría al 3,2% con las actividades de propiedad intelectual, pero en 2008 esos porcentajes eran respectivamente del 2,8 y 3,6%.

En el número de empresas culturales se ha pasado de las 87.894 de 2009 a las 114.099 de 2016, pero los puestos de trabajo se mantienen muy por debajo de los años de bonanza al ceñirse a los 544.700 en 2016 frente a los 591.200 de 2009, lo que demuestra también la precariedad de las empresas.

A eso hay que sumar las cifras de gasto total de las familias en cultura: de los 16.0963 millones de euros de 2008 se ha pasado a los 14.099 millones de euros en 2016, último año con cifras. En términos individuales, el gasto en consumo cultural sigue lejos de recuperarse desde los 368 euros por persona y año de 2008 a los 306,7 euros de 2016 (dato de la Encuesta de presupuestos familiares, 2017, del INE).

No sólo la crisis económica

“La crisis provocó que bajara el gasto de las familias en cultura, ya que hay una reducción muy seria, pero es que luego las políticas del gobierno han sido de castigo a la cultura. No sólo es que haya bajado un 50% del gasto público, es que ha habido políticas muy dañinas, como la falta de peso político del ministerio, el IVA cultural, la falta de apoyo a la transición digital, la falta de apoyo a la cooperación y promoción exterior. En la marca España, la cultura no juega ningún papel”, añade Bustamante.

Los presupuestos anuales son también un buen reflejo del posicionamiento del Gobierno con respecto a este sector: para este 2018 se han presupuestado 838 millones de euros, 212 millones de euros menos que en 2011, la peor partida del Gobierno socialista y ya en plena crisis económica. Sin contar con que en partidas como la promoción cultural, el Gobierno de Rajoy ha dejado de gastar desde 2012 un 55% de su presupuesto.

Una nefasta promoción en el exterior y en la ayuda a los creadores

Además de estas cifras, el informe de la Fundación Alternativas se centra este año en la promoción exterior, particularmente en América Latina. Y se señala cómo el Gobierno ha dejado de tender puentes hacia el continente americano. Así, la AECID, el organismo para el fomento de las actividades culturales en América Latina, ha perdido en estos seis años, “un 70% de su presupuesto”, según se cita en el informe.

Tampoco se aprueba en este estudio la representación y la promoción de las lenguas minoritarias, así como la protección al patrimonio cultural. “Hay importantes lagunas de apoyo a la diversidad lingüística y al papel de las lenguas minoritarias, al vasco, catalán, gallego. Y después, en el patrimonio cultural español la austeridad ha hecho estragos”, admite Bustamante.

Otra de las grandes críticas: la efectividad de las políticas públicas en la defensa de la remuneración del autor, ya que todavía no se ha aprobado el Estatuto del Artista y del Creador para proteger las condiciones laborales de estos trabajadores.

No obstante, en términos positivos, el sector de la cultura sí aprueba a las nuevas tecnologías de la información y la labor de las redes sociales como forma para una mejor conexión entre creadores y públicos con la capacidad de multiplicar el boca a oreja y dar a conocer los trabajos.

“Sí, se valoran muy bien las potencialidades digitales y los dispositivos digitales, en términos socioculturales y económicos. Y se confía en que a medio plazo va a va a tener consecuencias muy positivas. Pero si se les pregunta por la situación actual el resultado es malo, porque no ha habido ningún tipo de apoyo para esta transición digital”, comenta Bustamante. Lo que recuerda al argumento del último ensayo de Remedios Zafra, El entusiasmo, sobre la precariedad de las empresas digitales de los últimos años.

Apuesta por el modelo francés

Desde la Fundación Alternativas se pide al Gobierno que “recapacite” y “deje atrás este modelo neoliberal” con respecto a la cultura. “Y si no, esperamos que haya nuevos gobiernos, que tenga una mayor conciencia. En los últimos programas, otros partidos como el PSOE, Podemos y Ciudadanos se planteaban una política cultural mucho más seria”, añade el coordinador del informe.

¿Sus recetas? Un modelo muy francés. “Es lo que llevamos pidiendo desde hace seis años: un pacto de Estado por la Cultura, un Ministerio autónomo, el Estatuto del Creador y del Artista, mayor educación cultural, la tan ansiada Ley de Mecenazgo, más igualdad de género en la creación, más igualdad en el acceso a la cultura, y que mejoren los déficits crónicos de encaje y coordinación entre las políticas públicas culturales en los diversos niveles estatales, centrales, autonómicos y municipales”, resume Bustamante. Queda por ver si el Gobierno de Rajoy recoge esta vez el guante.