Una activista mexicana se hizo experta en técnicas forenses para encontrar a su hija desaparecida

A pesar de que lleva cinco años sin verla, sin escuchar su voz y sin poder abrazarla, Graciela Pérez Rodríguez se refiere a su hija Milynali en presente. Lo hace intencionadamente: Milynali no está perdida, no se fue por sí sola, no está muerta. Milynali, insiste su madre, “no está, solo desapareció”.

El 14 de agosto de 2012, cuando solo tenía 13 años, se perdió su rastro. El suyo y el de otros cuatro familiares de Pérez, sus tres sobrinos y su hermano. Desaparecieron en algún lugar entre Tamaulipas, –al noreste de México–, y San Luis Potosí cuando regresaban de un viaje a Estados Unidos. Sospechan que fueron víctimas de miembros del cártel de Los Zetas.

Desde aquel día, la mujer no ha parado de buscarlos. A sus seres queridos y a los de cientos de familias a las que apoya su asociación, que lleva el nombre de su hija. Por esta labor, la defensora ha recibido este viernes el premio Tulip que entrega todos los años el Gobierno de Holanda a quienes promueven los derechos humanos con proyectos innovadores.

“Ganarlo fue muy doloroso, porque una no tendría que estar recibiendo estos premios si no ocurriera lo que ocurre aquí, en México”, explica Pérez en una conversación con eldiario.es. “Es muy triste, pero he podido digerirlo y me he dado cuenta del compromiso que esto significa, de las posibilidades de visibilizarnos que podemos tener las familias que estamos en esta lucha a raíz del dolor en un país devastado”, prosigue.

Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, a finales de 2016 había 30.499 personas desaparecidas o no localizadas en México. Graciela Pérez centra su búsqueda en el sur de Tamaulipas, una de las zonas más azotadas por la violencia del crimen organizado en el país. Allí, las autoridades, comenta la activista, están sobrepasadas: hay 7.000 expedientes de personas desaparecidas y solo nueve agentes de la fiscalía.

Experta en buscar restos e identificar ADN

En agosto de 2012, después de que el teléfono dejara de sonar con las voces de sus seres queridos al otro lado, después de poner una denuncia sin apenas efecto y sufrir, incluso, un intento de extorsión, Pérez se lanzó a buscar de sus familiares. “Pasan las noches y te das cuenta de que no van a regresar y ahí es cuando leímos historias oscuras”, relata. “En Tamaulipas no hay periodismo real, nadie habla de estos horrores. Me encuentro con redes sociales anónimas que cuentan lo que está pasando. Cuando te enteras, te produce pánico”, sostiene.

En ese momento, dice, tuvieron que “empezar a entender”. Entender qué competencias tenía cada autoridad, cómo son los dispositivos de búsqueda y cómo diferenciar unos restos óseos de ramas y piedras. Aprender a tejer una “red de esperanza” que hoy componen 2.000 familias. “Jamás imaginamos lo que íbamos a encontrar. En septiembre de 2012 acudimos cuando nos llamaron por si eran mis familiares y encontramos unas fosas clandestinas con más de 12 cuerpos de jóvenes”.

Desde entonces, Pérez es una experta del expediente judicial de sus familiares desaparecidos, ha hallado 48 lugares con fosas “clandestinas” en Tamaulipas y, desde 2015, participa en el proyecto Ciencia Forense Ciudadana, impulsado por dos investigadores mexicanos. Junto a familiares de otros estados, elabora un registro ciudadano de las víctimas y un banco con muestras biológicas de allegados para facilitar la identificación genética.

Pérez habla con la precisión de quien es conocedora de técnicas forenses, a las que se adentró, dice, por la fuerza. “Dejamos nuestra sangre en un hisopo. Si muero, mis sobrinos o cualquier persona puede seguir la búsqueda y quizás encontrarlos”, explica. También se formó en un laboratorio de Guatemala al que envían las muestras para que se las certifiquen. “Nos permitieron saber cómo se extrae el ADN, cómo se reduce a nada un resto óseo, cómo se hacen las sustancias químicas... Es bastante útil para para poder entender a las autoridades”, apunta.

Así, la defensora repite una y otra vez la importancia de las labores de búsqueda en el campo, a donde acude con sus compañeros. “Antes íbamos al sitio un día y tardábamos un año en volver porque no lo revisas al completo. Hay que ir muchas veces, porque son terrenos de 200 hectáreas que tienes que rastrear pasito a pasito para encontrar la coordenada exacta. Este es nuestro protocolo ciudadano que hemos logrado a base de suplicar y hacer entender”, comenta.

Una vez localizados, los peritos y antropólogos acuden y proceden al levantamiento de los restos para que sean usados como prueba en los juicios. “La coordinación que funciona bastante bien. Es una satisfacción lamentable: no es satisfactorio verlo, pero sí haberlo logrado”, esgrime. Sin embargo, dice, hay “mucho” por mejorar. “En un informe detecté que no había autopsia de los cuerpos, solo extrajeron el ADN. Se perdía si tenía un tatuaje, unas placas, una corona en los dientes que pueden dar a la familia una pista”, asegura.

“Vivo bajo riesgo por mi labor”

En estos años, Pérez se ha convertido en blanco de amenazas por su labor. También las había recibido Miriam Rodríguez, que fue asesinada el pasado mayo frente a su casa en Tamaulipas después de años luchando por encontrar los restos de su hija desaparecida. “A raíz de lo de Miriam, que fue muy lamentable, nos quedó claro que no visibilizamos el riesgo en que estamos”.

En cuanto a las medidas de protección prometidas en ese momento, la mujer responde que solo le acompañan a las búsquedas y le han dado un número telefónico para que llame en caso de peligro. “Los héroes anónimos de las redes sociales han sido mi forma de protegerme para poder acceder a algún lugar”, apunta.

Pérez denuncia que ha sido víctima de vigilancia cibernética y que los datos de su domicilio han llegado a ser expuestos “por error”. Sabe que su vida puede correr peligro. “Fueron a tomar fotos a mi casa. Yo vivo bajo riesgo, tengo el temor de que los delincuentes [acusados por el caso de sus familiares] salgan o manden a alguien. Gracias a que siempre estoy en búsquedas, soy inconstante y solo mi familia sabe adónde voy. Miro hacia todos lados para estar segura de que no pasa nada, le hablo a mis vecinos por si han visto algo anormal”, ejemplifica.

Pesa el dolor y el miedo, pero la defensora, adelanta, no parará hasta dar con sus desaparecidos. Lo grita en cada marcha a la que acude y delante de cada micrófono, ahora que, gracias al premio, el mundo mira un poco más al México de los 43 los desaparecidos de Ayotzinapa. Pérez seguirá luchando, a pesar de la falta de recursos, contra la “indiferencia”. “Las familias están, existimos, y lo que hemos conseguido es con nuestro esfuerzo: todos endeudados, todos rotos, pero lo estamos haciendo”.

¿Qué sienten esas familias? Su voz se entrecorta. “Es una sensación de duelo suspendido porque no puedes llorar en un lugar, lloras en todos lados. No quieres imaginarte encontrarlos donde estás buscando restos”. ¿Y qué ocurre cuándo los encuentran? “Lo vivo por mis compañeras: teniendo la certeza de que de esa fosa va a salir su hijo, aún en ese momento, creen que está vivo. Es difícil de explicar. Los buscas vivos, todo el tiempo. Pero, siendo sincera, no desearía que mi hija estuviera viva después de ver tanto horror. Es duro decirlo. Te alegras de que alguien los encuentre por fin. Es una mezcla de sentimientos escalofriantes”, sentencia.