La salvadoreña víctima de violación que tuvo un aborto espontáneo se enfrenta a décadas de condena por homicidio
Evelyn Beatríz Hernández, víctima de violación que sufrió un aborto espontáneo cuando era adolescente, se enfrenta una condena de décadas por homicidio agravado. Los fiscales de El Salvador pretenden demostrar que se provocó intencionalmente un aborto.
Este jueves la salvadoreña de 21 años nacida en un hogar muy humilde en Cojutepeque, será juzgada por segunda vez en un caso que deja en evidencia la agresiva persecución judicial a las mujeres salvadoreñas.
Es el primer juicio de estas características desde que asumió el poder el presidente Nayib Bukele, seis meses después de que a raíz del caso de Imelda Cortez —una mujer acusada de intento de asesinato tras dar a luz al bebé de su violador— el actual mandatario determinase que ninguna mujer debería ser enviada a prisión por sufrir una emergencia obstétrica.
Hernández afirma que fue violada en 2015 durante su primer año en la universidad. El 6 de abril de 2016, entonces con 18 años, entró en la letrina exterior de la casa de su familia porque tenía diarrea y dolor abdominal intenso. Dio a luz a un bebé muerto y quedó inconsciente por la gran pérdida de sangre.
Fue la madre de la joven quien la encontró, desmayada y cubierta de sangre, y la llevó al hospital público más cercano sin darse cuenta de que su hija había tenido una emergencia obstétrica. En la sala de emergencias el personal médico llamó a la Policía y tres días más tarde la trasladaron a una cárcel de mujeres a la espera de juicio, acusada de asesinar deliberadamente a su hijo no nacido.
Hernández siempre ha insistido en que no sabía que estaba embarazada y que incluso tuvo la regla después de ser violada. El médico forense determinó que el bebé murió por neumonía por aspiración, el término que se emplea cuando se inhalan sustancias que en lugar de ir al estómago se asientan en los pulmones. El doctor descubrió meconio —materia fecal del feto— en los pulmones y el estómago del bebé.
Pese a los resultados de la autopsia, en julio del 2017 Hernández fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
Sin embargo, fue puesta en libertad en febrero tras 33 meses en una cárcel. El juez de apelación anuló la condena argumentando que las pruebas presentadas en el juicio no probaban que Hernández hubiera tenido la intención —directa o indirecta— de hacerle daño al feto.
Y ahora, los fiscales pondrán en marcha un segundo juicio contra Hernández presentando los mismo cargos.
“¿Por qué? Porque en El Salvador las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda clase y las mujeres pobres y vulnerables como Evelyn son ciudadanas de tercera clase. Por eso les cae todo el peso del sistema judicial, sin importar las pruebas”, afirmó Paula Avila-Guillen, directora de América Latina en el Centro por la Igualdad de las Mujeres, con base en Nueva York.
El Salvador es un país de seis millones de habitantes y profundamente conservador. Los líderes de la Iglesia tienen mucha influencia sobre la opinión pública y las políticas de gobierno. Desde 1998 el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia. Aquel año, legisladores de todo el espectro político votaron a favor de quitar a las mujeres todos sus derechos reproductivos sin siquiera un debate público ni una consulta médica sobre las consecuencias que tendría esta ley.
Desde entonces, decenas de mujeres han sido condenadas por homicidio o asesinato tras sufrir una emergencia obstétrica, como un aborto espontáneo o el parto de un feto muerto. Y al igual que Hernández, la gran mayoría son mujeres solteras y pobres, procedentes de zonas rurales, que han sido condenadas con pruebas poco convincentes. En muchos casos, son supervivientes de violencia sexual y no sabían que estaban embarazadas.
En El Salvador, la violencia machista es endémica. Según datos recogidos por Ormusa, un observatorio de delitos de género, cada 15 horas una mujer muere asesinada. En 2018, el 60% de la violencia sexual registrada fue contra niñas de entre 12 y 17 años.
Sin atisbo de cambio
La opinión pública sobre el aborto ha cambiado durante los últimos años. Sin embargo, a pesar de la creciente apertura a permitir el aborto en circunstancias como violaciones, incesto o si la vida de la mujer está en peligro, las esperanzas de cambiar la ley se esfumaron en 2018 cuando se rechazó un proyecto de ley que reducía las restricciones.
“Fue la mejor oportunidad de lograr una reforma”, consideró el antiguo parlamentario Johnny Wright, líder de la iniciativa. “Teníamos los votos, el apoyo internacional, personas del Gobierno que apoyaban abiertamente la reforma… pero cuando se corrió la voz, aparecieron grupos de presión que hicieron que el Gobierno se preocupara por su posible reelección”, afirmó.
El nuevo juicio a Hernández será una prueba para Bukele, que alega estar comprometido en la lucha contra los errores cada vez más frecuentes del sistema judicial.
Wright, líder de un nuevo partido político llamado Nuestro Tiempo y uno de los pocos líderes del país a favor de la despenalización del aborto, cree que el presidente —que está en contra de la libertad de elección de las mujeres— podría utilizar su popularidad para inclinar el debate público a favor de la despenalización.
“¿Por qué nuestro sistema judicial y político sigue persiguiendo a estas mujeres? Quizá el castigo cruel que sufren muchas de ellas refleja la naturaleza violenta de nuestra sociedad. Es una cuestión de injusticia y desigualdad, y el presidente debería demostrar su liderazgo y pronunciarse públicamente sobre este tema”, apunta.
Sin embargo, las posibilidades de lograr una reforma legal son pocas, ya que el partido conservador Arena, en contra de modificar la ley, y sus aliados tienen mayoría en el arco parlamentario.
Los activistas a favor de la despenalización del aborto tienen la esperanza de que Bukele cree un comité para revisar la legalidad de todas las condenas a las mujeres acusadas de abortar, como recomendó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 2017.
En la última década, 41 mujeres han sido liberadas como resultado de campañas de grupos internacionales por los derechos humanos y contra la violencia machista. En 2018 fueron seis: Teodora del Carmen Vásquez, Mayra Figueroa, Elsy Rivera, Katherine Mazariego, Maria Lopez y Imelda Cortez.
Actualmente, al menos 16 mujeres cumplen penas de hasta 35 años de cárcel y al menos cinco más, incluyendo a Hernández, están siendo juzgadas, según las organizaciones de derechos humanos. Durante la declaración en la que Hernández se declaró inocente por segunda vez, afirmó: “Confío en que Dios hará que todo salga bien. Sé que me esperan cosas buenas. Soy inocente”.
Traducido por Lucía Balducci
