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DESALAMBRE

Sin acceso a agua ni posibilidad de aislarse: los temporeros que viven como si no hubiera pandemia

Recogen una fruta en Huelva que se vende con todas las precauciones sanitarias en supermercados de España y Europa, pero ellos viven "peor que nunca"

Un migrante camina con garrafas de agua hacia en la cabaña donde vive en Lepe, Huelva. Más de 1.400 migrantes viven en malas condiciones solo en Lepe, siendo este número de aproximadamente 3.000 en la provincia. Huelva, España, el 14 de abril de 2020. ©️ Javier Fergo

Un migrante camina con garrafas de agua hacia en la cabaña donde vive en Lepe, Huelva. Más de 1.400 migrantes viven en malas condiciones solo en Lepe, siendo este número de aproximadamente 3.000 en la provincia. Huelva, España, el 14 de abril de 2020. ©️ Javier Fergo Javier Fergó

La declaración del estado de alarma pilló a Sidiki entre fincas de frutos rojos. Llegó a uno de los 38 asentamientos chabolistas de Huelva cuando aún era menor de edad. El campamento donde vive se asemeja a un barrio, dividido por calles perpendiculares unidas por una gran avenida principal con chamizos a un lado y al otro. Sus viviendas, fabricadas a base de palés, cartones y plásticos, impiden conservar la exigida distancia social. La falta de acceso a agua tampoco permite lavarse las manos con jabón después de recoger durante horas fruta y verdura que acabará sobre las mesas de miles de hogares españoles y europeos.

"Estamos como antes. No hay cambios", escribe por mensaje Sikini, una de las miles de personas migrantes que subsisten durante la pandemia en los campamentos de jornaleros de Huelva ante las precarias condiciones en las que trabajan miles de migrantes sin papeles en la zona de forma crónica. Otros alertan de que la situación actual es "peor que nunca", debido a las restricciones de movimiento ligadas a la COVID-19. Decenas de empresas se nutren con mano de obra de personas en situación irregular en Huelva y Almería, sin que sus compañías respondan a las condiciones en las que se ven empujados a vivir debido a los precarios salarios percibidos. 

La caseta de Sidiki se encuentra al fondo del campamento, en una zona verde con abundantes árboles. "No hemos visto al doctor por aquí. Una mujer que a menudo nos trae cosas, me dio una mascarilla", destaca este joven ghanés al preguntarle por las medidas sanitarias durante la pandemia.

Sin acceso a los medios de comunicación, los voluntarios de distintas ONG ofrecen información para prevenir el contagio del virus, pero resulta complicado ponerlo en práctica. Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no sirven en los asentamientos chabolistas: no tienen acceso al agua corriente para lavarse las manos, ni a productos de limpieza para desinfectar ni cuentan con recogida de residuos.

"El confinamiento es imposible, no reúnen las condiciones; y el protocolo si se dan los síntomas es complejo. Si hubiera un caso positivo sería muy complicado aislar a la persona contagiada", explica a eldiario.es Ignacio Romero, responsable del Proyecto de Intervención de Asentamientos de Cruz Roja.

Para proveerse de agua, deben recorrer largas distancias. En algunos asentamientos disponen de carritos de la compra para transportar las garrafas desde las fuentes. Los medios de protección a los que han accedido durante el estado de alarma han llegado, principalmente, a través de varias organizaciones sociales.

La Cruz Roja ha suministrado en los últimos dos meses bidones de agua a 3.000 personas en Huelva y a 4.500 en Almería, donde existen 120 asentamientos, aunque algunos más pequeños que los onubenses, con grupos de 10 y 15 personas. Una treintena de voluntarios de Médicos del Mundo ofreció información contrastada sobre el virus y atención humanitaria, además de repartir comida, jabones, lejía, mascarillas a más de un millar de personas en los asentamientos de Almería. Según la Secretaría de Estado de Migraciones, el Gobierno financia parte del reparto de estos productos de higiene a través del programa de atención humanitaria. 

