Vuelco en las ayudas sociales en Valencia

Durante los 24 años de gobierno de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), reducir la pobreza y la exclusión social fue un aspecto encargado a diversas entidades caritativas, especialmente de signo religioso. Una preferencia que el actual tripartito municipal -formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- quiere cambiar. Pagar los recibos de la luz y el agua de aquellas familias que no pueden asumir ese gasto ya es una muestra de esa intención.

En el “giro social” pregonado por el ejecutivo liderado por Joan Ribó, no habrá dinero público para financiar la tarea de beneficencia que desempeñan multitud de organizaciones. “Les daremos todo tipo de facilidades y reconocemos su labor, pero no destinaremos recursos municipales”, ha afirmado la concejal de desarrollo humano, Consol Castillo.

Con este cambio, el tripartito quiere separar la labor que desarrollan las organizaciones benéficas y las actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento. Y todo, para evitar situaciones como las acontecidas en el banco solidario de alimentos. “La entidad del señor Jaime Serra ha gozado de un trato diferenciado al resto”, ha señalado, para explicar: “Se le cedió un local y se le dio un soporte económico de 85.000 euros anuales, que suman un total de 510.000 euros hasta el 2015”. “Se les otorgaron de forma directa y justificaron que el dinero era para nóminas y no para comprar alimentos”, ha censurado tras asegurar que el convenio “se revertirá en cuando se pueda”.

Sin embargo, lo más destacado es el cambio de criterio del Ayuntamiento a la hora de dar las ayudas sociales. Aunque al principio se daban en especie -es decir, dando alimentos-, el antiguo equipo municipal del PP instauró la denominada tarjeta 'Valencia amb tu'. A través de ella, los demandantes podían comprar la comida que precisaran hasta una cantidad fijada y después el Ayuntamiento se lo abonaba. El sistema, no obstante, según han detectado los servicios municipales tiene un 10% de incidencias. Y provoca “una estigmatización de la gente que lo utiliza”, a juicio de Castillo.

Por eso, se ha optado por dar prestaciones económicas directas. “El objetivo es que los ciudadanos puedan sortear ese estigma y se empoderen. Así serán agentes de su propio cambio y no esclavos de una ayuda paternalista”, ha afirmado. Pese a que el presupuesto para conceder estas ayudas se ha incrementado un 47% para 2016, la cuantía mínima será de 350 euros y la máxima “no será tampoco de mucho mas”. Una cantidad que contrasta con los intentos de otras ayudas o rentas que se plantean instaurar en otros Ayuntamientos del cambio, como en Barcelona.

Se calculan que se podrán beneficiar entre 8.000 y 9.000 unidades familiares. Y solo se podrá recibir la ayuda si se tienen unos ingresos inferiores a los 5.000 euros anuales. Los técnicos de los servicios sociales serán los encargados de evaluar quien recibe la ayuda y también de dilucidar a finales del 2016 si el plan ha reducido la exclusión social de estos hogares. La cobertura de las ayudas no se garantizará todos los meses.