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El Consell defenderá con "contundencia" a los regantes valencianos

El president de la Generalitat asegura que buscarán solucionar "para siempre" el problema del agua, algo que el el PP "no ha resuelto en los últimos 20 años"

El jefe del Consell garantiza el trasvase Tajo-Segura al tiempo que lamentaba la actitud del PP, que "ha perdido el norte" y busca "batallas contra el Gobierno valenciano"

Puig asegura que la Constitución "se puede y se debe reformar" y pide salir así "del atasco monumental que vive España"

El president de la Generalitat, Ximo Puig

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que actuarán con "contundencia" en defensa de los regantes de la Comunitat y que buscarán solucionar el problema del agua "para siempre", algo que el PP "no ha resuelto en los últimos 20 años", en referencia a la situación del trasvase del Tajo Segura.

El jefe del Consell ha dejado claro que estarán "al lado" de los regantes y con la intención de "salir de guerras absurdas", ya que "el agua no debe ser motivo de confrontación", al tiempo que pedía al PP que "dejen trabajar al gobierno valenciano" y a la "voluntad de diálogo entre las administraciones" y ha añadido que "se conseguirá el resultado que queremos para los regantes".

Ha garantizado el trasvase y ha declarado que el "PP ha perdido el norte y quiere batallas para luchar contra el gobierno valenciano".

"Vacaciones pagadas durante 20 años"

Acerca de la acusación del PP de que el Consell está de vacaciones y desaparecido, Puig ha afirmado que "los que han estado de vacaciones pagadas por los valencianos, durante 20 años, ha sido el PP", así como les pedía que "tengan un poco más de vergüenza porque después de cómo han dejado a la Comunitat Valenciana, no esperan ni 100 días de cortesía y están embravecidos".

El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha aseverado por su parte que "los gobiernos autonómicos deben ser respetuosos con sus vecinos" y ha manifestado que "el PP dio la callada por respuesta a que Aragón acudiera a los tribunales", mientras "ahora carga contra Castilla-La Mancha, que está defendiendo sus derechos".

El diputado se ha referido también a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y ha dicho que "lo que debe hacer es reivindicar" ante el presidente del Gobierno, Mariano "Rajoy, que la escuchará si es que pinta algo en su partido". Así, ha pedido que deje "que sea Ximo Puig quien gobierne y las consellerias las que trabajen por los valencianos, algo que ellos no han hecho en los últimos 20 años".

Competencia estatal

Mata también ha querido dejar claro que el Gobierno de Ximo Puig no renunciará a ningún hectómetro de agua, pero ha recordado que, por ahora, quien ha reducido el trasvase Tajo-Segura "de 23 a 20 hectómetros cúbicos" ha sido el Gobierno central, lo que considera "lamentable".

"Las competencias del trasvase son del Gobierno de España, por tanto, los hectómetros de menos son culpa del PP", ha asegurado Mata, quien apuntaba que "hay que analizar los estudios de los técnicos y los análisis sobre la prevención de sequía" y ha destacado que "el Gobierno sabe perfectamente qué necesidades tienen los agricultores valencianos y los vecinos afectados por la cuenca del Segura".

El diputado ha remarcado que el presidente de la Generalitat, "Ximo Puig, no renunciará a ningún hectómetro de agua" porque "es consciente de que está en juego el futuro económico y social de la Comunidad". No obstante, se ha mostrado "convencido" de que "todo se arreglará por la vía del diálogo y el consenso, que es como se trabaja desde los gobiernos progresistas".

"Los socialistas no entraremos nunca en ninguna guerra", ha aseverado Mata, quien también ha criticado que la última "guerra del agua fue provocada por el PP, y sólo sirvió para beneficiar a alguno de sus amiguetes". Ha destacado que "a los valencianos les costó 7,2 millones de euros que se gastaron en la Fundación Agua y Progreso, y que únicamente sirvió de instrumento de propaganda electoral de los populares".

Lomce

En referencia a la Lomce, Puig ha destacado que se debería aplazar su implantación ya que "no cuenta con el consenso de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas", y ha pedido que no se les "someta" a los niños a "los vaivenes políticos" y se atienda "al interés general".

En caso de que el Gobierno de España "decida no hacer caso a la petición, se cumplirá la ley", pero seguirán luchando por conseguir los beneficios educativos para niños y niñas.

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