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Condenado un simpatizante de Podemos por intentar colgar propaganda electoral en una farola

Propaganda electoral que el simpatizante de Podemos no pudo colgar en Torreblanca.

Voro Maroto

Un simpatizante de Podemos de Torreblanca (Castellón) ha sido condenado por una falta contra el orden público por vejaciones a la autoridad tras un altercado con el alcalde del municipio, del PP, que le recriminó y le impidió colgar carteles del partido de Pablo Iglesias en una farola, junto con la propaganda de otras formaciones.

Los hechos sucedieron el 19 de Mayo hacia las 11 de la mañana, seis días antes de las elecciones europeas. Agustín Jiménez, simpatizante de Podemos, se disponía, a pegar “panfletos” en una farola. El alcalde, sentado en la terraza de un bar próximo, se lo recriminó, “ya que ensuciaba con esto el ornato y decoro del mobiliario urbano”.

A continuación, según el fallo del juzgado de instrucción número 5 de Castellón, Jiménez increpó al primer edil, Juan Manuel Peraire, al que calificó de “fascista” e incluso amenazó: “te colgaré de los huevos” o “voy a ir a por ti. El juez da por buena la versión de Peraire y el jefe de la policía local, en las que se basa para condenar al simpatizante de Podemos.

Jiménez, que no compareció en el juicio, negó los insultos. Y no llegó a colgar los carteles. Su abogado, Héctor Pallarés, argumentó que la reacción del alcalde y la policía fue motivada por la ideología del condenado, que se enfrentó a un “juicio político”.

El magistrado rechaza esos argumentos y cree “perfectamente razonable” la reacción del alcalde, que “obedece a la mera conservación del mobiliario urbano, pues como explicó [el alcalde sobre el panfleto] de pegarse sobre la farola con cinta adhesiva” habría “levantado la pintura” generando “daños en los bienes públicos”.

Agustín Jiménez deberá pagar una multa de 150 euros o será “privado de libertad” durante 15 días por la falta contra el orden público por vejaciones a la autoridad. Varios abogados muestran su sorpresa porque lo que, en principio, parece una falta administrativa haya sido un asunto elevado a la subdelegación del gobierno en Castellón, de ahí a la Fiscalía y finalmente al juzgado.

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