Solo en uno de estos campamentos conviven hasta 800 hombres, mujeres y niños de diferentes nacionalidades en un ambiente de inseguridad, insalubridad y sin recursos económicos. Desde allí acceden a trabajos esporádicos durante las campañas agrícolas, se dedican a la venta ambulante en mercadillos o en los paseos marítimos durante el verano.

Los temporeros no han cambiado su rutina en los dos meses de estado de alarma, pero ahora arriesgan su salud sin contar con las precauciones establecidas por Sanidad. "Hay muchas más personas trabajando que antes", afirma Sidiki.

"Estamos cansados aquí. Si no tienes papeles no encuentras trabajo. No somos ladrones, sólo buscamos una oportunidad laboral", decía Sikini dos días antes de la declaración del estado de alarma. Entonces, tenía la esperanza, "si necesitan más personas -los empresarios- para recoger las frutas, igual nos llaman".

Las chabolas, fabricadas con palés de madera en la base, cartón en el interior y lonas de plástico, resulta inútil para protegerse de los días lluviosos. Otro enemigo es el fuego. Las llamas del último incendio, el 14 de abril en el asentamiento de Baldifresa (Palos de la Frontera), "destruyeron 67 chabolas y desalojaron a 200 personas que perdieron su documentación, ropa y enseres", denunció en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Enfrente de Sidiki, vive Malick (nombre ficticio), un joven maliense que prefiere revelar su verdadera identidad. Llegó desde Barcelona para la campaña agrícola hace dos años y medio. En marzo, durante la visita de eldiario.es, construía con madera una morada más consistente. "Si no tienes papeles, aunque tengas dinero, tampoco puedes acceder a una vivienda", asegura el joven. Trabaja en el campo con los documentos en regla de un 'hermano'. "Me los pasa para ir unos días. Ahora es muy difícil que te llamen si no están en regla porque la policía controla las empresas", lamenta.

Se traslada al campo como lo hacía antes de la propagación del coronavirus: a pie o en bicicleta. Malick asegura que les pagan "38 euros por día; y nos lo dan cada semana, pero cuando termina la temporada nos quedamos sin nada".

El maliense se dedicaba al comercio en su país, cuando decidió invertir 1.500 euros para emprender la ruta a Italia, a través de Libia. "en Malí tenemos muchas dificultades", sostiene el hombre. Vino con el compromiso de enviar dinero a su familia, por lo que pide regularizar su situación. "Necesitamos papeles. Si tenemos documentación, vamos a encontrar trabajo", pedía justo dos días antes de que se decretase el estado de alarma.

Más tarde, las ONG y colectivos de defensa de los derechos humanos lanzaron la campaña #RegularizaciónYa para exigir al gobierno español que regularice a los migrantes. "Elevar su estatus jurídico será el primer paso para su protección. Las medidas previstas hasta ahora, como las derivadas del Decreto agrícola son absolutamente insuficientes y no van a resolver la recogida de las cosechas", mantiene la APDHA.

Condiciones "peores que en un campo de refugiados"

Desde la APDH Huelva consideran que la actuación en los asentamientos no debe limitarse a la ayuda que puedan dar algunas organizaciones sociales.  "Se hace necesaria una resolución gubernamental que, de una vez, solucione favorablemente su situación dotándoles de permisos de trabajo sean temporales o por campaña, que permita regularizar su estado para poder ser contratados y reubicados en las viviendas que las fincas agrícolas poseen".

La COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto la situación de los asentamientos en Andalucía, pero no es un fenómeno nuevo. El defensor del pueblo andaluz en un informe en 2001 llamaba a los poderes públicos y a la sociedad de acogida "a garantizar un alojamiento digno a todos los trabajadores temporeros, cualquiera que sea su nacionalidad". Entonces ya se reconocían importantes y graves carencias en materia de alojamiento para los trabajadores no acordes con los términos de dignidad y adecuación que exige el artículo 47 de la Constitución.

"Las condiciones que yo vi allí eran peores que las de un campo de refugiados", aseguró Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, tras visitar seis comunidades autónomas durante dos semanas en el mes de febrero. En sus declaraciones, mencionó que lo que más le había llamado la atención es la situación de los trabajadores migrantes en Huelva, subrayando su falta de acceso al agua, a la electricidad y a los saneamientos.

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