La Comunitat Valenciana ha malgastado el 17% de los 35.000 millones de euros dilapidados por las autonomías desde 1995
Esta semana se publicaba el informe 'Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas', elaborado por un grupo de expertos universitarios entre los que se encuentran Joan Romero (Universitat de València), José-León García Rodríguez (Universidad de Alicante) y José Fernando Vera-Rebollo (Universidad de Alicante). Este documento analiza la inversión y sobrecostes en infraestructuras “innecesarias” de las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) en las últimas dos décadas (1995-2016).
El estudio, que cifra en 81.000 millones de euros la cantidad comprometida por las administraciones públicas en este periodo en infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas, estima que más de la mitad del dinero público despilfarrado (45.920 millones de euros) corresponden al Estado. Por comunidades autónomas, la tercera en gasto en infraestructuras innecesarias o infrautilizadas es la Comunitat Valenciana, con 5.936 millones de euros. Tan sólo Catalunya (9.160 millones) y Madrid (7.723 millones) están por delante. El resto de autonomías se encuentran por debajo de los 3.000 millones de euros “despilfarrados” en las últimas dos décadas.
La Comunitat Valenciana, que tiene una mención específica en el documento por la megalomanía de los gobiernos populares de Eduardo Zaplana primero y de Francisco Camps después para “situarse en el mapa”, ha dilapidado el 17% de los 35.000 millones de euros malgastados por los diferentes gobiernos autonómicos. “Tras una inversión documentada de, al menos, 5.225 millones en proyectos ejecutados (IVIE, 2010), el balance es negativo en términos de rentabilidad económica y social”, alertan los expertos.
Así, el informe se refiere a proyectos como la Ciudad de la Luz de Alicante, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Marina de Valencia, la línea 2 del metro de Valencia, el aeropuerto de Castellón, la depuradora de Emarsa, Feria Valencia o Ciegsa. Entre estos casos nos encontramos con proyectos inacabado o inconclusos después de millones de euros de inversión, “cajas vacías” como macromuseos o auditorios sobredimensionados, grandes infraestructuras con sobrecostes extraordinarios, costes de mantenimiento millonarios, deudas contraídas durante décadas y asumidas por los poderes públicos, ejemplos de mala gestión...
Aunque dependientes de la Administración general del Estado, mención aparte merecen las infraestructuras hídricas, como las desaladoras, con sobrecostes millonarios en Torrevieja (290 millones) o Alicante (77,8 millones) o por ineficiencia, como en los casos de Moncofa (49,1 millones) y Oropesa (55,4 millones); los 23,7 millones de euros generados por la gestión fraudulenta en Emarsa; y los 200 millones del trasvase Júcar-Vinalopó, “ejemplo de despilfarro de dinero público”. Por último, “tal vez el mejor ejemplo no solo de despilfarro sino de patologías institucionales”, el almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón.
