Las 'trampas' de PP y Cs sobre la supresión de aforamientos en Castilla y León: no saldrá adelante y bloquea un año la reforma del Estatuto
La eliminación de los aforamientos era la segunda de las 100 medidas que firmaron PP y Ciudadanos en su acuerdo de gobierno. Es la primera que quieren poner en marcha después de las dudas que ha generado un pacto entre un partido que venía a “regenerar” con otro que lleva tres décadas ostentando el poder en Castilla y León.
El aforamiento es una situación jurídica especial por la que los miembros del Gobierno, los altos cargos del Estado y la cúpula judicial sólo pueden ser investigados y juzgados por el Supremo, mientras que los parlamentarios y miembros de gobiernos autonómicos no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios sino por los tribunales superiores de justicia. En teoría se trata de evitar presiones del poder político sobre estos órganos judiciales, pero lo cierto es que son los tribunales superiores los que están más cerca del Ejecutivo, puesto que algunos de sus cargos se eligen a propuesta del gobierno.
El Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León anunciaban la pasada semana una “reforma exprés” del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos. Para reformar el Estatuto se requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara, de manera que el voto a favor de los 35 parlamentarios del PSOE –hay 81 en total en el hemiciclo– es básico para sacarlo adelante.
La iniciativa tiene sus trampas. Por un lado, PP y Cs, no suprimen del todo el trato excepcional a los parlamentarios. El estatuto regula su aforamiento en el artículo 22, con dos apartados. El primero queda como está: “Los Procuradores representan a la totalidad del pueblo de Castilla y León y no están ligados por mandato imperativo alguno”, pero el segundo, que recoge los aforamientos no se suprime del todo. Lo que pretenden los dos partidos que gobiernan es mantener que “los Procuradores, aun después de haber cesado en su mandato, gozarán de inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones” y además que “durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad salvo en el caso de flagrante delito”. Es decir, que durante la investigación por ejemplo, de un caso de corrupción, no se les podrá detener, de manera que mantienen una excepcionalidad respecto al resto de ciudadanos. Lo mismo ocurre con el artículo 29, que regula las prerrogativas del presidente de la Junta y sus consejeros y está redactado en los mismos términos.
El Partido Socialista ha informado este lunes que “tanto el aforamiento como las previsiones en cuanto a la inviolabilidad resultan hoy un anacronismo” y que son “medidas innecesarias en el actual Estado de Derecho, contraproducentes y socialmente contestadas”. La propuesta del PSOE es que en el artículo 22 se mantenga únicamente la inviolabilidad por sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, pero no que no se les pueda detener, y que el artículo 29 quede suprimido en su totalidad.
Pero aún hay más propuestas en la reforma del Estatuto. El PSOE quiere se incluyan “cláusulas de salvaguarda que garanticen un mínimo de inversión social y que eviten que pueda producirse una mayor degradación del estado de bienestar”. Para ello considera adecuado que se establezca un “suelo de inversión social referenciado al Producto Interior Bruto de Castilla y León”. De esta forma, al artículo 14, que regula la no discriminación por género, se añadiría un bis, para que los presupuestos generales de cada ejercicio establezcan un mínimo de inversión de al menos el 12% del PIB para la calidad de la sanidad, la educación, la atención a dependientes, la lucha contra la pobreza, el acceso a la vivienda y las políticas de fomento del empleo. Entre otras estipulaciones, contempla además unos estándares mínimos de cobertura y el derecho a internet para el conjunto de la Comunidad.
El PSOE también pretende que se modifique el artículo 13 para que el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía y a la Red de Protección a Personas y Familias sea aplicable a todos los ciudadanos y “no sólo a los que en un momento determinado se encuentran en exclusión social”.
Pero hay una 'treta' más: el artículo 91, que regula el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía, dice en su apartado 5 que “si la propuesta de reforma no es aprobada por las Cortes de Castilla y León o por las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación de aquéllas hasta que haya transcurrido al menos un año”. De esta forma, con la negativa de algunos grupos políticos que impidan la aprobación, se bloquea durante un año la reforma.
La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha criticado este lunes que ni Ciudadanos ni Partido Popular hayan consultado con el PSOE la reforma aun conociendo la propuesta de los socialistas y que los números no hacen posible la aprobación sin su apoyo.
La propuesta del PSOE se registró el pasado viernes en las Cortes. Según Gómez Urbán, los cambios que pretenden realizar los dos partidos que gobiernan Castilla y León es “una medida de postureo más” a sabiendas de que no saldrá adelante sin el PSOE.
Un consejero de Cs también quiere medidas sociales
Pero a PP y a Ciudadanos les ha salido un crítico más en el propio Gobierno, ya que el consejero de Industria y Empleo, Germán Barrios –Ciudadanos–, también se ha pronunciado respecto a la reforma y sugiere que se aproveche para incluir, como dice el PSOE, la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Red de Protección a las Familias. Barrios ha hecho esta sugerencia tras participar en la primera reunión del Consejo del Diálogo Social con el nuevo Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco. El consejero ha avanzado que la Junta hablará con los grupos parlamentarios para incluir esa idea.
Lo cierto es que el viernes pasado cuando los dos portavoces parlamentarios de PP y Cs, Raúl de la Hoz y Ana Carlota Amigo, presentaron su propuesta de reforma, insistieron en su apuesta por el procedimiento de lectura única con esa sola medida, la de los aforamientos, y abordar más adelante otras cuestiones.
En la actualidad, sólo Canarias y Cantabria han suprimido los aforamientos. En la Comunidad de Madrid el procedimiento está parado desde hace tres años debido al choque entre partidos. Podemos y PSOE no querían apoyar una reforma que no incluyese medidas sociales. En Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, hay una petición de Ciudadanos en este sentido.
