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El Senado y el interruptor del 155

Sin una mayoría en la Cámara territorial, las derechas no podrán tomar 'sine die' el control del autogobierno en Catalunya ni abrir la puerta al desmontaje del Estado de las autonomías

Rajoy advierte de que una Cataluña independiente nunca tendrá apoyo de la UE

Mariano Rajoy en el Senado, el día que se aprobó aplicar el 155 a Catalunya. EFE

No es 155 el número de escaños que da la mayoría absoluta en el Senado, ya que para controlar la Cámara alta hacen falta 134 senadores. Una cifra que el PP sobrepasó con facilidad en 2016, al lograr 130 escaños, que sumaban 145 con los senadores de designación autonómica. Fue la tercera de las mayorías más importantes de la democracia en el Senado, solo superada en 2011 por el propio PP, con 136 senadores de elección directa, y por el PSOE en las ya lejanas elecciones de 1982 con 134 escaños de elección directa, y fue conseguida apenas con el 30% de los votos.

Que un partido de mermados apoyos, como los del PP de Rajoy en 2016, lograra el tercer mayor acopio de parlamentarios en una serie de 13 elecciones celebradas desde 1977 revela el anómalo funcionamiento democrático del Senado. Un hecho al que hasta ahora se ha prestado tan poca atención como a la misma Cámara territorial. El teórico sistema de listas abiertas que rige en la elección de senadores es una pura ficción porque los electores, en su mayor parte, votan con las papeletas que confeccionan los partidos como si fueran candidaturas cerradas. Y eso hace que la adjudicación nominal de los escaños beneficie de una forma brutal a la formación mayoritaria.

Se ha prestado poca atención al asunto hasta que ha surgido en el juego político el 155, que no es el número de escaños que da la mayoría en el Senado sino el que permite al Gobierno dejar de facto sin autonomía a Catalunya y a cualquier otra comunidad mediante la toma de control de su gobierno, la destitución de altos cargos y la eventual disolución del parlamento. Se trata de un artículo extremo de la Constitución para casos excepcionales que, tras su aplicación de octubre de 2017 a junio de 2018 frente a la fallida declaración unilateral de independencia de los secesionistas catalanes, sirvió a Mariano Rajoy, con el apoyo de Pedro Sánchez, para convocar inmediatamente elecciones autonómicas. La derecha española quiere convertirlo ahora en un interruptor discrecional de la democracia en Catalunya.

El artículo en cuestión, copiado de la norma alemana que se basa en la denominada "coerción federal", no solo exige su aprobación por el Senado a propuesta del Gobierno, sino que establece como requisitos para poder aplicarlo que se "incumpla la Constitución" o se "atente gravemente contra el interés general".  Sin embargo, el PP, Ciudadanos y Vox prometen como una de sus principales medidas la aplicación indefinida del 155 en Catalunya, una especie de suspensión sine die del autogobierno para laminar a los independentistas, aunque no se dé, como es el caso, ninguno de los requisitos.

A nadie se le escapa que una medida como esa, gestionada por un pacto en el que Ciudadanos y Vox alientan sin ambages, en versión light y hard, el desmontaje del Estado de las autonomías, sería pura dinamita, no solo para la convivencia en Catalunya.

Pero no podrán hacerlo sin una mayoría en el Senado. Y el líder del PP, Pablo Casado, ya teme que le aparten la mano del interruptor porque calcula, con razón, que puede perder la mayoría absoluta en la Cámara si su formación, como indican las encuestas, deja de ser la más votada. De ahí que haya lanzado, con escaso eco, un llamamiento a las otras dos derechas para pactar una fórmula que les permita copar los puestos de senadores.

El PSOE, en cambio, tiene muchas expectativas de convertirse el 28 de abril en el partido más votado (aún en el caso de que el bloque de derechas lograra formar gobierno), lo que le permitiría, en principio, alcanzar una mayoría suficiente en el Senado. O no, porque el variable tamaño de las circunscripciones y el hecho de que, salvo en Canarias (donde en conjunto se eligen 11, tres por cada isla grande y uno en cada isla pequeña), Baleares (donde se eligen 5, tres por Mallorca y uno por Menorca e Ibiza-Formentera), y Ceuta y Melilla (con dos cada una), se escojan cuatro senadores por provincia distorsiona la distribución.

Para que nos entendamos, puede que el PSOE gane en más circunscripciones grandes y se lleve tres de los cuatro senadores en ellas, pero también que el PP lo haga en más circunscripciones pequeñas en las que también coseche tres de los cuatro senadores.

Y en las circunscripciones grandes tampoco está todo tan claro. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde las formaciones de izquierda barajan un acuerdo, una Entesa al Senado que Pedro Sánchez vetó en 2016 para irritación de Ximo Puig y que con toda probabilidad volverá a vetar. Aquí se llevó el PP nueve de los 12 senadores en liza en los últimos comicios y los socialistas se quedaron por primera vez sin representantes de elección directa en la Cámara alta porque la segunda lista más votada fue la que presentaron conjuntamente Compromís y Podemos, que logró tres senadores.

Pasar de ninguno a nueve senadores es posible porque la elección del Senado tiene esas peculiaridades. Para ello, los socialistas tendrían que ganar en las tres circunscripciones valencianas (Valencia, Alicante y Castellón) por delante de las dos formaciones que les superaron en 2016. Es verdad que esta vez Compromís y Podemos (más Esquerra Unida) van por separado al Congreso, pero nadie dice que no puedan cerrar un acuerdo para el Senado si los socialistas no entran en una Entesa. De cualquier manera, la división de la izquierda ofrece algún margen al PP de salvar todos o parte de los senadores que logró hace tres años. Y no parece un asunto menor, vista la radicalización de las derechas, que estén en condiciones de dar un manotazo al botón rojo de la Constitución.

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